Los fiscales no quieren que Allende tenga juicio abreviado

Los fiscales que intervienen en la causa por delitos de corrupción del actual diputado provincial oficialista José Angel Allende (Nogoyá) decidieron en el mediodía de este lunes no avanzar en ningún juicio abreviado y exigir que se vaya directamente a una instancia oral y pública.

De acuerdo a lo publicado por Análisis la insignificante propuesta que nunca plasmó en papeles el abogado defensor Marcos Rodríguez Allende y la fuerte reacción de la opinión pública y de varios referentes del ámbito del Derecho y la oposición, llevó a los fiscales a tomar tal determinación.

El cuestionado legislador y gremialista millonario está citado a indagatoria para el 23 de febrero a la mañana y no escudarse en los fueros. No obstante, presentaría un escrito solamente. Por ende, la causa volvería a dormirse por un tiempo. Diputados de Cambiemos presentarán un proyecto para modificar el Código Procesal Penal y que no haya juicio abreviado para los delitos de corrupción.

La estrategia bosquejada por el diputado provincial José Angel Allende (FpV-Nogoyá) y su asesor legal, el sobrino Marcos Rodríguez Allende, de alguna manera tuvo un duro traspié este mediodía. Sucede que los fiscales intervinientes en el caso, Laura Cattáneo, Juan Malvasio e Ignacio Arramberry, junto a la procuradora adjunta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Goyeneche, decidieron echar por tierra la idea del legislador de ir a un juicio abreviado, reconocer su culpabilidad, lograr prisión condicional, renunciar a la banca en Diputados y entregar no más del 25 por ciento de su patrimonio en cuestión (valuado en 2,5 millones de dólares, aunque se dejaron fuera varios de sus bienes) y excluir de la causa a su esposa Adriana Satler; su ex mujer Diana Traverso y sus hijos Julio, Victoria y Carolina Allende.

Los fiscales Laura Cattáneo y Juan Malvasio, acompañados por la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, mantuvieron una larga reunión con el procurador general Jorge Amílcar García, a quien le comunicaron la decisión de no seguir con la idea de llevar adelante un juicio abreviado en las condiciones propuestas. “El arreglo nunca se cerró y estaba en análisis. Ahora se decidió no hacerlo porque no es satisfactorio para la justicia. El monto ofrecido, por ejemplo, tiene que estar directamente relacionado con lo que se considere se enriqueció”, indicó a Análisis una alta fuente tribunalicia. No solamente incidió en tal instancia la exigua propuesta verbal de Allende, sino también la fuerte reacción que hubo desde la oposición y de diferentes representantes del Derecho, al igual que de la opinión pública.

A su vez, generó un debate interno y estrictamente reservado en el seno del bloque oficialista, habida cuenta de la existencia de otros legisladores con causas pendientes por delitos de corrupción, como el caso del mismo ex gobernador Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez y el ex intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón. Y si avanzaba lo de Allende, podía sentar un precedente que arrastraría a los demás.

Mientras tanto, este medio pudo saber que desde el bloque de Cambiemos de Diputados se presentará en los próximos días un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal e impedir que se abrevien los delitos contra la administración pública. Se lo haría en base al proyecto de Código Procesal Penal de la Nación, que tiene una prohibición de abreviar delitos con penas mayores a 6 años y lograr así el juicio. Si bien en junio del año pasado la diputada provincial Alejandra Viola (Cambiemos-La Paz) presentó un proyecto de similares características, éste sería más específico. El de Viola nunca pudo avanzar en Diputados; al parecer, por la férrea oposición del legislador oficialista Diego Lara (Paraná Campaña), en sus tiempos en que no apostaba tanto a la transparencia -como en esta renovada etapa de su vida política, donde pareciera que no existen archivos- ni era tan exigente con hechos irregulares o de corrupción en la justicia. Quizás ahora se pueda redimir.

Cabe recordar que Allende está citado a indagatoria el 23 de febrero y ya anticipó que concurrirá y no se escudará en los fueros legislativos. No obstante, presentaría un escrito solamente. Por ende, la causa volvería a dormirse por un tiempo, a partir de nuevas medidas que se pedirían. Ya había "dormido" desde marzo de 2012, cuando se abrió el expediente. Y el mes que viene cumplirá cinco años la causa.

El viernes último, el abogado Rodríguez Allende concurrió a Tribunales y presentó un escrito como defensor de los familiares directos de Allende, imputados también como “cómplices necesarios” en la causa por enriquecimiento ilícito y negocios incompatibles con la función pública, iniciados en marzo de 2012 tras dos notas periodísticas de la revista Análisis. Los imputados son su esposa arquitecta, Adriana Satler; su primera mujer, Diana Traverso y sus hijos Julio, Victoria y Carolina Allende.

Adriana Satler está complicada en los "negocios incompatibles" de su esposo puesto que ella era la que recibía los 30 mil pesos mensuales de la Cámara de Diputados, que Allende le aportaba a la Fundación Esperanza, que presidía la arquitecta y que fuera creada por el diputado oficialista. O sea, la mujer cobró 30 mil pesos por mes entre enero de 2008 y diciembre de 2011. El cálculo indica que retiró 1.440.000 pesos en tal período.

Desde la justicia le exigían a Allende la entrega de la fastuosa mansión de calle Castelli, en pleno Parque Urquiza -ideada y realizada por su esposa Satler-, pero Allende no habría estado dispuesto a entregar tal bien, valuado en 750 mil dólares. Así también, el departamento que tiene el legislador en Puerto Madero (de 530 mil dólares), de similares características al del ex fiscal fallecido, Alberto Nissman. Al parecer, Allende solamente quería entregar no más del 25 por ciento de su patrimonio.

Cuando se lo condenó por enriquecimiento ilícito al ex senador provincial Mario Yedro (PJ-Concordia), también por una denuncia de Análisis en julio de 1996, se le aplicó una pena condicional de tres años y se le expropió el campo del departamento Tala, valuado en 6 millones de dólares.

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