El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Municipio promete no tocar el fondo del Código, mientras los desarrolladores piden reactivar loteos. ¿Qué intereses están en juego y a quién va a escuchar el municipio? En esta nota se intenta abordar cada uno de los aspectos de este tema que afectará, para bien o para mal, a toda la comunidad uruguayense, al crecimiento de la ciudad y al cuidado del ambiente y de la salud comunitaria.
REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES
Ilustraciones: Archivo de EL MIÉRCOLES
La Comisión Asesora del Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental (COTA) se reunió por primera vez desde su creación. Desde el Ejecutivo aseguraron que la revisión busca corregir y no cambiar las directrices. La Cámara de Desarrolladores Urbanos, que motivó la convocatoria, pide revisar loteos, cesiones de tierra e indicadores. Aunque la mayor parte de la comunidad uruguayense no está demasiado atenta a esta revisión, será quien deba atenerse a las consecuencias (para bien o para mal).
Y entonces surgen las preguntas: ¿A quién va a escuchar el Municipio cuando lleguen las propuestas para revisar ? ¿A la Cámara de Desarrolladores Urbanos, que pidió reactivar loteos, o a las directrices del código, que el propio Ejecutivo se comprometió a respetar? ¿Qué intereses están en juego? ¿Y cuáles van a prevalecer?
El Ejecutivo municipal asumió ese compromiso durante el proceso de revisión que comenzó el jueves 5 de noviembre, con la primera reunión de la Comisión Asesora prevista por la norma. De acuerdo a la información a la que pudo acceder EL MIÉRCOLES, el asesor municipal Rubén Delsart y el coordinador de Planificación, René Bonato, reiteraron en numerosas ocasiones durante el encuentro que se trata de correcciones y no de modificaciones estructurales: el objetivo, dijeron, es evaluar el funcionamiento del código y corregir lo que presente dificultades.
CÓMO SERÁ LA REVISIÓN
En la reunión también se acordó cómo se trabajará. Cada institución tendrá dos semanas para identificar problemas concretos y presentar propuestas, que luego analizará el conjunto de la Comisión antes de elaborar un dictamen.
Lo primero que hay que destacar es que la revisión del COTA no surgió de un diagnóstico municipal. El 19 de agosto de este año la Cámara de Desarrolladores Urbanos de Concepción del Uruguay presentó una nota ante el Municipio (Expte. N° 1.183.615), firmada por once representantes del sector.
Según el texto del decreto, en esa nota la entidad expresó “la preocupación que atraviesa el sector por la crisis actual, que en parte también se ve afectada por la implementación del COTA”.
QUÉ PIDIERON LOS DESARROLLADORES
Entre los temas que pidieron revisar figuran los plazos administrativos, los criterios de aplicación, las cesiones de tierra, los indicadores que regulan lo que se paga por construir en altura y "la reactivación y aprobación de loteos".
La presentación no precisa qué artículos no funcionan, qué proyectos se vieron afectados ni qué cambios concretos se proponen. El 26 de octubre, el intendente José Eduardo Lauritto firmó el Decreto N° 29.455. Su artículo 1° dispone “Hágase lugar” a la presentación de los Desarrolladores.
QUÉ PROMETIÓ EL EJECUTIVO
Frente a ese pedido, el compromiso asumido el jueves tiene un contenido preciso. Las directrices del COTA, que están fijadas en su artículo 9, son las reglas de fondo que orientan cómo crece la ciudad.
La principal de esas reglas, frente al pedido de loteos, es la gestión del crecimiento urbano. El COTA propone una ciudad compacta, que ocupe primero los terrenos vacíos dentro de la planta urbana, con límites claros al área urbanizable y sin avanzar sobre suelos de valor productivo o ecológico.
El pedido de nuevos loteos choca directamente con esa idea de ciudad compacta, fijada en la segunda directriz, salvo que se ubicaran dentro de la planta urbana, algo poco probable viniendo del sector que los impulsa. El código asigna además al periurbano una función propia, de articulación entre lo urbano y lo rural.
Las otras directrices establecen que los humedales y bosques nativos no se usen para loteos ni urbanizaciones, que se mejore la relación entre el río y la ciudad con más accesos públicos a la costa, que se promuevan nuevas centralidades para acercar servicios a los barrios y que se recualifique el centro tradicional cuidando su patrimonio.
