El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En el marco de la investigación por una demanda por incumplimiento de sentencia en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el juez Hernán Viri resolvió citar a la presidenta del directorio de la empresa Cristamine SA, Amalia Maluéndez y a quien fuera el jefe comunal de Ibicuy, Gustavo Rodolfo Roldán.
Se trata de determinar si se cumplió una resolución judicial emanada en mayo de 2022 que ordenó regularizar el funcionamiento de las plantas de extracción de arenas silíceas en el sur entrerriano. Fue a pedido de la querella que lleva adelante el abogado Ricardo Luciano. El litigante apuntó que el municipio realizó una habilitación de forma indebida. Además, que la firma citada inició operaciones sin cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y esto continuó el en tiempo. Maluéndez declaró el pasado 26 de diciembre y Roldán fue citado para el próximo 9 de febrero. En el escrito de esta requisitoria, a la que accedió ERA Verde, el letrado señala que el ex jefe comunal era al mismo tiempo funcionario y empleado con uso de licencia de la minera a la cual le aprobó el trámite para realizar las operaciones de extracción.
En el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, durante el 2025 comenzaron las indagatorias a funcionarios municipales y provinciales vinculadas a causas por la extracción irregular de arenas silíceas en el sur de Entre Ríos. El expediente en trámite se remonta a una demanda contra el ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y el Gobierno provincial, quien detenta autoridad para la aplicación de las normativas que, se denunció, fueron infringidas.
La demanda apunta que la cantera “La República”, de Cristamine SA, trabajaba sin el certificado de aptitud ambiental. Sin contar con este permiso, “comenzó con la explotación del suelo para la extracción del recurso mineral en 2017 y continuó” hasta febrero del 2025, según consta en el sumario administrativo incorporado al expediente, apuntó a ERA Verde el abogado ambientalistas Ricardo Luciano.
Estos antecedentes fueron los que fundaron en su momento un pedido de amparo ambiental con los cuales se llegó a una sentencia el 6 mayo de 2022, donde el juez Federal resuelve “hacer saber al gobernador de la Provincia de Entre Ríos que deberá prohibir a las empresas que no cuenten con al menos el otorgamiento del ‘certificado de informe técnico favorable’ emitido por la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción de la Provincia realizar actividades de extracción de arena silícea en las Zonas I, II, III, IV y V de los Ríos Paraná y Uruguay”, dice el escrito. Antes de esta resolución, hubo una audiencia en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, donde estuvieron presentes el juez Viri, su secretario Pedro Oscar Bancoff; la fiscal Federal María Josefina Minatta; su secretario Nicolás Riolfo; el ex ministro y actual diputado nacional Juan José Bahillo, el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, el amparista Carlos Humberto Cadoppi Frigerio y su abogado Ricardo José Luciano.
AL BANQUILLO
Es así que, ante la queja planteo que no se acató el fallo, se inició una demanda por incumplimiento de sentencia que comenzó a investigarse en el propio juzgado Federal de Gualeguaychú. Para esto se efectuaron llamados a indagatoria.
De acuerdo a lo planteado por la demanda, la Justicia mandó prohibir a todas las empresas que no cuenten, mínimamente, con un “certificado de informe técnico favorable” emitido al Gobierno provincial. Pero las operaciones no fueron cerradas y la firma minera apuntada continuó trabajando con una habilitación municipal de la intendencia de Ibicuy. Esta autorización, que se acusa de dudosa legitimidad, igualmente se venció en 2024. Por esta serie de faltas, se solicitó una investigación para dirimir responsabilidades por incumplimiento de sentencias.
La solicitud para esta petición llega a Viri en octubre del 2024 derivada por la justicia provincial que se declaró incompetente cuando recayó allí originalmente. En este marco, el magistrado Federal comenzó con las indagatorias a funcionarios. El 4 de noviembre pasado al actual intendente de la ciudad de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, el 11 de noviembre de 2025 la titular de Ambiente, Rosa Hojamn, el 2 de diciembre el secretario de Minería, Ricardo Iturriza, el 16 de diciembre de 2025, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, el 26 de diciembre a Amalia Maluéndez –titular de Cristamine SA– y el 30 de diciembre de 2025 el responsable legal de Ambiente, Osvaldo Fernández. Para este año, el 9 de febrero de 2026, se estableció citar a prestar declaración indagatoria al ex presidente municipal de Ibicuy, Gustavo Rodolfo Roldán, atento “el estado de autos y establecido el estado de sospecha”, se argumentó en la petición.
Luciano aclaró a ERA Verde que su demanda en representación de Cadoppi Frigerio apunta a que se determine responsabilidades por incumplimiento de las dos sentencias judiciales de la empresa Cristamine, entre otras “por no realizar la audiencia pública obligatoria”, así como a los funcionarios por la falta de “los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y omisión de control”.
En el pedido fundado por Luciano, planteó que, por un lado, el municipio habilitó a la minera a trabajar y, por otro, la misma inició operaciones sin cumplir con los requisitos debidamente “siendo que ambos” estaban notificados por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. En la requisitoria, el letrado señala que Roldán lo hizo cuando era funcionario, pero que detentaba al mismo tiempo la condición de empleado con uso de licencia de la firma que terminó por autorizar y a la cual regresó al finalizar su mandato.
De la Redacción de ERA Verde
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