El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El agua sigue siendo tierra de nadie en una provincia que lleva por nombre Entre Ríos. Tampoco se toma consciencia que el agua dulce es un recurso finito, no renovable y representa el primer alimento. Sin agua no hay vida.
Por eso, detrás de las cifras oficiales que celebran inversiones en obra pública y los discursos sobre desarrollo provincial, se esconde una realidad que el gobierno de Rogelio Frigerio prefiere no mencionar: miles de entrerrianos consumen agua contaminada con arsénico, agrotóxicos y desechos cloacales sin tratamiento. Y lo hacen en una provincia que lleva por nombre Entre Ríos. Toda una paradoja.
La evidencia científica acumulada desde 2008, los fallos judiciales recientes y las denuncias vecinales dibujan un mapa de la emergencia hídrica que las autoridades provinciales se niegan a reconocer.
Un relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires que analizó más de 350 muestras en todo el país puso el foco sobre Entre Ríos. El estudio detectó agua con concentración de arsénico en cuatro localidades: Gualeguaychú, Gualeguay, Urdinarrain —sobre la costa del río Uruguay— y Cuatro Bocas, en Victoria.
Pero, el problema es mucho más grave de lo que admiten las autoridades. En el Departamento Paraná, localidades como María Grande, Colonia Avigdor y Hasenkamp —que se abastecen de agua de pozo— registraron niveles entre 0,05 y 0,08 miligramos por litro de arsénico. Estos valores rozan o superan el límite provincial de 0,05 mg/L, que está desactualizado respecto a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: 0,01 mg/L, cinco veces menos.
“Preocupa la calidad del agua, sobre todo por arsénico y plaguicidas”, advirtió a ANÁLISIS la presidenta del Foro Ecologista de Paraná, Lucía Ibarra Bouzada. “Los niveles están al límite y, en algunos casos, excedidos de lo permitido por la provincia, que tiene una escala desactualizada”.
Distintas personas realizaron pedidos de informe a las comunas sobre la calidad del agua potable. En muchos casos no hubo respuestas. Ante el silencio oficial, vecinos comenzaron a costear análisis por cuenta propia. Los resultados encendieron las alarmas.
El veneno que no se ve
El arsénico es uno de los elementos químicos más tóxicos que existen. La exposición crónica —a lo largo de meses y años— puede causar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE): irritación del estómago e intestinos, disminución de la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel y, en los casos más graves, cáncer de piel, pulmón, hígado y sistema linfático.
“En Argentina hay muchos lugares donde el arsénico se considera un contaminante natural”, explicó Ibarra Bouzada. “Pero hace muchos años los plaguicidas tenían arsénico, por lo que una de las hipótesis es que en Entre Ríos, por tener una gran actividad agroindustrial, ese arsénico pudo haber filtrado a las napas”.
Estudios recientes en anfibios demostraron que cuando el arsénico se une al glifosato, su efecto se potencia. “Nos preocupa el efecto que pueda estar teniendo en las personas, siendo que están dadas las condiciones para que ambas sustancias estén presentes”, alertó la referente del Foro Ecologista.
El decreto obsoleto
Desde el Foro Ecologista se ha reclamado la actualización del Decreto N° 2235/02, que regula la calidad del agua de consumo humano en Entre Ríos. “Hay contaminantes que no se analizan y no sabemos qué estamos consumiendo, por ejemplo, agrotóxicos”, advirtió Ibarra Bouzada.
“Somos una provincia donde la principal actividad es la agroindustrial, donde se liberan al ambiente miles de litros de agrotóxicos. Estas sustancias no pueden quedar sin ser analizadas”, enfatizó.
Ante la preocupación, se realizó un encuentro regional de los pueblos por el agua en Avigdor. Pero las respuestas del gobierno provincial siguen sin llegar.
En un fallo que sienta jurisprudencia, la Justicia de Entre Ríos ordenó al Municipio de Crespo suspender de inmediato el riego de calles con agua contaminada. La resolución del juez de Garantías Nº 4 de Paraná, Julián Carlos Vergara, hizo lugar a un amparo ambiental presentado por once vecinos que denunciaron una práctica tan insólita como peligrosa: la ciudad regaba las calles de tierra con agua de arroyos contaminados con efluentes cloacales sin tratamiento.
El fallo, basado en el principio precautorio ambiental, no admite apelaciones. Ordenó al Municipio realizar un peritaje completo del sistema cloacal en 30 días, bajo control de la Secretaría de Ambiente provincial, publicar los resultados, implementar monitoreo sistemático de la calidad del agua y comunicar a la Legislatura entrerriana la ausencia de normativa específica sobre calidad de agua para riego urbano.
Los vecinos, con el patrocinio de la abogada Juliana Colja, denunciaron que el sistema cloacal deficiente genera descargas sin tratamiento sobre los arroyos N°1-5-1/2, S-3-0-5-2 y Hondonada de la Cruz. El municipio utilizaba esa misma agua para regar calles, exponiendo a la población a graves riesgos sanitarios.
