Una resolución del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Co.R.U.F.A.) dispuso la ejecución inmediata de tres cortes en los terraplenes que atraviesan el arroyo Viraguay, en el establecimiento La Calera, Departamento Islas del Ibicuy.
Por NAHUEL MACIEL de ANÁLISIS
La medida, adoptada por unanimidad, busca restablecer el escurrimiento natural de las aguas, cumplir decisiones administrativas y judiciales que llevan más de dos décadas y evitar mayores consecuencias ante la creciente. El conflicto vuelve a poner en discusión una cuestión central para los humedales entrerrianos: ¿hasta dónde puede avanzar la intervención privada sobre un territorio cuyo funcionamiento depende, precisamente, de que el agua circule libremente?
Hay territorios que no pueden comprenderse mirando solamente un mapa catastral, una escritura de propiedad o el límite de un establecimiento rural. Son territorios que tienen su propia lógica, una geografía que no reconoce alambrados ni tranqueras y que se organiza a partir de los movimientos del agua. El Delta entrerriano es uno de ellos. Allí, los arroyos, riachos, bañados, bajos y cursos temporarios conforman una trama ambiental cuya dinámica sostiene la biodiversidad, regula los excedentes hídricos y determina buena parte de las condiciones de vida y producción.
En ese paisaje, el agua no es un elemento accesorio ni un obstáculo que deba ser removido para facilitar la actividad económica. Es la protagonista de un sistema complejo. Cuando se interrumpe su circulación, cuando se levantan terraplenes que modifican el escurrimiento o se construyen canales que trasladan artificialmente los excedentes hacia otra cuenca, las consecuencias pueden superar ampliamente los límites del campo donde se ejecutaron las obras.
Lo que sucede en torno al arroyo Viraguay, en el establecimiento La Calera, ubicado en el distrito Ibicuy del Departamento Islas del Ibicuy, constituye un caso particularmente significativo de esa tensión entre la transformación privada del territorio y la obligación pública de preservar el funcionamiento de los sistemas hídricos.
El 18 de noviembre de 2026, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos resolvió por unanimidad ordenar la apertura de tres sectores de los terraplenes que interceptan el escurrimiento natural del Viraguay. También dispuso verificar y, en caso de encontrarlas obstruidas, restituir las aperturas correspondientes a otros tres cursos de agua: los arroyos Calerita, El Pato y La Cruz.
La resolución establece que los trabajos deben comenzar de manera inmediata y concluir dentro de un plazo máximo de 72 horas desde el efectivo acceso de la maquinaria y del personal técnico al establecimiento. La intervención será realizada con equipos del Estado provincial, bajo supervisión técnica de los organismos competentes, pero los costos deberán ser afrontados solidariamente por los responsables del establecimiento.
No se trata, por lo tanto, de una recomendación técnica ni de una exhortación administrativa. Es una decisión ejecutoria que procura hacer cumplir disposiciones anteriores, respaldadas por una sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, y que coloca en el centro de la escena una cuestión ambiental de enorme trascendencia: el carácter público del agua y la imposibilidad de subordinar el funcionamiento de un arroyo a las necesidades productivas de un establecimiento particular.
Un conflicto que atraviesa más de dos décadas
Para comprender la dimensión de la decisión hay que retroceder en el tiempo. El conflicto no nació con la emergencia hídrica de noviembre de 2026. Tiene antecedentes administrativos que se remontan, al menos, a 2003, cuando el Co.R.U.F.A. dictó las Resoluciones 38/03, 41/04 y 42/04, mediante las cuales dispuso medidas vinculadas con las intervenciones hidráulicas en el establecimiento.
Aquellas resoluciones fueron objeto de una controversia judicial promovida por Estancias Unidas del Ibicuy SA. Sin embargo, el litigio tuvo una definición concluyente: el 18 de septiembre de 2012, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictó sentencia en el expediente 1474/05 y confirmó la legitimidad de las disposiciones del organismo provincial.
