El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Rio Uruguay (CARU) rechazó el planteo de su contraparte argentina, por el que se proponía que el organismo binacional firmara un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad argentina para destinar unos 15 millones de dólares a obras de pavimentación de rutas argentinas, lo que la representación uruguaya consideró que escapa a los fines del organismo y distrae recursos que tienen otros destinos fijados.
"Asimismo, no fue bien recibida y generó rechazo la pretensión de la representación de la vecina orilla en el sentido de reclamar el pago de retribuciones de representación a cinco delegados, cuando en realidad la Argentina designó solo cuatro en el organismo binacional, y encima con estatus de ad honorem", de acuerdo a los datos obtenidos por El Telégrafo de Paysandú.
"En el caso de las rutas, fue presentada una nota firmada por el presidente de la delegación argentina Raúl Montero y acompañada de un business case elaborado por la Lic. Tamara Ivón Cerneaux, mediante la cual se propuso la firma de un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad Argentina para la repavimentación de rutas provinciales argentinas, con una inversión 15 millones de dólares, concretamente para la ruta nacional 136 de Entre Ríos, para enlace con el Puente Libertador General San Martín",dice el artículo del medio sanducero.
Y luego ampliaron: "El proyecto pretendía financiarse con fondos de reserva de la CARU, fondos de contingencia de los puentes e incluso recursos destinados al dragado del río Uruguay, además de evaluar un eventual aumento de peajes. La iniciativa fue rechazada por la delegación uruguaya por no encuadrar dentro de las competencias del organismo y comprometer recursos pertenecientes a ambos Estados parte.
Según trascendidos, esta diferencia así como otros desencuentros deterioraron seriamente la relación bilateral dentro de la comisión y una de sus manifestaciones habría sido la ausencia de la delegación argentina en el acto conmemorativo por los 50 años del Puente Internacional General Artigas, ausencia que fue públicamente atribuida a criterios de 'austeridad'”.
"La iniciativa sobre la financiación de trabajos en las rutas de la vecina orilla equivaldría a que desde Uruguay se pretendiera que CARU financiara obras como la Avenida de las Américas, por entender que se trata de un acceso de enlace con ruta 3, lo que, por retorsión, podría extenderse también a otras conexiones si se pretende financiar accesos a los tendidos binacionales bajo jurisdicción de CARU. En el análisis de justificación del planteo, la delegación argentina sostenía que se haría una readecuación gradual de la tarifa de peaje, junto con la utilización del Fondo de Inversiones del organismo, lo que a su juicio constituye un esquema sostenible que permite ejecutar la obra sin comprometer la liquidez ni los recursos corrientes. Asimismo, el proyecto se repagaría con los excedentes generados por la propia operación del puente, asegurando la autonomía y equilibrio financiero de la Comisión, en este caso preservando y mejorando 'también las vías de acceso y rutas de aproximación que resultan indispensables para garantizar la operatividad, funcionalidad y seguridad del sistema de comunicación internacional'”, detallaron.
Pagos a cinco, cuando son cuatro ad honorem
Por otro lado, otro punto que no fue aprobado por la delegación uruguaya, fue el relativo a los gastos de representación de los delegados argentinos, que deberían ser cinco, pero uno no fue designado para contención del gasto dentro de la Cancillería argentina. No obstante, se reclama por la delegación que CARU se haga efectivo el pago de representación de cinco delegados.
De acuerdo al artículo 7 del Estatuto de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la Comisión está compuesta por cinco delegados de cada parte, pero en el marco de la contención del gasto establecida por el gobierno argentino, la delegación argentina estimó necesario que, sin perjuicio de la cantidad de delegados que se encuentren designados por su gobierno, se depositen en su cuenta los gastos de representación de los cinco delegados que la componen, a fin de afrontar gastos de funcionamiento.
De acuerdo con el Estatuto de la CARU, la delegación argentina debería estar integrada por cinco miembros, pero actualmente se encuentran designados sólo cuatro: Raúl Luis Montero, Francisco Mansanta, Agustina Piñeiro y María Laura Ojeda, los que fueron designados por decreto presidencial bajo la modalidad “ad honorem”, en virtud de que continúan percibiendo sus remuneraciones de los organismos de origen a los que pertenecían con anterioridad. En consecuencia, no correspondería que perciban gastos de representación por parte de la CARU, según el criterio jurídico que maneja la delegación uruguaya.
Pese a ello, mediante nota, el presidente Montero elevó un proyecto de resolución solicitando que los gastos de representación correspondientes a los cinco delegados argentinos fueran depositados en la cuenta del Banco de la Nación Argentina, sucursal Montevideo, argumentando que dichos fondos serían utilizados para afrontar gastos de mantenimiento de la delegación argentina.
Esta operatoria implicaría un desvío mensual aproximado de 50.000 dólares sobre un funcionario que no existe, porque no ha sido designado por Argentina.
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