El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Frontera es una de las zonas más conocidas de Pinamar, donde no hay carpas ni alambrados. Solo dunas, playas extensas y mar, factores que lo convierten en un atractivo para fanáticos de los cuatriciclos, UTVs y 4x4, que todos los veranos circulan sin control, sin límites de velocidad, sin reglas. Y chocan o vuelcan con consecuencias que a veces son trágicas.
El 12 de enero de este año, Bastián, de 8 años, quedó inconsciente con múltiples fracturas en el cráneo después de que el UTV en el que iba junto a su padre, una mujer y dos niñas menores de edad impactara con una camioneta entre las dunas.
La Frontera parece un problema sin solución. La Municipalidad dice que se ve condicionada porque las tierras son privadas. De manera preventiva, sí controla los accesos. Después del accidente de Bastián, que sigue internado en Mar del Plata, esos controles se endurecieron.
Fuentes de la Comuna adelantaron que la idea de las autoridades es “a los dueños de las tierras exigirles que cierren mejor el terreno”. Y explicaron su punto de vista: “Hay una delimitación del terreno privado que está hecha con palitos, los cuales algunas personas sacan y rompen. Tenemos que delimitar el área de mejor manera, poner más cámaras, seguir con los operativos en los ingresos e incrementar los controles”, indicaron.
Según pudo reconstruir el diario La Nación, efectivamente los dueños de las tierras son privados. Lo que es debatible, para algunos especialistas, es si el Estado y los propietarios no pueden o deben hacer nada.Los dueños de La Frontera
La mayor cantidad de la tierra que está al norte de Pinamar la concentra Montecarlo Real Estate SRL, de Victorio Américo Gualtieri, un empresario que hizo gran parte de su fortuna en los ’90 con obras públicas en la provincia de Buenos Aires y con préstamos del BAPRO cuando el gobernador era Eduardo Duhalde.
Gualtieri también tiene inversiones en medios de comunicación. Entre ellas, en la empresa de televisión por cable de Concordia, de la que es propietario hace décadas.
En los 90 figuraba entre los principales contratistas de obra pública del país, ubicado en el cuarto lugar del ranking nacional, solo por detrás de Techint, Benito Roggio y SADE. Estuvo dos veces detenido y fue procesado por retención indebida y fraude a la administración pública. Otro gobernador, Felipe Solá, lo inhibió del registro de proveedores de la provincia.
En paralelo a su participación en el negocio inmobiliario, Gualtieri mantiene presencia en Sabavisa Constructora S.A. -es el CEO de la compañía-, una firma vinculada a proyectos de infraestructura de gran escala, entre ellos la planta depuradora de líquidos cloacales de Pinamar, destinada a resolver los derrames históricos de efluentes en la ciudad.
Otro de los grandes actores de La Frontera es Dunas S.A., propietaria de extensiones de tierra ubicadas hacia el sector lindero a la Ruta 11 -también a partir de los 90′-. La firma pertenece a Daniel Mautone, un empresario histórico del negocio del juego, con presencia en bingos y casinos en distintas provincias y concesionario del Casino de Pinamar desde hace una década.
Mautone, oriundo de Entre Ríos, construyó su expansión empresarial a través de sociedades dedicadas al juego y al entretenimiento, entre ellas Casino de Victoria S.A., firma que opera el casino homónimo en nuestra provincia y que también explota bingos en territorio como los de Santa Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó. En varios de esos emprendimientos comparte sociedades con Daniel Angelici, con quien mantiene vínculos comerciales desde hace años en el sector.
También Mautone, como Gualtieri, tiene nexos con los medios de comunicación. Años atrás, se le atribuyó haber adquirido el diario El Heraldo, de Concordia.
La tercera propietaria es Pinamar S.A., fundadora del balneario y uno de los grupos tradicionales del desarrollo inmobiliario local. Según fuentes consultadas por LA NACION, la empresa posee importantes extensiones dentro de La Frontera, aunque en su mayoría se trata de áreas forestadas, con menor nivel de uso.
El alcance del poder del Estado
En el marco del debate reavivado por los accidentes ocurridos en La Frontera y el refuerzo de controles dispuesto en las últimas semanas, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aportó una mirada jurídica sobre el alcance del poder estatal en ámbitos de dominio privado, una discusión central en un territorio donde conviven ambas modalidades.
En diálogo con LA NACION, explicó que la condición de propiedad privada no excluye de manera automática la intervención del Estado. “Existe el poder de policía estatal. Aun en ámbitos privados, el Estado puede intervenir en aras de preservar la vida y la integridad”, sostuvo. Según precisó, si bien en el ámbito estrictamente privado el margen de acción es más acotado, la situación cambia cuando se desarrollan actividades que involucran a terceros o que exceden el uso regular del suelo.
En ese sentido, advirtió que el argumento de que no se puede actuar por tratarse de terrenos privados es, en rigor, una verdad a medias. “Te dicen que no se puede intervenir porque es una cuestión de un privado, pero no es verdad que el Estado no pueda intervenir si hay actividades que no están relacionadas con los propietarios”, explicó.
Gil Domínguez puso también el foco en el rol del dueño del terreno. Señaló que la responsabilidad puede variar según la conducta adoptada por el titular del predio: “Depende cuál sea el rol que cumple el dueño. Si organizás algo o, por el contrario, omitís actuar y permitís por omisión, ahí podés tener un tipo de responsabilidad”. En ese marco, subrayó que el propietario debería denunciar las actividades irregulares, ya que la inacción también puede generar consecuencias legales.
Consultado por último sobre escenarios más extremos, recordó que el ordenamiento jurídico contempla incluso la expropiación, aunque bajo condiciones muy precisas. “Todo se puede expropiar, siempre y cuando exista una razón de utilidad pública y se pague una justa indemnización”, afirmó, y aclaró que se trata de un mecanismo excepcional.
Así, el caso de La Frontera deja de ser exclusivamente una discusión dominial o urbanística y se inscribe en un debate más amplio sobre responsabilidades, controles y límites del Estado en territorios privados de uso público de hecho. Entre tierras sin desarrollo posible sin un plan director, propietarios con títulos imperfectos o predios sin delimitación efectiva, y un espacio que cada verano vuelve a ser escenario de accidentes, el conflicto expone una tensión permanente: cómo compatibilizar el derecho de propiedad con la obligación estatal de preservar la seguridad y la vida en un territorio que funciona sin reglas claras.
Fuente: La Nación - El Entre Ríos
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