En términos jurídicos, el asunto quedó resuelto. Las decisiones administrativas adquirieron firmeza y la sentencia judicial pasó a tener autoridad de cosa juzgada. Pero, una cosa es que una resolución sea jurídicamente obligatoria y otra, muy diferente, que se cumpla efectivamente en el territorio.
Según los antecedentes consignados en la nueva resolución, el 1° de noviembre de 2026 la Fiscalía de Estado realizó una inspección en el lugar y constató que las aperturas ordenadas sobre los terraplenes de La Calera no habían sido ejecutadas. También verificó que se encontraban vencidas las obligaciones asumidas en un acta-acuerdo del 2 de diciembre de 2019, que establecía un plazo máximo de 24 meses.
Es decir, entre las primeras decisiones administrativas y la nueva intervención estatal transcurrieron más de 20 años sin que se materializara integralmente la restitución del escurrimiento ordenado.
La cuestión adquiere una gravedad adicional porque el terraplén no afecta solamente al Viraguay. La documentación identifica otros tres cursos de agua comprometidos: Calerita, El Pato y La Cruz. Se trata de una red hídrica cuya continuidad resulta fundamental para el funcionamiento de los ambientes bajos de esta región.
La propia Fiscalía de Estado consideró que la situación exigía una respuesta urgente y preferencial, y reclamó que se establecieran con precisión las coordenadas de las aperturas, sus dimensiones, la metodología constructiva y los plazos de ejecución. También solicitó que se habilitaran los mecanismos judiciales necesarios para ingresar al establecimiento si se impedía el acceso de los equipos provinciales.
La decisión del Co.R.U.F.A. responde precisamente a ese requerimiento.
El episodio había adquirido visibilidad pública días antes. El 1° de noviembre, el Gobierno provincial informó que el terraplén interrumpía el flujo del Viraguay y que la obra protegía una superficie de alrededor de 40.000 hectáreas, mientras perjudicaba a campos vecinos. En esa oportunidad, la Fiscalía de Estado había constatado las irregularidades mediante una inspección aérea de la zona, que realizó el propio fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
La discusión de fondo: ¿quién decide por dónde debe correr el agua?
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución del 18 de noviembre es el rechazo categórico de una propuesta alternativa presentada por la firma El Hinojo SA. Sus apoderados, Juan Pablo Cerini y Gerónimo Cerini, participaron de la reunión extraordinaria del Co.R.U.F.A. y expusieron una alternativa para evitar la apertura del terraplén interno de La Calera.
El argumento empresarial se apoyaba en la existencia de unas 3.000 hectáreas sembradas y otras 2.000 hectáreas en barbecho dentro del recinto endicado. Según la presentación, la apertura del terraplén podía comprometer esas superficies productivas.
La propuesta consistía en mantener cerrado el terraplén interno y realizar dos cortes, identificados como puntos A y B, para conducir artificialmente el agua a través de un pasillo de entre 500 y 600 hectáreas, ubicado entre terraplenes. Desde allí, el excedente sería dirigido hacia un canal artificial y descargado mediante bombeo en el río Ibicuy.
La alternativa -en apariencia- procuraba conciliar la protección de los cultivos con la evacuación del agua. Sin embargo, el organismo provincial la rechazó por unanimidad, tanto por razones formales como por fundamentos técnicos y ambientales.
La objeción central no es menor: el planteo empresarial pretendía modificar el recorrido natural de un curso de agua público, mantener interrumpido su cauce y trasladar artificialmente los excedentes hacia otro sistema de drenaje.
Para los técnicos y asesores jurídicos del Co.R.U.F.A., esa solución contraviene expresamente el artículo 46 de la Ley Provincial de Aguas número 9.172.
La norma establece que las obras de desagüe deben evacuar las aguas en el menor tiempo posible y devolverlas al mismo cauce del que se abastecen. Además, prohíbe extender el agua sobre la superficie del terreno de manera que se generen ciénagas o pantanos, incluso cuando esos terrenos pertenezcan al mismo usuario.
