Una ex funcionaria entrerriana denuncia que puso dinero para solventar gastos que le corresponden al Estado

Se trata de la doctora en Ciencias Biológicas, Malena Maroli, ex Coordinadora PN Islas y Canales Verdes. Entre otros puntois exige que le cubren los gastos de alquiler y traslado que pagó de su propio bolsillo. Pese a los dictámenes favorables, el Estado  entrerriano no le cumple. Además denuncia que le han propuesto soluciones de manera "irregular e improcedentes".

Lo que aquí se expone no constituye una mera controversia administrativa ni un reclamo patrimonial aislado: es el relato documentado de una sucesión de dilaciones, decisiones arbitrarias, incumplimientos y omisiones institucionales que, a lo largo de más de 15 meses, han colocado a una funcionaria pública en la inadmisible situación de tener que reclamar al propio Estado provincial el reconocimiento y pago de sumas que debió afrontar de su patrimonio personal para cumplir con las responsabilidades que ese mismo Estado le encomendó.

La historia del Expediente número 3.258.626 revela algo todavía más grave: pese a existir un dictamen jurídico favorable al reconocimiento del derecho reclamado, pese a que se aportó la documentación requerida y tras agotarse holgadamente los plazos de espera razonables, la Administración provincial continúa sin dar respuesta efectiva a una obligación que ella misma ha reconocido como legítima.

En el transcurso de este proceso, no solo debió afrontar durante 13 meses el costo de residir a 258 kilómetros de su hogar para garantizar la conducción y presencia territorial de un área natural protegida de 4.000 hectáreas, sino que también debió soportar un pedido informal de renuncia por supuestos motivos políticos, su desvinculación sin notificación formal mientras se encontraba gozando de su licencia anual ordinaria y, posteriormente, una interminable peregrinación administrativa en procura de una compensación de naturaleza alimentaria.

A esta secuencia se suman ahora explicaciones telefónicas sobre un supuesto agotamiento o desvío de las partidas presupuestarias y propuestas de encuentros extraprocesales que pretenden desplazar del expediente -y del ámbito de las obligaciones legales del Estado- una cuestión que exige una resolución formal, fundada y definitiva.

Frente a este escenario, y habiendo vencido el plazo de intimación administrativa sin que se produjera el impulso de las actuaciones ni una solución concreta, la víctima consideró imprescindible reconstruir -con fechas, antecedentes, documentos y transcripciones textuales-, cada uno de los acontecimientos que condujeron a esta situación. No se trata únicamente de visibilizar el perjuicio económico y el destrato institucional padecidos en primera persona, sino también de dejar constancia de cómo el ejercicio de una función pública, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por una agente estatal y la confianza legítima depositada en la Administración terminaron convirtiéndose en una carga económica y personal que no correspondía soportar quien prestó sus servicios, sino el Estado que los requirió.

Cronología documentada de los hechos

A través de un detallado escrito, la doctora en Ciencias Biológicas (UBA) Malena Maroli, expuso la ilegítima paralización que padece el Expediente N° 3.258.626 (iniciado el 3 de julio de 2025), bajo el Asunto: “Solicitud de compensación por traslado - Dra. Malena Maroli: Coordinadora PN Islas y Canales Verdes”.

Así, Maroli expresa que ha “agotado toda instancia de espera razonable tras haber erogado de mi propio peculio trece meses de alquileres para cumplir funciones oficiales como Coordinadora de la Intendencia del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, y haber sido cesanteada sin causa ni notificación formal durante mi licencia anual ordinaria”.

“Hoy, 13 de noviembre de 2026 se cumplió el plazo de cinco días hábiles administrativos desde mi presentación en soporte papel por Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos de un escrito intimando a que en el transcurso de este plazo se impulsen de oficio las actuaciones (art. 54° Ley N° 7.060), se practiquen las adecuaciones presupuestarias pertinentes y se eleve a la firma del Poder Ejecutivo el acto administrativo de reconocimiento y pago íntegro de las sumas adeudadas en concepto de “compensación por residencia”, con más sus intereses moratorios y actualización desde cada vencimiento mensual, bajo expreso apercibimiento de promover acciones judiciales y formular las denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, señala el escrito enviado a ANÁLISIS.