UN ANTECEDENTE RECIENTE
En realidad, esta no es la primera vez que desde la gestión se intenta avanzar en flexibilizar las reglas de ordenamiento.
El 26 de noviembre de 2025, Lauritto firmó el Decreto N° 29.147, que reabría por tres meses la posibilidad de tramitar proyectos bajo el viejo Código de Ordenamiento Urbano (COU), una opción que había caducado en septiembre de 2024.
El decreto se justificaba en un “número apreciable” de trámites pendientes que nunca se informó. Organizaciones ambientales, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, instituciones académicas y vecinos pidieron el listado de expedientes, incluso mediante un pedido formal de acceso a la información pública.
Finalmente, el bloque oficialista decidió no tratarlo en el Concejo Deliberante porque “no se encuentra consolidado el consenso social necesario”, y el decreto venció. El Municipio nunca entregó la información solicitada.
Ver más info al respecto en los siguientes dos enlaces:
La Comisión de Obras Públicas tratará...
Prórroga del COTA: ambientalistas rechazan la postergación...
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LA CRISIS Y EL COTA
La Cámara de Desarrolladores atribuye “en parte” la crisis del sector al COTA. Sin embargo, la caída de la construcción es un fenómeno nacional, que se registra en ciudades con y sin códigos territoriales.
La construcción fue uno de los sectores más golpeados por la política económica de Milei. Hay dos indicadores contundentes: la caída de la actividad constructora y la pérdida de puestos de trabajo.
Sin considerar la obra pública, hablando solo de la construcción privada, lo cierto es que sufrió una fuerte contracción desde la asunción de Milei. Tomando como punto de partida noviembre de 2023 (último mes completo previo al gobierno de Milei) y comparándolo con octubre de 2026, la construcción privada registra una caída acumulada del 22,5%. El cálculo surge del Índice Construya, que mide el volumen de materiales vendidos al sector privado: pasó de 321,8 puntos en noviembre de 2023 a 249,3 en octubre de 2026. Es decir, pese a una recuperación parcial registrada durante 2025, el sector todavía no recuperó el nivel de actividad que tenía al inicio del actual gobierno.
La Cámara de Desarrolladores atribuye “en parte” la crisis del sector al COTA. Sin embargo, la caída de la construcción es un fenómeno nacional, que se registra en ciudades con y sin códigos territoriales.
Atribuirle esa caida (aunque sea “en parte”) al COTA es, como mínimo, indemostrable. Pero aún así, el COTA fue pensado para orientar el crecimiento de la ciudad durante las próximas décadas. Modificarlo en función de un mal momento del sector (claramente derivado de otras causas) supone el riesgo de legislar para la coyuntura.
¿QUIÉN SE SIENTA A REVISAR?
La Comisión Asesora tiene veintiún integrantes: representantes del Ejecutivo, del Concejo Deliberante, de las universidades con sede en la ciudad, de colegios profesionales, de organizaciones de la sociedad civil y vecinos. Por el Concejo Deliberante la integran los ediles Karina Percara, Pablo Presas y Miguel Toledo.
Las organizaciones pidieron además que se convoque a especialistas en ordenamiento territorial “con trayectoria acreditada”, como prevé el artículo 217, y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que no integra la Comisión.
El código no prevé votaciones. Cuando no haya acuerdo, se dejará constancia “de las personas o instituciones que sostienen cada postura” (artículo 215).
EL PAPEL DE SEGOVIA
Como ya informó EL MIÉRCOLES, las bancas que (se supone) representarán a los vecinos también trajeron sorpresas. En el sorteo del 4 de noviembre salió José Alberto Segovia, a quien muchos uruguayenses conocen como el impulsor del fideicomiso “Rincón deUrquiza”, el barrio náutico proyectado sobre los humedales cercanos al Banco Pelay.
Cuando el Municipio le negó el permiso de uso de suelo, en 2020, Segovia le inició un juicio. En la demanda pide, “a todo evento”, que se declare la inconstitucionalidad del viejo código urbano, porque (argumentó) el Municipio “se arroga facultades legiferantes exclusivas de la provincia de Entre Ríos”. La Provincia, citada en la causa, le contestó: “Ratifico y comparto la posición de la demandada Municipalidad”.
