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Los empresarios imputados desistieron de ampliar su declaración indagatoria por la causa de las cosechadoras truchas

Antes del inicio de la feria judicial –que comenzó el 10 de julio y termina el 21- se produjo una novedad en la causa conocida en la que se investiga el destino de 5,5 millones de pesos recibidos en concepto de créditos entre 2009 y 2012 por la empresa Grandes Máquinas SA. El dinero fue otorgado por el gobierno provincial para la fabricación de cosechadoras en un galpón en Concepción del Uruguay. Los empresarios imputados por el supuesto uso indebido de fondos públicos y fraude al Estado, Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll, desistieron de ampliar su declaración indagatoria ante el juez de Transición Nº 2 de Paraná, Pablo Zoff. La decisión de los empresarios fue informada al magistrado por el abogado de los empresarios, Conrado Meier.Fuentes judiciales confirmaron a Entre Ríos Ahora que los Senor, Scravaglieri y Boll no concurrirán a ampliar su declaración, aunque se desconocen los motivos que llevaron a dar ese paso judicial que, en definitiva, acelera el tiempo para que el juez Zoff resuelva si procesa o no a los imputados. El medio se comunicó con el estudio de Meier, ubicado en calle Mejico 623, en Paraná, pero no pudo dar con la palabra del letrado.

En la causa también están imputados por el supuesto delito de defraudación a la administración pública el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y el ex ministro de Producción, Roberto Schunk. Valiero es defendido por los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, mientras que Schunk cuenta con la defensa de Emilio Fouces.


Otros de los funcionarios acusados son Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna). López contrató al abogado Ignacio Díaz, mientras que Rodríguez nombró a Guillermo Vartorelli.


A fines de mayo, el juez Zoff le tomó declaración testimonial al contador José Sebastián Pérez, uno de los profesionales que realizó informes de contabilidad y seguimiento de la empresa Grandes Maquinas SA, previo al desembolso de los créditos que debían ser destinados a la fabricación de cosechadoras. Pérez se desempeñaba como director de Auditoria Interna, dependiente de la Coordinación General de Gestión del Ministerio de Producción. Es decir, era un funcionario que dependía del entonces ministro Schunk.

Según señalaron fuentes judiciales, aún resta que declare en calidad de testigo la ingeniera agrónoma Elena Rosales, quien fuera directora general de Agricultura del Ministerio de Producción. La profesional también realizó informes de control previos a que se giren los créditos a la empresa encargada de hacer las cosechadoras.

Como se contó a mediados de junio, Rosales se encuentra viviendo en Salto, provincia de Buenos Aires, y por esa situación el juez Zoff libró un exhorto con un pliego de preguntas para que la ex funcionaria responda ante un juzgado de primera instancia penal de esa ciudad. La ex funcionaria aún no declaró.

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