“A continuación quiero visibilizar el grave destrato institucional que sufrí y la retención indebida de fondos de carácter alimentario, relatando la cronología de más de 15 meses de dilación en la liquidación y cancelación de la totalidad de los montos adeudados en concepto de Compensación por Residencia que me corresponden por haber prestado servicios a 258 kilómetros de mi domicilio real (situado en Departamento Diamante), en un cargo de gran responsabilidad y presencia territorial, dirigiendo un área natural protegida de 4.000 hectáreas de superficie sobre el río Uruguay”, relató Maroli.

“Además, rechazo de plano las recientes comunicaciones telefónicas informales mediante las cuales se pretende anoticiarme de un supuesto desvío o agotamiento de la partida presupuestaria asignada a mi acreencia e instarme a mantener ´reuniones informales´ con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos”, destacó.

A continuación, el escrito de Maroli:

1) Designación, desarraigo efectivo y promesa administrativa de cobertura

Mediante Decreto N° 3894/24 M.D.E. de fecha 20 de diciembre de 2024 (Expte. N° 3.093.696/24), fui designada a partir de dicha fecha como Coordinadora de Intendencia del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay (creado por Ley N° 11.155), con rango de Personal Superior Fuera de Escalafón - Nivel 41 de la Ley N° 8.620. Al momento de mi alta, suscribí en original ante el área de Personal la correspondiente Declaración Jurada de ingreso, domicilio e incompatibilidades, la cual quedó archivada en mi Legajo Personal sin entregárseme copia. Dado que mi domicilio real y centro de vida permanente se sitúa en la localidad de Strobel (Departamento Diamante), a 258 kilómetros del lugar de prestación de servicios, y que la función requería dedicación exclusiva y presencia permanente en el territorio del Parque Natural (Departamento Uruguay), desde la Subsecretaría de Administración y Despacho del Ministerio de Desarrollo Económico se me indicó expresamente que se me cubriría la Compensación por Residencia con el tope legal del 50% de la remuneración de Ministro (conforme Decreto N° 770/00 SGG y Decreto N° 364/24 MHF). Confiando en la buena fe del Estado Provincial, alquilé de mi propio bolsillo una vivienda primero en Concepción del Uruguay (febrero a noviembre de 2025) y luego en Colonia Elía (diciembre de 2025 en adelante), localidad de acceso directo al Parque Natural. Cabe destacar que, durante toda mi prestación de funciones entre febrero a noviembre de 2025, viajé diariamente desde Concepción del Uruguay hasta Colonia Elía (70 kilómetros en total, ida y vuelta) en mi propio vehículo, dado que nuestra repartición poseía una camioneta utilizada como vehículo de emergencias cuyo lugar de guarda era Colonia Elía, la localidad más cercana al Parque Natural.

2) Inicio del trámite administrativo y primera paralización por falta de fondos

El 4 de junio de 2025 presenté la primera solicitud formal de “compensación por residencia”, adjuntando copia de DNI, contrato de locación sellado por ATER y facturas de alquiler de febrero a junio de 2025 (recepcionada el 24 de junio 2025 en 12 folios), dando origen el 3 de junio de 2025 al Expediente (papel) N° 3.258.626. Pese a tratarse de un reintegro mensual indispensable para sostener la habitación de una funcionaria trasladada a 258 kilómetros de su hogar, a fs. 17 se dictó una providencia suspendiendo el trámite hasta el ejercicio presupuestario siguiente, dejándome durante todo el año 2025 sin percibir la compensación legalmente establecida.

3) Pedido informal de renuncia por “motivos políticos” durante el goce de mi Licencia Anual Ordinaria

