Rosana Carmaran es docente e integra el Colectivo EcoSocial de Concordia, fue una de las personas que pudieron hablar en las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares. Adelantó que la sesión en Diputados se realizará en las próximas semanas.
Carmaran relató que se inscribió apenas se abrió la convocatoria, aunque debió hacerlo a título personal debido a los requisitos exigidos, como la personería jurídica que les pedían a los Colectivos . “Desde ese momento ya me pareció que la cuestión era un poco tramposa”, señaló a la agencia APF.
Días después recibió la confirmación para participar de manera presencial en el Congreso. Sin embargo, al llegar al lugar se encontró con un operativo de seguridad “desmedido”, con vallados en varias cuadras a la redonda y presencia de fuerzas federales. Además, describió un clima de desorganización: “Había gente convocada que no podía ingresar porque no figuraba en las listas”.
Según detalló, durante la jornada se difundió un listado de oradores que generó aún más confusión. En su caso, incluso, aparecía registrada como representante de otra provincia. “Tuve que rectificar que era de Entre Ríos. Me pidieron disculpas, pero las irregularidades eran constantes”, afirmó.
De las más de 100.000 personas inscriptas a nivel nacional, solo unas 80 pudieron exponer de manera presencial. Carmaran fue una de ellas y contó que dispuso de apenas cuatro minutos para su intervención. En contraste, denunció que otros expositores contaron con tiempos mucho más extensos.
También cuestionó el trato dentro del recinto. “A quienes defendíamos los bienes comunes nos ignoraban, se reían o miraban el celular. En cambio, a quienes apoyaban la reforma los aplaudían”, relató. En ese sentido, consideró que la audiencia no fue equitativa ni respetuosa.
Además, mencionó casos de personas que, pese a haber sido acreditadas e ingresar al recinto, nunca tuvieron la posibilidad de hablar. “Fue todo muy desigual, como una puesta en escena para decir que fue público, pero no mucho más que eso”, remarcó.
Tras la experiencia, distintos espacios ambientalistas comenzaron a organizarse para definir los pasos a seguir. Entre las acciones en evaluación, se encuentra la posibilidad de judicializar el proceso por considerar que no cumplió con los requisitos legales de participación.
En paralelo, buscan sostener la visibilización del conflicto a través de medios de comunicación y acciones en todo el país. “La decisión es hablar con todos los medios que se pueda para que esto se conozca”, explicó.
De cara al tratamiento legislativo de la reforma, que podría darse en las próximas semanas, la entrevistada se mostró escéptica respecto a un cambio de postura en el Congreso. No obstante, puso el foco en la movilización social: “Creo en la organización y en la resistencia de los pueblos. Si esto se masifica, se puede hacer fuerza”.
Finalmente, remarcó la importancia de defender la normativa vigente y los recursos naturales: “Cuando hablamos de glaciares, hablamos del agua y de la vida. Es un tema que nos involucra a todos, incluso a quienes estamos lejos de la cordillera”.
Fuente: APF.
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