El fundamento tiene una lógica ambiental concreta: no alcanza con sacar el agua de un campo. Es necesario hacerlo sin trasladar el problema a otros sectores, sin modificar arbitrariamente la dinámica de los cursos naturales y sin generar nuevas áreas de anegamiento.
El agua que se retiene en un sector no desaparece. Se acumula, busca otros recorridos, modifica los tiempos de permanencia y puede terminar afectando terrenos, poblaciones y actividades productivas que no participaron de la decisión de construir el endicamiento.
La propuesta de El Hinojo fue objetada, además, porque no acreditó los requisitos administrativos y jurídicos exigidos para una presentación de esa naturaleza. El organismo señaló la ausencia de patrocinio letrado, la falta de integración del sellado fiscal, la falta de acreditación de derechos sobre el inmueble y la inexistencia de permisos o concesiones registrados que habilitaran las obras hidráulicas invocadas.
Pero, hay un elemento decisivo: la presentación también pretendía reabrir una discusión que ya había sido resuelta mediante actos administrativos firmes y una sentencia judicial definitiva.
En otras palabras, el Co.R.U.F.A. entendió que no correspondía utilizar una propuesta alternativa para volver a discutir aquello que ya había sido decidido por las autoridades administrativas y confirmado por la Justicia.
La resolución coloca así un límite institucional y ambiental: los intereses productivos particulares no pueden convertirse en una autorización implícita para alterar el funcionamiento de un curso de agua público.
El agua como bien público y el territorio como sistema
La discusión remite a un principio básico del derecho ambiental e hídrico: los cursos naturales de agua no son propiedad de quienes poseen los campos que atraviesan.
La Ley 9172 establece el carácter público de las aguas y sus cauces, y asigna al Estado la responsabilidad de regular su utilización, conservación y aprovechamiento. En ese marco, el Co.R.U.F.A. ejerce funciones de planificación, control y policía sobre las intervenciones que puedan alterar el régimen hídrico.
Esto significa que la propiedad privada no otorga facultades ilimitadas sobre los elementos naturales presentes en un inmueble. Un propietario puede desarrollar actividades agropecuarias, realizar mejoras y aprovechar los recursos conforme a la legislación vigente. Pero, no puede modificar unilateralmente el curso de un arroyo, alterar sus líneas de ribera o construir obras que interrumpan su escurrimiento sin las autorizaciones correspondientes. Este concepto debería también aplicarse para el caso del barrio fluvial Amarras sobre el río Gualeguaychú, cuyas sentencias firmes la Justicia es incapaz de ejecutar. Intereses en juego, le dicen.
Volviendo a la resolución del Co.R.U.F.A. es explícita en este punto: cuando una excavación, un terraplén u otra obra modifica las condiciones de un curso natural, existe la obligación de restituir la situación anterior a costa de los responsables. Y aquí aparece una cuestión que merece especial atención desde la perspectiva ambiental.
El Delta del Paraná y sus ambientes asociados no pueden ser considerados una suma de parcelas independientes. Su funcionamiento responde a relaciones hidrológicas que conectan distintos sectores de una misma cuenca. El agua circula entre ríos, arroyos, bañados y bajos, y esa circulación sostiene procesos ecológicos que no respetan las divisiones establecidas por la propiedad rural.
Un terraplén puede parecer una obra localizada. Sin embargo, su impacto potencial se extiende aguas arriba, aguas abajo y hacia los laterales del sistema. Al interrumpir un arroyo, se alteran los tiempos y las direcciones de circulación del agua. Pueden modificarse las áreas de inundación, las condiciones de humedad del suelo y la disponibilidad de ambientes acuáticos y terrestres que utilizan distintas especies.