En diciembre de 2025 se nos requirió por escrito a los funcionarios de la cartera el cronograma de Licencia Anual Ordinaria, quedando formalmente registrada mi licencia entre el 9 de febrero de 2026 y el 13 de febrero de 2026 (conforme planilla oficial “vacaciones funcionarios” de la Secretaría de Ambiente). Sin embargo, el 26 de enero de 2026 y el 5 de febrero de 2026 recibí llamados telefónicos de mi superior directo, Dr. Pablo Aceñolaza (director de Áreas Naturales Protegidas), manifestándome que desde el Ministerio de Desarrollo Económico pedían mi renuncia por “motivos políticos”. El llamado del 5 de febrero de 2026 ratificó la decisión de pedirme mi renuncia después de una audiencia con el Ministro. En un acto de absoluto desapego por las garantías mínimas del agente público, el 9 de febrero de 2026 a las 20:26 -encontrándome en pleno goce de mi licencia anual ordinaria junto a mi familia-, mi superior directo me envió mensajes vía WhatsApp expresando textualmente: “Perdón la hora el motivo y el apuro. Te pediría si es posible que hagas la presentación de la renuncia hasta mañana. Hoy me lo pidió la gente de Recursos humanos, si no van a proceder dando de baja la resolución de designación”. Ante mi negativa a suscribir una renuncia forzada e incausada en medio de mis vacaciones, y mi reclamo expreso para que se me abonaran los alquileres adeudados desde febrero de 2025, desde la Dirección General de Despacho y la Dirección de Áreas Protegidas se me indicó que el Ministro había habilitado el pago de la deuda de alquileres y que debía presentar una nota ampliatoria incorporando las facturas de julio a noviembre de 2025 y el nuevo contrato de Colonia Elía con los pagos subsiguientes.

4) Presentación ampliatoria (febrero 2026) y cese sin notificación formal

Cumpliendo estrictamente dichas instrucciones oficiales, el 24 de febrero de 2026 remití digitalmente las facturas de julio a noviembre de 2025 y el 26 de febrero de 2026 ingresé en soporte papel por Mesa de Entradas de Concepción del Uruguay (Nota N° 184, enviada por saca policial a Paraná el 27 de febrero de 2026 en 13 fojas) la nota ampliatoria de fecha 18 de febrero de 2026 junto al contrato de Colonia Elía y los comprobantes de pago bancarios, documentación que quedó glosada a fs. 19/29 del expediente. Mientras tanto, continué prestando funciones y labrando actas de infracción en el Parque Natural hasta el 2 de marzo de 2026, fecha en la que me enteré por un mensaje reenviado de WhatsApp que ese mismo día se había firmado el Decreto Nº 448/26 GOB, dejando sin efecto mi designación con retroactividad al 28 de febrero de 2026 y designando en mi lugar al Prof. Ángel Alberto Zapata, sin expresión de causa alguna y sin cursarme notificación formal.

5) Dictamen favorable para el reconocimiento de la compensación por residencia

Tras mi cese, el Expediente N° 3.258.626 recorrió las áreas de Personal, Control de Gastos, Administración y Asuntos Jurídicos. A fs. 37 recayó el Dictamen N° 250 de la Dirección Legal y de Gestión Ambiental del Agua (Dr. Osvaldo Fernández), notificado por correo electrónico el 30 de marzo de 2026, el cual concluyó de manera categórica y vinculante que:

I) “La solicitud efectuada por la Dra. Malena Maroli se encuentra justificada legalmente en base a su designación mediante Decreto N° 3894/24 MDE … estando su residencia habitual ubicada en la ciudad de Diamante, y a lo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 770/00 S.G.G. y sus respectivas modificaciones, correspondiendo reconocer el beneficio de compensación por residencia, teniendo en cuenta los límites máximos establecidos normativamente y los valores de los cánones locativos de los contratos incorporados a las actuaciones, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 364/24 MHF”.

II) “El cese de las funciones de la Dra. Maroli no impide el reclamo del pago de la compensación, toda vez que esta fue iniciada durante el ejercicio de su cargo, no mediando ningún impedimento legal a tal fin”.

III) “Concluyendo este órgano letrado que corresponde avanzar en la sanción de un Decreto que reconozca la compensación por residencia interesada”. Pese a semejante claridad jurídica, cuatro meses más tarde, el 28 de agosto de 2026, se me notificó mediante Nota N° NO-2026-00204341-GER-DLYGAA#MDE (de fecha 26 de agosto de 2026), exigiéndome que en el plazo de diez días procediera a “realizar y remitir la declaración jurada prevista en el artículo 10 del Decreto N° 770/00 S.G.G., conforme lo exigió el Dictamen N° 0155/2026 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Económico”.

