En el marco del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno de Entre Ríos lanzó una convocatoria internacional para contratar servicios de consultoría destinados a fortalecer la gobernanza institucional y regulatoria del sector de agua potable y saneamiento en la provincia.
La invitación a presentar expresiones de interés fue publicada en el Boletín Oficial provincial del pasado 11 de noviembre al que accedió ANÁLISIS y está dirigida a firmas consultoras interesadas en desarrollar un estudio integral sobre el funcionamiento institucional, las normas vigentes y los mecanismos de control de los servicios sanitarios.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, en su carácter de organismo ejecutor del préstamo BID número 4822/OC-RG, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).
El objetivo central es fortalecer institucionalmente a la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, mediante un diagnóstico técnico-jurídico del marco legal vigente, una propuesta de reorganización institucional y la elaboración de instrumentos legales y reglamentarios que permitan mejorar su desempeño técnico, sus capacidades de fiscalización y su articulación con los prestadores de los servicios en el territorio entrerriano.
Una reforma que apunta a la gobernanza del sector
Uno de los aspectos más relevantes de la convocatoria es que el trabajo no se limitará a revisar las normas existentes. También deberá analizar si la estructura institucional actual resulta adecuada para responder a los desafíos que enfrenta el sector, especialmente, ante el crecimiento de las inversiones en infraestructura sanitaria y las nuevas responsabilidades que implica la ejecución del programa financiado por el BID.
En ese sentido, la consultoría deberá examinar las funciones y atribuciones de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, considerando sus responsabilidades de fiscalización y su relación con los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento.
Entre los resultados esperados se encuentra la elaboración de propuestas para actualizar el marco regulatorio provincial (mediante anteproyectos normativos que permitan fortalecer la gobernanza sectorial), mejorar los mecanismos de control técnico y acompañar la gestión de los operadores (en un sistema caracterizado por la prestación descentralizada de los servicios).
La convocatoria incorpora, además, un punto de particular importancia institucional: la evaluación de la conveniencia y factibilidad de fortalecer la función regulatoria provincial mediante distintas alternativas organizacionales, entre ellas la eventual creación de un organismo regulador independiente o semiautónomo.
En ese marco, la consultora elegida deberá analizar los posibles modelos y proponer una alternativa que resulte adecuada a las características y necesidades del sistema entrerriano.
Diagnóstico, reorganización y nuevas herramientas normativas
De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, el trabajo comprenderá cinco líneas principales de análisis. En primer lugar, se deberá realizar un diagnóstico técnico-jurídico de la legislación y reglamentación vigente en Entre Ríos en materia de agua potable y saneamiento, identificando vacíos, limitaciones y oportunidades de actualización.
En segundo término, se analizará el funcionamiento de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, sus competencias actuales y las necesidades de fortalecimiento frente a las exigencias técnicas, institucionales, ambientales y sanitarias del sector.
El tercer componente estará orientado a elaborar propuestas de reforma del marco regulatorio, incluyendo anteproyectos de normas que permitan mejorar la organización y el funcionamiento del sistema provincial. A ello se sumará la formulación de recomendaciones integradas que aseguren la coherencia entre las propuestas normativas, institucionales y operativas, facilitando su implementación progresiva por parte de las autoridades competentes.
Finalmente, se realizará un análisis comparativo y prospectivo de modelos regulatorios, con especial atención a las alternativas para fortalecer las funciones de regulación y control de los servicios.
Para desarrollar estas tareas, la firma seleccionada deberá acceder a documentación oficial, considerar los factores institucionales, políticos y de gestión que inciden en el funcionamiento de los organismos y operadores, y mantener reuniones presenciales con funcionarios y personal técnico de las distintas áreas involucradas.
Una consultoría de casi 200.000 dólares
El presupuesto previsto para la contratación asciende a 195.642 dólares estadounidenses, suma que contempla la totalidad de los gastos necesarios para cumplir con el contrato, incluidos los gravámenes aplicables en Argentina y en Entre Ríos.
El plazo de ejecución será de seis meses, contados a partir de la notificación de la resolución que apruebe el contrato.
La convocatoria está dirigida a firmas consultoras que acrediten capacidad legal y administrativa, experiencia general y antecedentes específicos vinculados con el objeto de la contratación.
Entre los requisitos valorados se destaca una experiencia general mínima de diez años en análisis y elaboración de diagnósticos normativos, relevamiento de marcos legales, estudios regulatorios y evaluación del funcionamiento de organismos estatales vinculados con obras sanitarias y saneamiento.
También se considerarán especialmente los antecedentes en diagnósticos técnico-jurídicos de los servicios de agua potable y saneamiento, así como en procesos de redefinición de misiones, funciones y estructuras institucionales de organismos públicos.
Aunque no constituye una condición excluyente, se valorará adicionalmente la participación en proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito.
La selección se realizará mediante el método de Selección Basada en las Calificaciones del Consultor (SCC), conforme a las políticas del BID para la selección y contratación de consultores financiados por el organismo (GN-2350-15). Las firmas podrán asociarse con otras empresas o recurrir a subcontratistas para fortalecer sus antecedentes y capacidades.
Cómo participar de la convocatoria
La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) invita a las firmas consultoras elegibles a presentar sus expresiones de interés, acompañadas de documentación que permita acreditar su constitución legal, experiencia en trabajos similares, capacidades organizacionales y antecedentes relevantes.
El plazo establecido para la recepción de propuestas vence el 16 de noviembre a las 12 horas. La presentación podrá realizarse en soporte físico o por correo electrónico, y la documentación deberá contar con la firma del representante legal de la firma interesada.
La contratación se inscribe en una estrategia que busca acompañar las inversiones en infraestructura sanitaria con una revisión de las capacidades institucionales, las herramientas normativas y los mecanismos de control del sector.
El desafío planteado excede -por lo tanto- la ejecución de nuevas obras: apunta a dotar a Entre Ríos de una estructura institucional y regulatoria capaz de sostener en el tiempo las inversiones, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la supervisión pública sobre los sistemas de agua potable y saneamiento.

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