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OPINIÓN

A disgusto junto al corrupto

Sergio Urribarri es el primer gobernador en la historia de Entre Ríos condenado por corrupción. La condena le hizo perder el favor de la ciudadanía, y a diferencia de la principal líder política del país, no logra hacerle creer a nadie que a él lo condenó el “lawfare”. Sin embargo todavía lo recibe una dirigencia que lo acompaña sin convicción, apenas por compromiso, quizás porque le debe favores. A disgusto, pero con el corrupto. Y después se preguntan por qué les gana Frigerio.

 

 

Por A.S. de la REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES DIGITAL

 

Preferirían no hacerlo, pero lo hacen. Viene Urribarri y van. No como antes, no como cuando mandaba. No. Ahora van a disgusto, evitando las fotos, tratando de no ocupar las butacas de adelante. El auditorio ya no está lleno, como pasaba antes. Hay lamparones. Son cada vez más los que prefieren no estar ahí, los que saben que el corrupto condenado es una condena.

 

Pero las principales autoridades del peronismo uruguayense van. Y el mensaje, entonces, no puede ser más confuso y deprimente: la transparencia no tiene ninguna importancia. El manejo discrecional de los fondos públicos es un detallecito irrelevante. La lealtad no es a los principios, es a las personas. Los fallos de la justicia solo se toman en cuenta cuando nos favorecen. El robo a la ciudadanía se puede disimular o justificar cuando el que lo comete es uno de los nuestros.

 O quizás nada de eso, sino simplemente: Me llamó y no puedo dejar de ir, porque le debo muchos favores. 

No los dicen, pero esos son los corolarios que surgen de la presencia de dirigentes políticos, de cuya honestidad personal nadie puede dudar, acompañando públicamente a quien ostenta el triste récord de ser el primer gobernador entrerriano condenado por robarle a su pueblo.

Sergio Daniel Urribarri fue considerado por la justicia entrerriana “autor material y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, en cinco hechos distintos” (ver enlace). “Peculado” es el nombre técnico del delito que consiste en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. Es un delito gravísimo, quizás el peor que puede cometer un funcionario público: robarle a sus administrados.

El desfalco de Urribarri y sus cómplices a la administración pública entrerriana se calculó en unos 9 millones de dólares (hoy equivaldría a más de dos mil millones de pesos). Los jueces consideraron que Urribarri y los demás condenados (entre ellos su ministro Pedro Baez y su cuñado Juan Pablo Aguilera) pergeñaron un plan para desviar fondos públicos con diferentes estrategias, entre ellas contrataciones de publicidad y contratos para trabajos de imprenta. En distintas notas hemos dado cuenta de los hechos que se le probaron y por los cuales se lo condenó a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para volver a ocupar cargos públicos.

Urribarri, en el colmo del caradurismo, atribuyó su condena a una operación de lawfare en su contra. Lawfare, ajá. En una provincia que su partido gobierna desde hace décadas y donde los mismísimos jueces y fiscales que condujeron el proceso judicial fueron nombrados por el justicialismo. Lawfare en Entre Ríos. Una tontería que no cree nadie. La sentencia de los jueces tiene 684 páginas (ver enlace), que seguramente nadie ha leido más que los propios jueces, algún periodista y, quizás, los defensores de Urribarri. Las pruebas eran tan contundentes que la endeble justicia entrerriana no podía hacer otra cosa que condenarlo. De hecho hay otras causas que lo comprometen, y una al menos –la de los contratos de la Legislatura– es una estafa de mayor envergadura que la que le valió la condena (ver enlace).

Sin embargo, parte de la dirigencia peronista entrerriana, y en este caso la del departamento Uruguay, sigue acompañando al corrupto condenado. Durante el proceso previo a la condena lo bancaron públicamente, se sacaron fotos con él, y algunos hasta hicieron el ridículo de hablar de ese lawfare en el que nadie cree. Pero desde el momento de la condena, la mayoría comenzó a despegarse.

En distintas notas hemos dado cuenta de los hechos que se le probaron y por los cuales se lo condenó a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para volver a ocupar cargos públicos.

Bastante antes lo había hecho Gustavo Bordet, quien todavía en su primer gobierno se sacó de encima a la familia Urribarri (recuérdese que inició su primera gestión con el hijo como superministro, a cargo de Gobierno, Justicia y Educación, y con el padre mandando en la Legislatura y decidiendo el presupuesto. Hábilmente, Bordet se deshizo de ambos. Quizás es una de las razones por las que sigue conservando buena imagen). En el seno del peronismo hay quienes están convencidos de que Bordet le soltó la mano y posibilitó la condena. “Nadie puede creer que la justicia lo habría condenado sin un visto bueno del gobernador”, arguyen. Vaya a saberse.

Lo cierto es que esta semana, Urribarri cayó por La Histórica con motivo de presentar un libro. Y “lealmente” allí se dieron cita caras centrales del peronismo uruguayense, empezando por el ex intendente José Lauritto –que se sacó foto con su ex compañero de fórmula– y por el actual jefe municipal Martín Oliva, que en cambio se fue del auditorio ni bien pudo. Es que Urribarri se transformó en una carga, pero aún así hay quienes argumentan “no lo voy a abandonar ahora, sería una deslealtad”. La deslealtad de robarle al pueblo entrerriano no alcanza a refutar esa “lealtad” que en realidad no es otra cosa que un código delictivo: no se delata al compañero. Al “enemigo” no se le perdona nada, al propio no se le cuestiona nada. Así estamos.

Pero lo extraño es que no vean que así están. Porque no es casualidad que en las últimas elecciones, la ciudadanía –la misma que los vota a nivel local para intendentes– les haya propinado una paliza histórica en 2021, votando a un porteño injertado en la provincia, cuyo único mérito es no ser del mismo partido de Urribarri.

Hoy el peronismo parece vislumbrar el peor escenario. Sin candidato competitivo a nivel provincial para enfrentar a Frigerio, intuye un (por ahora soterrado) “sálvese quien pueda”: veamos cómo sobrevivimos en los municipios, porque a nivel nacional y provincial ya la dan por perdida. Por eso sorprende que sigan acudiendo al llamado del ex gobernador, convertido en lo que se denominaba en los 80 “un mariscal de la derrota”.

En cualquier caso el mensaje ambiguo, confuso, deprimente, es que a un corrupto condenado se lo perdona o defiende “si es de los nuestros”. Y se lo acompaña (aunque sea a disgusto, con cara de “no tengo más remedio”, esquivando las primeras butacas y las fotos) en su pretensión de victima perseguida por la justicia.

Y después se preguntan, extrañados, por qué la ciudadanía prefiere votar a un porteño trasplantado antes que a alguno de ellos.

 

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