Los humedales no son terrenos improductivos a la espera de ser saneados. Son ecosistemas que cumplen funciones esenciales: almacenan temporalmente excedentes hídricos, amortiguan inundaciones, retienen sedimentos, participan en los ciclos de nutrientes y sostienen una diversidad biológica extraordinaria.
Por eso, una intervención sobre un arroyo como el Viraguay no puede evaluarse exclusivamente por la cantidad de hectáreas que permite proteger o por la superficie de cultivos que eventualmente podría afectar.
La pregunta relevante es qué sucede con el conjunto del sistema hídrico cuando se modifica su funcionamiento.
La resolución del Co.R.U.F.A. adopta precisamente esa perspectiva al rechazar el desvío artificial propuesto y exigir que las aguas vuelvan a circular por su cauce natural.
Una emergencia hídrica que acelera una decisión postergada
La resolución no puede separarse del escenario hidrometeorológico que atraviesa Entre Ríos. El Gobierno provincial declaró la emergencia hídrica en todo el territorio mediante el Decreto 2660/2026, en el contexto de un escenario extraordinario asociado al fenómeno de El Niño.
En ese contexto, la continuidad de los terraplenes adquiere una dimensión que supera el incumplimiento administrativo. La obstrucción de los cursos naturales puede agravar los efectos de una creciente, aumentar la presión sobre otros sectores de la cuenca y trasladar los excedentes hídricos hacia campos vecinos, zonas rurales y áreas pobladas.
La Fiscalía de Estado advirtió expresamente sobre el peligro de daños graves e inminentes y consideró que la demora en ejecutar las aperturas podía comprometer la seguridad pública y el régimen hidráulico de la cuenca.
Por eso, uno de los aspectos jurídicamente más importantes de la resolución es la aplicación del segundo párrafo del artículo 76 de la Ley 9.172. Esa disposición establece que los recursos contra decisiones de la autoridad de aplicación que ordenen modificaciones, rectificaciones o demoliciones tienen, como regla, efecto suspensivo, salvo cuando existan razones de peligro de daños graves e inminentes consideradas en la propia resolución.
El Co.R.U.F.A. entendió que esas circunstancias excepcionales están acreditadas y determinó que ninguna impugnación administrativa podrá detener la ejecución de los trabajos.
La decisión apunta a evitar que una nueva controversia, un recurso o una presentación administrativa prolonguen una situación que las autoridades consideran urgente.
En materia hídrica, el tiempo es una variable fundamental. Las consecuencias de una creciente no esperan los plazos de los expedientes. El agua no se detiene porque exista una discusión sobre la legitimidad de una obra, ni modifica su comportamiento para ajustarse a los tiempos de la burocracia. La resolución procura, precisamente, impedir que la demora institucional se convierta en un factor adicional de riesgo.
El Estado deberá ingresar y ejecutar los trabajos
Otro aspecto significativo es que la decisión contempla la posibilidad de que los responsables del establecimiento impidan el ingreso de los equipos técnicos y la maquinaria. El artículo 7 ordena remitir copias certificadas de la resolución, del Acta Plenaria 185, de los informes técnicos y del dictamen jurídico a la Fiscalía de Estado, para que promueva ante el órgano jurisdiccional competente las medidas necesarias.
Entre ellas se mencionan expresamente:
- La orden judicial de allanamiento.
- El traspaso de la tranquera.
- El auxilio de la fuerza pública.
- El ingreso irrestricto al establecimiento para ejecutar las aperturas.
La inclusión de estos mecanismos muestra hasta qué punto el conflicto ha escalado institucionalmente.
El Estado no solamente dispone que se realicen los cortes: también prepara las herramientas jurídicas para garantizar que puedan concretarse incluso ante una eventual resistencia de quienes tienen la posesión o responsabilidad sobre el inmueble.
La ejecución estará a cargo de maquinaria provista por la Dirección Provincial de Vialidad o la repartición que corresponda, con supervisión del Área de Planificación Hidrológica de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias y del Área de Dirección Técnica del Co.R.U.F.A.