Al respecto, manifiesto que:

a) La Declaración Jurada original ya obraba en poder de la Administración (Art. 3° Ley N° 7.060): al asumir mi cargo en diciembre de 2024 entregué en original mi Declaración Jurada de ingreso y domicilio real (Strobel, Departamento Diamante, Provincia de Entre Ríos, a 258 km del lugar de funciones) en Recursos Humanos, la cual obra en mi Legajo Personal y/o en el Expte. N° 3.093.696/24. Conforme al artículo 3° de la Ley N° 7.060, el administrado queda eximido de presentar documentos que obren en poder de la propia Administración, bastando con indicar dónde se encuentran, habiendo sido una carga meramente burocrática e innecesaria trasladarme dicho requerimiento cuando el expediente incluso pasó por el Área Personal el 13 de marzo de 2026 (fs. 26).

b) Cumplimiento inmediato en fecha 31 de agosto de 2026: no obstante ello, el día 31 de agosto de 2026 (primer día hábil siguiente a la notificación electrónica del 28 de agosto de 2026) presenté en soporte papel por Mesa de Entradas de la Delegación Costa del Uruguay de la Secretaría de Ambiente (registrada bajo Nota N° 892, remitida por saca a Paraná) la Declaración Jurada del art. 10° del Decreto N° 770/00 S.G.G., adelantándola y reenviándola además por correo electrónico los días 7 de septiembre 2026, 10 de septiembre de 2026 y 14 de septiembre de 2026 a la cuenta oficial de notificaciones (secretariadeambiente@entrerios.gov.ar), al Sr. Ministro Ing. Guillermo Bernaudo, a la Sra. Secretaria de Ambiente Ing. Rosa Hojman, al Dr. Osvaldo Fernández y, por indicación expresa de éste último, al Dr. Chemez.

6) Rechazo la “falta de partida presupuestaria” y la propuesta de reuniones extraprocesales

Habiendo transcurrido más de 15 meses desde el inicio del reclamo (3 de julio de 2025) y casi dos meses desde que cumplimenté la Declaración Jurada del art. 10° del Decreto N° 770/00 SGG (31 de agosto de 2026), he recibido recientemente comunicaciones telefónicas informales por parte de mi ex superior jerárquico manifestándome verbalmente que “la partida presupuestaria donde estaba asignado el pago se habría utilizado para otra finalidad” y sugiriéndome mantener una reunión informal con una funcionaria del área para “charlar el tema”. Rechazo por improcedentes, ilegítimas y contrarias al Estado de Derecho tales manifestaciones y propuestas informales, por los siguientes fundamentos:

a) La Administración se expresa por actos escritos y motivados, no por llamados telefónicos ni reuniones informales (Ley N° 7.060): todo requerimiento, observación o decisión administrativa debe instrumentarse mediante acto o providencia escrita, fundada y debidamente notificada en el expediente. Me niego rotundamente a convalidar reuniones informales fuera del expediente para “negociar” o “charlar” un derecho patrimonial y alimentario que ya fue reconocido por la propia Dirección Legal del organismo en el Dictamen N° 250.

b) Inoponibilidad e ilicitud del desvío o agotamiento de partidas presupuestarias (Art. 3° Decreto N° 448/26 y Ley N° 5.140): Resulta jurídica y contablemente inadmisible pretender oponer al acreedor de un gasto legítimo devengado, que la partida presupuestaria fue “usada para otra cosa”. En primer lugar, a fs. 17 el trámite ya había sido diferido en 2025 para ser atendido con el presupuesto 2026. En segundo lugar, el propio Artículo 3° del Decreto N° 448/26 GOB (que dispuso mi baja) facultó expresamente a la Dirección General de Administración del Ministerio de Desarrollo Económico a “efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias, practicar las liquidaciones y abonar las sumas correspondientes”. Y, en tercer lugar, tal como dictaminó el Dr. Osvaldo Fernández a fs. 37, tratándose de períodos devengados y pagados por la funcionaria, procede el pago mediante Decreto de Reconocimiento del Poder Ejecutivo Provincial con intervención del Ministerio de Economía (Decreto N° 2817/24 GOB), mecanismo para el cual el Poder Ejecutivo cuenta con plenas facultades de reestructuración y refuerzo de partidas. Si algún funcionario desvió fondos afectados al pago de este expediente, ello constituirá una irregularidad contable interna (pasible de reproche ante el Tribunal de Cuentas y la justicia penal), pero jamás una causal de extinción de la deuda del Estado Provincial hacia mi persona.

Fuente: Análisis.