El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Un informe de la central sindical señala que el 78,5% de los beneficiarios de las obras sociales nacionales genera aportes insuficientes para cubrir el Programa Médico Obligatorio. Tras tres reuniones con el ministro de Salud, Mario Lugones, los gremios reclaman medidas para afrontar el aumento de los costos y los problemas en las prestaciones.
La crisis financiera de las obras sociales sindicales se profundiza y comienza a repercutir sobre la atención médica de millones de trabajadores y sus familias. La Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió que más de 11 millones de beneficiarios no generan aportes suficientes para financiar las prestaciones obligatorias, mientras aumentan las dificultades para pagar a los prestadores y garantizar la continuidad de los servicios.
El diagnóstico surge de un informe elaborado por la central obrera, que describe un deterioro de los ingresos del sistema de salud sindical frente al incremento de los costos médicos, los medicamentos y las prestaciones de alta complejidad.
Según informó Infobae, representantes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA). Sin embargo, los dirigentes sindicales aseguran que todavía no recibieron respuestas concretas a sus propuestas.
El último encuentro se realizó a fines de septiembre y, desde entonces, las organizaciones gremiales sostienen que las dificultades financieras se agravaron.
El 78,5% de los afiliados no aporta lo suficiente para cubrir el PMO
Uno de los datos centrales del informe de la CGT indica que el 78,5% de los beneficiarios de las obras sociales nacionales, equivalente a más de 11 millones de personas, no genera recursos suficientes para financiar las prestaciones previstas en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
El sistema se sostiene principalmente con aportes de trabajadores y contribuciones patronales, que representan en conjunto el 9% del salario.
Sin embargo, la central sindical calcula que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ronda el 30%, mientras que los costos de los servicios médicos aumentaron por encima de la inflación general.
Esta diferencia entre ingresos y gastos afecta la capacidad de las obras sociales para afrontar sus obligaciones.
En el documento, la CGT describió una situación económica y financiera grave que, para numerosas entidades, resulta “casi terminal” debido a las dificultades para garantizar prestaciones asistenciales básicas.
Los sindicatos utilizan recursos propios para sostener la atención médica
La falta de financiamiento también repercute sobre las organizaciones sindicales que administran las obras sociales.
Según el informe, numerosos gremios deben transferir recursos de sus propias estructuras para evitar la interrupción de pagos a clínicas, sanatorios, profesionales y proveedores de medicamentos.
El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo advirtió sobre esta situación y la comparó con la crisis que atravesaron los sindicatos durante la década de 1990.
Barrionuevo señaló que el financiamiento de las obras sociales con fondos gremiales puede terminar afectando otras actividades que desarrollan los sindicatos, como establecimientos educativos, servicios recreativos y programas destinados a sus afiliados.
La CGT sostiene que los problemas financieros también repercuten en los tiempos de espera para acceder a prácticas médicas y en la continuidad de determinadas prestaciones.
De acuerdo con el relevamiento sindical, la capacidad de compra de medicamentos de las obras sociales se redujo, en promedio, un 40%.
Discapacidad: las prestaciones absorben casi el 90% de un fondo solidario
Otro de los principales reclamos de la central obrera está relacionado con la distribución de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).
Este mecanismo se financia con aportes y contribuciones y permite efectuar reintegros a las obras sociales por determinadas prestaciones.
Según los datos difundidos por la CGT, cerca del 90% de los recursos del fondo se destina actualmente a prestaciones por discapacidad, que representan un gasto aproximado de $160.000 millones mensuales.
La central sindical estima que estas prestaciones demandan un costo promedio cercano al millón de pesos por afiliado alcanzado.
El aumento de esta participación reduce los fondos disponibles para reintegrar gastos de tratamientos de alta complejidad y medicamentos de elevado costo.
Ante este escenario, la CGT propuso que los gastos correspondientes a transporte y educación de personas con discapacidad sean financiados por las áreas gubernamentales competentes, en lugar de recaer exclusivamente sobre los recursos del sistema de salud.
Se trata de una propuesta de redistribución del financiamiento que los sindicatos ya habían presentado durante la gestión nacional anterior, sin obtener los cambios solicitados.
Monotributistas y jubilados: otros dos puntos del reclamo
El informe también identifica dificultades de financiamiento relacionadas con los aportes de monotributistas y jubilados que permanecen afiliados a obras sociales sindicales.
En el caso de los monotributistas, la CGT sostiene que los aportes mensuales destinados a la cobertura médica son aproximadamente un 78% inferiores al costo estimado del Programa Médico Obligatorio.
Para los jubilados, la central obrera cuestiona la diferencia entre los recursos transferidos a las obras sociales y los aportes vinculados con esos beneficiarios.
Según el documento, más del 80% de los jubilados y pensionados que derivan sus aportes se encuentra en la franja de mayores de 65 años.
Para ese grupo, la transferencia fija por persona está establecida en $53.277,38, mientras que la recaudación individual estimada alcanza los $159.000, de acuerdo con las cifras presentadas por la CGT.
La organización considera que este mecanismo perjudica financieramente a las entidades que mantienen la cobertura de jubilados.
Reclamos por los costos de atención en hospitales públicos
La CGT también incluyó entre sus preocupaciones los mecanismos de facturación de los hospitales públicos por prestaciones brindadas a personas con cobertura de obras sociales.
La central sindical cuestionó que, en determinados distritos, los valores facturados por hospitales públicos puedan superar los de prestadores privados.
Además, planteó dificultades para auditar prácticas programadas e internaciones de urgencia cuando las notificaciones se realizan fuera de los plazos adecuados.
Según el informe, estas situaciones pueden derivar en conflictos administrativos y judiciales por el cobro de las prestaciones.
Tres reuniones con el Gobierno sin acuerdo
El exsuperintendente de Servicios de Salud Luis Scervino, actualmente vinculado con la obra social de Obras Sanitarias y asesor de la CGT, señaló que el sistema enfrenta una combinación de caída de ingresos y aumento sostenido de los gastos médicos.
“Estamos en una encerrona”, afirmó, al explicar que el financiamiento basado en salarios pierde capacidad para sostener prestaciones cuyos costos continúan creciendo.
Scervino también advirtió que las dificultades para afrontar determinados tratamientos terminan generando reclamos judiciales.
Mientras tanto, la CGT mantiene sus pedidos ante el Ministerio de Salud para modificar los mecanismos de financiamiento y distribución de recursos.
Según los dirigentes sindicales citados por Infobae, las tres reuniones realizadas con Mario Lugones todavía no derivaron en un acuerdo sobre las medidas reclamadas por las obras sociales.
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