El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El empresario uruguayense Hugo Fernando Montañana, una de las 15 personas que estaban en la lista de acusados del Ministerio Público Fiscal cuando esa megacausa se abrió a debate en septiembre de 2021, y que había quedado afuera del proceso por una enfermedad que le impidió participar de las audiencias orales y públicas, firmará un acuerdo de juicio abreviado. Será este lunes, a las 9.
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Montañana había sido apartado del proceso cuando, antes de iniciarse los debates, su defensor, Emilio Fouces, requirió la suspensión de las audiencias en función de que su defendido atravesaba un cuadro de meningitis y se hallaba internado. Pero la Fiscalía se opuso y el proceso finalmente se inició el 27 de septiembre de 2021, y al año siguiente, el 7 de abril de 2022 concluyó con fuertes condenas efectivas: el exgobernador Sergio Urribarri, 8 años de cárcel; su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, 6 años y 6 meses; y el cuñado de Aguilera, Juan Pablo Aguilera, 6 años y 6 meses.
Esas condenas, sin embargo, no están firmes: hay un recurso extraordinario federal que debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero en el caso de Montañana, no prosperó la petición del defensor Fouces y lo que se resolvió fue apartarlo del proceso e iniciar un juicio aparte. Ahora, eso es lo que ocurrirá: cerrará ese compromiso con un abreviado, con pena condicional.
Entonces, 2021, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná que dirigió el megajuicio rechazó el pedido de suspensión del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri en razón del cuadro de miningitis que entonces lo mantenía internado a Montañana en el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay. Los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón aceptaron el planteo de la Fiscalía, y resolvieron apartar a Montañana, que será juzgado cuando se recupere, en juicio separado.
En esa ocasión, el abogado Emilio Fouces, defensor del empresario uruguayense Fernando Montañana, imputado en la denominada «causa de la vaca», pidió formalmente al tribunal que suspenda la realización del megajuicio en razón de que su defendido se encontraba internado en el Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, en principio con diagnóstico de meningitis.
Fouces dijo que no hay modo que avance el juicio sin su defendido siguiendo el debate. Ante ese planteo, la fiscal Patricia Yedro pidió que se rechace el planteo. «Desde la Fiscalía, más allá de lo sorpresivo del planteo, si bien el diagnóstico del señor Montañana resulta incierto, porque no se establece plazos, pedimos que se pueda establecer si puede seguir el debate de forma virtual. Pero acá hay un interés mayor, que es respetar los plazos razonables para juzgar a las personas imputadas, muchas de ellos funcionarios públicos, que están más que interesados en que su situación procesal se resuelva prontamente», señaló.
«El señor Montañana es un particular. No es el caso del resto de los funcionaros. Este juicio no admite más dilaciones. Si se determina que Montañana no puede comparecer, vamos a pedir que se lo aparte de la causa y que el juicio siga. Y Montañana será llevado a juicio por separado», completó Yedro.
Pero la causa “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” no buscó, precisamente, debatir sobre la existencia o no de la misma vaca, sino el desvío de publicidad oficial en provecho de las empresas que se atribuyen al cuñado del gobernador, Tep SRL y Next SRL, durante el período 2010 y 2015, y que involucra una suma superior a los $24 millones que salieron de las arcas del Estado.
La vaca, la misma vaca, en todo caso fue sólo un ardid para llevar adelante la maniobra delictiva, entienden los fiscales.
El fiscal Brugo ya no está en la causa -ahora es juez de juicio-, pero la vaca quedó incorporada para siempre en esta investigación penal.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
Quién es Montañana
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