El plazo establecido es de 72 horas desde el efectivo acceso del personal y los equipos al establecimiento. Se estima una jornada de trabajo por cada frente de corte, aunque la secuencia dependerá de la altura del agua y de las condiciones existentes en el terreno.
Hay, además, una definición económica importante: los gastos que demande la intervención serán afrontados inicialmente mediante las partidas presupuestarias de los organismos provinciales, pero deberán recuperarse íntegramente por vía administrativa o judicial a costa de los propietarios, condóminos, arrendatarios, ocupantes y tenedores responsables.
La resolución identifica solidariamente a Estancias Unidas del Ibicuy SA, Punta Lucía SA, Dalger SA y El Hinojo SA como posibles responsables de afrontar esas erogaciones, de acuerdo con las responsabilidades que correspondan. El principio es claro: el costo de reparar una alteración ilegal del régimen hídrico no debe recaer definitivamente sobre el conjunto de la sociedad.
El falso dilema entre producción y ambiente
Uno de los argumentos que suele aparecer en las controversias sobre humedales es que las restricciones ambientales se oponen al desarrollo productivo.
El caso de La Calera demuestra que esa formulación resulta insuficiente. La cuestión no consiste en decidir si debe existir producción agropecuaria en el Delta o si es necesario conservar los ambientes naturales. La discusión pasa por establecer en qué condiciones pueden desarrollarse las actividades productivas sin destruir las funciones ecológicas e hidrológicas que sostienen el territorio.
La construcción de terraplenes, canales y sistemas de bombeo puede modificar profundamente el funcionamiento de los humedales. Algunas intervenciones protegen determinadas superficies, pero pueden aumentar los riesgos para otras. Otras alteran los ciclos de inundación y la disponibilidad de agua para ambientes que dependen de esos pulsos.
La inundación, en los humedales, no constituye necesariamente una anomalía. Forma parte de su funcionamiento ecológico. Esto no significa que cualquier inundación deba aceptarse sin medidas de protección, ni que las poblaciones rurales deban quedar expuestas a riesgos evitables. Significa que las obras de defensa y drenaje tienen que planificarse a escala de cuenca, con estudios hidrológicos adecuados y evaluaciones de sus efectos acumulativos.
Una intervención que resuelve el problema de un establecimiento trasladándolo a sus vecinos no puede considerarse una solución ambientalmente sustentable. Tampoco resulta aceptable que los beneficios privados de una obra se distribuyan dentro de un campo mientras sus consecuencias negativas recaen sobre miles de hectáreas ajenas.
La resolución del Co.R.U.F.A. introduce una definición relevante en este debate: el interés público del régimen hídrico prevalece sobre la conveniencia particular de modificar el recorrido natural de las aguas. Y ese principio debería orientar también las futuras decisiones sobre las intervenciones en los humedales entrerrianos.
Lo que falta después de la resolución
La decisión del 18 de noviembre constituye un avance jurídico e institucional importante. Sin embargo, su verdadero alcance ambiental dependerá de que se concrete en el territorio. Hay varias cuestiones que deberán observarse durante las próximas etapas.
Primero, la ejecución efectiva de los tres cortes. No alcanza con disponerlos administrativamente. Será necesario comprobar que se realizaron en las coordenadas previstas, que alcanzaron las dimensiones establecidas y que permiten restablecer el escurrimiento.
Segundo, la recuperación de los otros cursos de agua. La situación de Calerita, El Pato y La Cruz deberá verificarse en el terreno, porque la restitución integral del funcionamiento hídrico de La Calera no puede limitarse al Viraguay.
Tercero, el seguimiento hidrológico posterior. La apertura de los terraplenes deberá acompañarse de observaciones sobre los niveles de agua, las direcciones de escurrimiento y las condiciones de los sectores vecinos. El objetivo no debe ser solamente cumplir con una orden de obra, sino comprobar que se recupera la funcionalidad del sistema.
