El Diario y un peligroso antecedente en la Justicia que puede afectar "el derecho a protesta"

Una decisión punitiva contra Larrea afectaría directamente el derecho a la protesta contemplado en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión y de resguardo de los derechos laborales (artículos 14, 14 bis y 32).

En el caso de esa protesta de los trabajadores del matutino –como todas las que han hecho– no se registró un solo acto de violencia. ¿Las pintadas no son, acaso, una forma de expresarse? ¿Se atreverá una jueza a quitarle los fueros a un trabajador por una pintada en una pared? Si lo hiciera estaría generando un pésimo antecedente; y lo haría, precisamente, una jueza que también tiene antecedentes.

La empresa Sociedad Anónima Entre Ríos, editora de El Diario, tiene como cara visible es Ramiro Nieto, que representa a la mayoría accionaria; y la otra parte pertenece a la familia Etchevehere. Dos de sus integrantes ostentan hoy cargos de relevancia: Luis Miguel es el presidente de la Sociedad Rural Argentina; y Juan Diego es presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos y titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la provincia.

La tragedia del centenario matutino comenzó cuando el entonces gobernador Sergio Urribarri se apropió en 2010 de la mayoría accionaria de la empresa a través de un mutualista amigo, Walter Grenón, quien le cedió luego las acciones a Nieto.

Durante todos esos años se produjo un vaciamiento en la empresa. No es una especulación, sino una investigación impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por evasión de impuestos en el marco préstamos que una mutual hizo a una tercera firma asociada a los Etchevehere para la concreción de operaciones inmobiliarias que tuvieron como su objeto el vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos. Esa denuncia había sido impulsada por Dolores Etchevehere, hermana de los aludidos Luis Miguel y de Juan Diego.

Los integrantes del grupo familiar también están siendo investigados por la explotación laboral de peones y su reducción a la servidumbre en la estancia La Hoyita, propiedad de su familia, en el departamento Tala.

"Desde nuestro sindicato nos sumamos al repudio expresado por los trabajadores de ese medio de comunicación frente a la citación judicial que recibieron trabajadores de prensa, en el marco de una maniobra que busca judicializar la protesta que llevan adelante en reclamo de salarios y medio aguinaldo adeudados" indicaron.

"Agmer rechaza que la Justicia laboral, en vez de velar por los derechos de los trabajadores, se incline a judicializar las protestas que éstos llevan adelante en ejercicio del legítimo derecho a reclamar frente al incumplimiento de las patronales" cerraron.