El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Organizaciones socio ambientales y más de 850 mil personas que adhirieron a título personal presentaron una denuncia de inconstitucionalidad por la reforma a la Ley de Glaciares. La demanda colectiva solicita además una medida cautelar para proteger el agua del país y exige que se suspenda en todo el territorio nacional la aplicación e implementación de la norma por debilitar la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Plantean que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, debe seguir vigente la Ley 26.639.
En respuesta a la reforma de la Ley de Glaciares el pasado 9 de abril, un abanico de ONG, junto a ciudadanos particulares, se impulsa un amparo colectivo presentado ante el juzgado federal de la provincia de La Pampa planteando la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares aprobada con el Congreso.
El bloque actor de la acción legal está compuesto por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace. Sumaron también a Marta Maffei, autora de la Ley original de glaciares y asambleas y organizaciones territoriales de todo el país. Entre ellas están Asamblea Jachal no se Toca, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea Pucará, Asamblea en Defensa del Territorio, Asamblea Santa Cruz por el Agua, Multisectorial Golfo San Matías, Asamblea el Paraná No se Toca, Asociación Alihuén. También están organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.
ESCENARIO
La acción judicial surge luego de un proceso legislativo profundamente viciado, en el cual se le negó la participación a más de 100.000 personas inscriptas en una audiencia pública convocada por comisiones de la Cámara de Diputados, “incumpliendo así con la participación amplia, integral e inclusiva que exige el Acuerdo de Escazú”, recordaron las entidades promotoras de la acción. “Ni siquiera el 0,2% de las personas anotadas pudo participar oralmente, lo que convierte la audiencia en una simulación de participación. Las reglas de la audiencia fueron cambiadas una vez abierta la inscripción: se intentó validar la instancia agregando videos y ponencias escritas, pero con criterios arbitrarios que no cumplen con el requisito de transparencia”, señalaron.
Entre los argumentos se entienden que “la reforma representa un retroceso ambiental que viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales de la Constitución Nacional”.
En este orden, la suspensión solicitada involucra toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la ley incluyendo a la aprobación de proyectos mineros cuyas áreas de exploración y explotación se superpongan con glaciares de acuerdo al Inventario Nacional de Glaciares y a los dictámenes técnicos elaborados por el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianigla).
“La reforma reemplaza un criterio científico común por decisiones provinciales discrecionales sobre qué proteger y qué no. Esta reforma no es una actualización técnica, sino un intento de fragmentar la protección de recursos que pertenecen a todos los argentinos. Los glaciares y el ambiente periglacial alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas”, sostuvieron en la comunicación con la prensa.
También se recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ratificó por unanimidad en 2019 que la Ley de Glaciares es constitucional y que el dominio provincial sobre los recursos no permite perforar el piso de protección federal.
“Esta demanda abre una nueva etapa en la lucha por nuestras fuentes y reservas estratégicas de agua”, valoraron.
Fuente: ERA Verde
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