En esa misma causa, el año pasado, el apoderado del Municipio firmó junto con Segovia un escrito que le pedía a la Justicia que ordenara a la Secretaría de Ambiente de la Provincia iniciar la evaluación ambiental del proyecto, aun sin el permiso municipal de uso de suelo que exige el Decreto provincial N° 4977/09.
Luego, el Municipio rectificó esa presentación y aclaró que “no adhiere y no consiente” ese pedido. En julio de 2025, además, el Municipio rescindió por incumplimiento el contrato de la empresa de Segovia para construir el Centro de Desarrollo Infantil del barrio La Concepción, una obra que quedó frenada después de que la justicia de Tierra del Fuego dictara la inhibición general de bienes y un embargo preventivo contra él y su empresa, en una causa por estafa. (Ver más datos haciendo click en este texto: ...un proyecto que nació sucio desde el comienzo).
LA OTRA BANCA “DE LA COMUNIDAD”
La otra banca quedó para Rubén Molina, dirigente local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Su gremio también sabe de loteos, y de los que se demoran. En 2015, el Concejo autorizó a venderle una fracción en La Tablada (Ordenanza N° 9579) para viviendas de sus afiliados, y las obras arrancaron. Lo que no arrancó fue el papeleo.
Según consta en la documentación municipal, las casas se levantaron sin transferencia de dominio ni boleto de compraventa, y el loteo, que de entrada no cumplía el Código de Ordenamiento Urbano, tuvo que habilitarse por excepción. En agosto de 2025, los vecinos del barrio UOCRA denunciaban que las viviendas “no cuentan con escrituras definitivas ni títulos de propiedad inscriptos”.
Pero no se trata de las personas, sino del lugar que ocupan. La Comisión puede dictaminar sobre la “modificación de usos de suelo” (artículo 213) y el COTA no prevé ningún mecanismo de excusación para quienes tienen intereses directos en esos temas. Al menos queda una garantía: si no hay acuerdo, se dejará constancia de quién sostiene cada postura. Cada opinión quedará con nombre y apellido.
¿FALTAN LOTES?
La pregunta de fondo es si en Concepción del Uruguay faltan lotes para quienes necesitan dónde vivir o si la demanda responde a la lógica de quienes los comercializan.
El pedido que hacen los desarrolladores de “reactivación y aprobación de loteos” no especifica dónde. Abrir lotes o “barrios”en el periurbano o en el suelo rural supone evaluar la aptitud de los suelos, los sistemas productivos y el impacto de la fragmentación parcelaria sobre la actividad agropecuaria.
El COTA define al periurbano como la transición entre la ciudad y el campo, y destina el suelo rural a la producción agropecuaria y forestal. Y, en definitiva, ese tipo de expansión atenta contra las directrices que el Ejecutivo se comprometió a respetar.
El problema de los loteos alejados no es nuevo. En 2019, la Ordenanza N° 10.495, impulsada por el propio José Lauritto en su mandato anterior, hablaba de loteos “carentes de los servicios básicos” y de “la carencia de planificación del crecimiento y expansión” de la ciudad. En marzo de 2026, el Municipio anunció el enripiado de 282 cuadras en 12 loteos, con una inversión de más de 200 millones de pesos por mes. El comunicado oficial reconocía la complejidad de extender los servicios básicos hacia la periferia.
El lote se vende una vez. La calle, el agua, la recolección y el colectivo se pagan para siempre. Y los paga toda la ciudad.
NO ESTÁ TODO PERDIDO
El compromiso del jueves deja una vara clara para medir lo que venga: se habló de correcciones, no de modificaciones estructurales. Si el Ejecutivo sostiene las directrices, buena parte del pedido de la Cámara ya tiene respuesta en el propio código.
Cualquier modificación de fondo requiere además, según el artículo 217, procesos de participación ciudadana, una audiencia pública y la aprobación del Concejo Deliberante por mayoría agravada de dos tercios.
El COTA se aprobó por unanimidad en diciembre de 2023, después de dos años de trabajo con universidades, colegios profesionales, organizaciones y vecinos.
En dos semanas llegarán las primeras propuestas por escrito. Ahí se verá si las palabras del jueves se sostienen. ¿A quién van a escuchar, entonces, el intendente y sus concejales? ¿Cuáles serán los datos, o los intereses, que los lleven a tomar una posición?
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