El gobierno rechazó la “reparación” monetaria de un exfuncionario y reclamó la actualización del valor

El caso y la postura del Ejecutivo

El contador Luis Alfonso Erbes, exsecretario de Presupuesto y Finanzas durante la gestión de Sergio Urribarri, propuso pagar $7.036.181,61 como “reparación del perjuicio económico” tras admitir en un juicio abreviado que cobró dádivas para direccionar licitaciones a favor de Relevamientos Catastrales S.A. El gobernador Rogelio Frigerio consideró la propuesta “simbólica e insignificante” e instruyó a la Fiscalía de Estado a reclamar el daño patrimonial a valores reales.

El decreto 2450/2026, fechado el 7 de agosto, se apoya en el Dictamen N° 74/2026 de la Secretaría Legal y Técnica. Erbes fue condenado el 13 de abril en el Legajo N° 8620, la causa que involucra a Urribarri, al empresario Diego Cardona Herreros, al exministro Guillermo Smaldone y otros cinco imputados por cohecho, fraude a la administración pública, peculado y negociaciones incompatibles.

En su presentación, el exfuncionario reconoció el “cobro indebido” de $95.970 en la Licitación 01/2008, $252.000 en la 48/2011 y $720.000 en la 84/2014, y actualizó esas sumas con la Tasa Activa del Banco Nación al 21 de abril de 2026. El dictamen desmontó el cálculo: aplicar esa tasa a pagos tan antiguos “genera una gravísima distorsión, llevando a sumas irrisorias en relación con el valor real del dinero al momento de cometerse el injusto”. Si el capital histórico se actualiza por IPC/IPIM, lo que Erbes ofreció -que el organismo totalizó en $7.843.663,14- equivale a $229.645.074,66. Casi treinta veces más.

El decreto repasa los cuatro hechos por los que fue condenado. En la Licitación 01/2008, Erbes ayudó a redactar pliegos “a medida” de la empresa, adjudicataria por $10.564.205 con un sobreprecio de $3.022.000; él y José Flores cobraron $191.940 en 14 cuotas. En la 48/2011, un soporte informático por USD 80.900 mensuales durante 36 meses, el precio incluía $67.000 por mes para repartir entre funcionarios, $7.000 de ellos para Erbes. En la 02/2015, una consultoría por $652.800 mensuales con sobreprecio de $102.000, volvió a recibir $7.000 por mes. Y en la 84/2013 del Ministerio de Trabajo, un software por $19.800.000 con sobreprecio de $155.000 mensuales, cobró $20.000 por mes durante tres años.

Perjuicio al Estado

El eje del rechazo es el principio de reparación plena del Código Civil y Comercial. El daño al Estado -sostiene el dictamen- “no está constituido únicamente por las sumas que el exfuncionario cobró”, sino por la pérdida de chance de contratar más barato en libre concurrencia, los sobreprecios, los costos judiciales y el perjuicio a la imagen institucional. “El perjuicio al Estado no es 'cuánto' se benefició el autor del delito, sino 'cuánto' y 'qué' perdió el Estado”, resume. Devolver lo cobrado “apenas si tiende a equilibrar” la situación patrimonial del condenado, pero no repara a la Provincia.

La Secretaría Legal y Técnica, que lidera Esteban Vitor, calificó el caso como “un ejemplo claro de corrupción política y administrativa articulado a través del sistema de contrataciones del Estado entrerriano” y, con cita de la Corte Suprema y de las convenciones internacionales contra la corrupción, declaró el acuerdo “notoriamente improcedente”.

Nunca el Ejecutivo había rechazado formalmente una propuesta de reparación por insuficiente ni fijado el estándar con el que reclamará: capital actualizado por índices de precios más pérdida de chance, sobreprecios y daño institucional. Para el resto de los condenados en el Legajo 8620, empezando por Urribarri, el mensaje es que el Estado entrerriano ya no cierra la cuenta a precio de 2008.