Cuarto, la transparencia de la intervención. Resulta fundamental que los organismos provinciales documenten los trabajos, publiquen los resultados de las inspecciones y permitan conocer el grado de cumplimiento de las disposiciones.
Quinto, la prevención de nuevas alteraciones. La experiencia acumulada demuestra que no alcanza con corregir una obra si después pueden repetirse las mismas prácticas. El control permanente, la fiscalización y la exigencia de autorizaciones previas son indispensables.
En este sentido, el caso también debería servir para revisar las condiciones de control de los terraplenes y las obras hidráulicas en otros sectores del Delta entrerriano.
La fragmentación de los ambientes naturales mediante endicamientos, canalizaciones y otras intervenciones requiere una mirada integral. Cada obra puede parecer pequeña cuando se la observa aisladamente, pero el efecto acumulativo de muchas intervenciones puede modificar sustancialmente la dinámica de una cuenca.
Una definición sobre el futuro del agua entrerriana
Lo ocurrido en La Calera no es simplemente una disputa entre una empresa y el Estado. Es una discusión sobre los límites de la propiedad privada frente a los bienes naturales públicos, sobre la responsabilidad de quienes intervienen en los sistemas hídricos y sobre la capacidad de las instituciones para hacer cumplir sus propias decisiones.
La resolución del Co.R.U.F.A. tiene un valor especial porque recupera una cuestión que durante demasiado tiempo quedó atrapada entre expedientes administrativos, litigios judiciales, acuerdos incumplidos y propuestas alternativas: el agua debe recuperar su cauce.
Las resoluciones de 2003 y 2004, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de 2012, el acuerdo de 2019 y las actuaciones de noviembre de 2026 conforman una larga secuencia institucional que demuestra que el problema no era desconocido para las autoridades. Lo que estaba pendiente era transformar las decisiones en hechos concretos.
Ahora el Estado provincial ordenó hacerlo, estableció los lugares exactos, fijó las dimensiones de las aperturas, determinó los plazos y previó mecanismos judiciales para garantizar el ingreso al establecimiento.
El desafío inmediato es que esa decisión se cumpla y que el Viraguay vuelva a encontrar su continuidad.
Pero hay un desafío todavía mayor: comprender que los humedales no pueden seguir siendo tratados como territorios disponibles para cualquier transformación que prometa una rentabilidad inmediata. Su valor excede las hectáreas que pueden sembrarse, los establecimientos que pueden protegerse y los canales que pueden construirse.
En “Crónica de medio siglo”, la escritora gualeya Emma Barrandéguy enlaza la memoria de las personas con el paisaje de su tierra. El río Gualeguay acompaña esa historia como una presencia que permanece mientras cambian las generaciones, las costumbres y las circunstancias políticas y sociales.
Quizás esa sea también una buena manera de pensar el conflicto del Viraguay: los territorios tienen una historia que no comienza con la llegada de un propietario ni termina en los límites de una estancia.
Los arroyos existían antes que los alambrados. Sus aguas recorrían los bajos mucho antes de que se levantaran los terraplenes. Y seguirán formando parte de la geografía entrerriana cuando las empresas, las administraciones y los intereses económicos de esta época hayan cambiado.
El agua no tiene escritura de propiedad. Tampoco reconoce tranqueras. Tiene cauces, tiempos y recorridos que responden a una historia natural mucho más extensa que cualquier emprendimiento productivo.
Devolverle al Viraguay su curso no significa solamente abrir tres cortes en un terraplén. Significa reconocer que el territorio es un sistema compartido, que los bienes naturales públicos deben protegerse y que el desarrollo no puede construirse sobre la alteración arbitraria de los procesos que sostienen la vida.
Porque, en definitiva, no se trata de elegir entre el agua y la producción. Se trata de entender que, sin respetar el agua, tampoco habrá producción sostenible ni futuro posible para los territorios que hacen de Entre Ríos una provincia de ríos, arroyos y humedales.
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