Esta agua contaminada no solo afecta al ambiente inmediato. Los arroyos se conectan con el arroyo Espinillo y, finalmente, con el río Paraná. Las consecuencias ya se perciben: mortandad de peces y deterioro del Parque Escolar Enrique Berduc.
Durante la audiencia judicial, representantes del Municipio, la Secretaría de Ambiente provincial y organismos legales expusieron sus posturas. Reconocieron la existencia del problema, manifestaron “intención de colaboración”, pero condicionaron los avances a “limitaciones presupuestarias locales” y “necesidad de asistencia financiera externa”.
Es decir: sabían que estaban regando con agua contaminada, pero siguieron haciéndolo por falta de fondos.
Los vecinos reclaman un plan de saneamiento integral con participación ciudadana, mantenimiento de estaciones elevadoras y cese definitivo del uso de aguas contaminadas. Sobre todo, exigen garantías reales sobre la ejecución de las obras necesarias, no promesas vacías.
Pueblo General Belgrano y sus carencias
Mientras en Crespo la Justicia reaccionó ante la denuncia vecinal, en Pueblo General Belgrano la contaminación lleva una década sin resolverse. La Cooperativa de Provisión de Agua Potable tiene denuncias por contaminación desde 2015. Diez años tirando efluentes cloacales sin tratamiento al río Gualeguaychú y al río Uruguay.
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Cooperativa. La pesquisa, iniciada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Materia Ambiental (UFIMA), indaga sobre la provocación intencional del vuelco de efluentes sin tratamiento.
Desde la UIF sostienen que la investigación patrimonial centrada en los flujos económicos que genera la actividad de la Cooperativa resultará clave para establecer no sólo la magnitud del daño ambiental y su costo de reparación, sino también la eventual responsabilidad penal de sus directivos.
La causa tramita en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 1 bajo el expediente FPA 016213/2017. Ocho años de trámite judicial. Diez años de contaminación. Y los efluentes siguen cayendo a los ríos de manera irregular, contaminando un recurso que no es renovable como es el agua dulce.
Si alguien todavía tenía dudas sobre el impacto de la actividad agroindustrial en los recursos hídricos entrerrianos, una investigación del CONICET las despejó de la peor manera posible. El estudio, presentado por el investigador Rafael Lajmanovich, detectó en el sedimento del arroyo Las Conchas una concentración de 5.002 µg/kg (microgramos por kilo) de glifosato. Es el nivel más alto registrado hasta el momento en Sudamérica.
El estudio evaluó la contaminación en cuatro arroyos de la provincia: Las Conchas, Espinillo, Crespo y Las Tunas. Todos son afluentes directos del río Paraná.
Los científicos documentaron signos inequívocos de contaminación extrema: “cócteles” de agrotóxicos, agua de coloración negra, olores pútridos y niveles de oxígeno disuelto por debajo de los umbrales críticos para la vida acuática.
El dato más impactante: en ensayos con renacuajos, el 100% de los anfibios expuestos murieron en 24 horas.
Las advertencias ignoradas
Los científicos ya advirtieron sobre el grado de contaminación en los cursos de agua de Entre Ríos y Santa Fe años atrás. Existen antecedentes de estudios que datan desde 2008. Diecisiete años de evidencia científica. Diecisiete años de silencio oficial.
Lajmanovich explicó que la acumulación de sustancias se da principalmente en los sedimentos. “Existe acumulación de sustancias en los sedimentos, sobre todo glifosato, que es el marcador. Eso hallamos en el arroyo Las Conchas, donde confluyen estos arroyos. Allí el agua no está tan contaminada, se acumula en los sedimentos”.
La concentración encontrada en los barros del arroyo Las Conchas —ubicado dentro de la reserva natural Parque San Martín— no solo representa el récord sudamericano. Es la evidencia irrefutable del impacto devastador de un modelo productivo que sacrifica los recursos naturales en el altar de la rentabilidad inmediata.
La Paz y los agrotóxicos
En La Paz, la catástrofe climática destapó otra tragedia: la contaminación del agua potable con agroquímicos. El vocal de AGMER Álvaro Escobar denunció que el colapso del arroyo Curupí, brazo del río Guayquiraró, desparramó los agroquímicos de una arrocera, “contaminando el agua potable de la localidad”.
“El agua ingresó desde el sur de Corrientes a La Paz. Entró a los galpones de la arrocera donde estaban guardados los agroquímicos para fumigar el arroz, lo que hizo que los tóxicos se desparramaran e ingresaran a las viviendas, contaminando el agua potable”, relató Escobar.
En la Escuela N° 79 “Pinocho” del paraje Paso Telégrafo, la bomba de agua dejó de funcionar. Las paredes quedaron electrificadas, representando riesgo de electrocución para quienes ingresaban al establecimiento. La cocinera de la escuela perdió todas sus pertenencias.
El episodio expuso la fragilidad del sistema: basta una inundación para que los agrotóxicos almacenados sin las medidas de seguridad adecuadas terminen en el agua que consume la población.
