Desde la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos elaboraron un manifiesto debido a la grave emergencia y el desfinanciamiento a las políticas en salud mental comunitaria y abordaje de los consumos problemáticos que atraviesa la provincia y el país.
La Asamblea de salud mental es un colectivo en defensa del derecho a la salud y a condiciones de vida digna para toda la comunidad que viene pronunciándose respecto de la situación de crisis que vive el sistema de salud mental en Entre Ríos.
Consideraron que “es necesario que se comprenda la crisis estructural del sistema público y privado, así como la precarización a la que se nos expone como usuarios, familiares, trabajadores/as activos y jubilados y a la comunidad general en el acceso a la salud”.
Entre varios puntos, en el documento plantearon que “no es tiempo de reforma, es tiempo de cumplir con el presupuesto para la Salud Mental, tal como lo asigna la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 de 2010 y su adhesión provincial a través de la Ley N° 10.445 de 2016; es tiempo de generar viviendas asistidas y casas de medio camino para quienes necesitan ser acompañados en la vida en comunidad”.
“Estamos en emergencia”, recordaron y señalaron que “en la provincia de Entre Ríos, vemos con extrema preocupación los datos epidemiológicos y las decisiones del oficialismo –nacional y provincial– en materia de salud pública, salud mental y políticas de abordaje en adicciones y consumos problemáticos”.
En este sentido, denunciaron que “en lo que va de esta gestión provincial, tan solo en el Hospital Escuela de Salud Mental (HESM) de la ciudad de Paraná ha renunciado una decena de profesionales –mayormente psiquiatras– debido a los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales. Esto se repite en otros efectores y ciudades entrerrianas. Y sobrecarga a residentes que se forman en los equipos de salud pública”.
Y agregaron que “en toda la provincia, en el sector público contamos con menos de 40 médicos psiquiatras/especialistas en salud mental, lo que supone una saturación de la demanda que no encuentra respuestas ante padecimientos cada vez más graves”.
En ese marco, expresaron el rechazo a la Reforma de la Ley 26.657 ya que la solución “no es con menos Ley, es con más implementación”.
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