El costo humano
Beber agua contaminada con desechos fecales, agrotóxicos o arsénico no es una cuestión menor. Los riesgos para la salud son gravísimos:
-Por bacterias y parásitos: enfermedades gastrointestinales, infecciones intestinales agudas, hepatitis, cólera. La exposición afecta con mayor fuerza a niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Las consecuencias van desde diarreas persistentes hasta desnutrición, deshidratación severa y, en casos extremos, la muerte.
-Por arsénico: Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), irritación gástrica e intestinal, alteraciones en la producción de glóbulos, lesiones en la piel y, tras exposición prolongada, cáncer de pulmón, laringe, piel, hígado y sistema linfático.
-Por agrotóxicos: alteraciones neurológicas, endócrinas y reproductivas. Estudios recientes demuestran que la combinación de arsénico y glifosato potencia los efectos tóxicos de ambas sustancias.
No son riesgos hipotéticos. Son consecuencias documentadas por la ciencia. Y están ocurriendo ahora mismo en Entre Ríos.
El Presupuesto Nacional 2026 destina apenas 2.000 millones de pesos para construcción de agua potable en Concordia, 3.000 millones para ampliación del sistema de desagües cloacales en Villaguay y 303 millones para Diamante. Tres ciudades. Mientras tanto, decenas de localidades pequeñas quedan fuera de cualquier plan de inversión.
Mientras que el Presupuesto Provincial 2026 prevé inversión superior a 429.500 millones de pesos para infraestructura: “desarrollo escolar, sanitario, vial, de energía y viviendas”. Pero no especifica montos concretos para resolución de la crisis hídrica en localidades del interior.
En la presentación del presupuesto, el coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, informó que “el 60% de los recursos serán destinados a obras viales”. Agua potable y saneamiento cloacal no figuran como prioridad.
Mientras el gobierno provincial celebra el auxilio de 220.000 millones de pesos que giró la Nación —un préstamo que deberá reintegrarse con intereses— y se prepara para emitir deuda por 500 millones de dólares, miles de entrerrianos siguen bebiendo agua envenenada.
Crespo, Pueblo General Belgrano, La Paz, María Grande, Hasenkamp, Colonia Avigdor, Gualeguaychú, Gualeguay, Urdinarrain, Cuatro Bocas. Cada localidad tiene su historia particular. Pero todas comparten el mismo patrón: falta de infraestructura adecuada, contaminación sistemática de los recursos naturales, limitaciones presupuestarias que paralizan las soluciones y un Estado ausente que reacciona solo cuando la Justicia lo obliga.
Los estudios científicos acumulan evidencias desde 2008. Las denuncias judiciales se multiplican. Los vecinos reclaman, se organizan, presentan amparos. La Justicia ordena medidas urgentes. Pero las soluciones definitivas no llegan.
Desde el Foro Ecologista reclaman la actualización del Decreto N°2235/02, que regula la calidad del agua de consumo humano en Entre Ríos. Piden que se analicen los agrotóxicos que hoy no se controlan. Solicitan que se adecúen los límites de arsénico a las recomendaciones de la OMS. Exigen que se invierta en plantas de tratamiento.
El fallo judicial en Crespo marca un hito. Reconoce la importancia de la participación ciudadana en la defensa del ambiente. Ordena comunicar a la Legislatura la ausencia de normativa específica sobre calidad de agua para riego urbano.
Podría sentar un precedente clave para el abordaje integral de la crisis hídrica. Pero para eso hace falta voluntad política. Y hasta ahora, esa voluntad brilla por su ausencia.
La pregunta incómoda
Entre Ríos se jacta de estar entre dos ríos. El Paraná y el Uruguay dibujan su geografía, definen su identidad. Pero esa abundancia de agua es una ilusión peligrosa.
Porque tener ríos caudalosos no garantiza agua potable. No cuando los arroyos que alimentan esos ríos arrastran efluentes cloacales sin tratar, agrotóxicos acumulados durante décadas y arsénico filtrado de las napas contaminadas.
No cuando las cooperativas tiran desechos durante diez años sin consecuencias. No cuando los municipios riegan las calles con agua servida por “limitaciones presupuestarias”. No cuando el gobierno provincial destina el 60% del presupuesto de infraestructura a rutas y relega el agua potable a un segundo plano.
La pregunta incómoda que nadie en el gobierno de Frigerio quiere responder es simple: ¿cuántos entrerrianos más deberán enfermarse? ¿Cuántos arroyos más deberán convertirse en cloacas a cielo abierto? ¿Cuántos fallos judiciales más serán necesarios para que el agua potable se convierta en una prioridad política?
Por ahora, la respuesta es el silencio. El mismo silencio que reciben los vecinos cuando piden informes sobre la calidad del agua. El mismo silencio que acompaña diecisiete años de estudios científicos ignorados. El mismo silencio que permite que el arroyo Las Conchas ostente el récord sudamericano de contaminación por glifosato.
Un silencio que, literalmente, envenena.
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