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Apartaron del cargo al jefe policial de Colón denunciado por violencia de género

La ministra de Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, aseveró que el jefe de la Departamental de Policía de Colón, Héctor Omar Villalba, “fue apartado de su cargo en forma preventiva” tras la denuncia por violencia de género que pesa en su contra.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Romero planteó que “hay plena campaña y mañana es el último día en que se pueden hacer anuncios de obras y entregas de aportes en sede gubernamental” y dijo estar “en pleno contacto con la Justicia Electoral Nacional con presencia en la provincia para colaborar –como ya se hizo en las PASO- con la policía de Entre Ríos fuera de las escuelas y las fuerzas federales adentro de las escuelas”. “Estamos preparándonos para una celebración democrática como siempre son las elecciones”, resumió.

Mencionó además que “en Entre Ríos fue alto el porcentaje de votación en las PASO, fue del 73%, y es muy probable que sea mayor porque siempre hay una diferencia entre las PASO y las generales en favor de las generales, con lo cual estimó que “es probable que estemos en el 75% o más”.

En otro orden de temas, la ministra se refirió a la denuncia contra el jefe de la Departamental de Policía de Colón por violencia y amenazas y explicitó que “hay una medida cautelar, no hay declaración como imputado todavía pero fue apartado del cargo y desde la semana pasada está a cargo de la Jefatura Departamental el subjefe, Emiliano Piaggio”.

Confirmó que “hay una denuncia e inmediatamente después se iniciaron las actuaciones administrativas, y hay que estar atento a las resultas de la investigación judicial pero el apartamiento se tomó en forma preventiva dada la entidad y la gravedad de la denuncia”. “Es un apartamiento del cargo hasta que se resuelva la situación procesal, si es llamado a declarar como imputado varía la situación pero lo pronto esta apartado del cargo”, explicó.

Al respecto, indicó que sobre la temática “hay capacitaciones Ley Micaela que se están dando en toda la policía y el Servicio Penitenciario de toda la provincia” y planteó que “también se hace un examen psicológico muy minucioso en los ingresos a la fuerza, y justamente una de las cosas que se trata de indagar es cómo resuelven los conflictos y qué tan propensos al uso de violencia están porque el policía tiene un arma y hay que tener especial cuidado".

No obstante, aseveró que “ni bien tenemos noticia de una denuncia judicial que tenga andamiaje tomamos los recaudos hacia el interior de la fuerza sacándole el arma o corriéndolo de sus funciones hasta tanto se resuelva la situación procesal, y hay un proceso administrativo que comienza inmediatamente”.

De todos modos, analizó que “la policía como fuerza tiene los mismos problemas que tiene la sociedad, donde hay violencia de género; y por suerte tenemos en la agenda de la sociedad y de los Estados la temática y tomamos medidas al interior de la fuerza ni bien conocemos las situaciones”. “No estamos consintiendo ningún tipo de situación de violencia, sino por el contrario se actúa inmediatamente. Puede pasarnos que no nos llegue la noticia, pero ni bien llega una restricción judicial o una sentencia judicial, de inmediato se toman las medidas al interior de la fuerza”.

En este contexto, marcó que “ha sido un proceso” pero con el correr de los años “se logró mayor conciencia y mayor cuidado”. “En general los jefes están especialmente advertidos que cualquier situación de este tipo no será tolerada y hacemos una recorrida permanente sobre la temática. Creo que se ha logrado mucho pero estamos en un proceso donde está tan arraigado el patriarcalismo, el machismo y la concepción cultural de una suerte de propiedad del varón sobre la mujer que provoca que esto ocurra en la sociedad y en la fuerza policial también. Estamos en permanente tarea, pero todavía hay casos”, reflexionó.

La fuerza policial   

La ministra remarcó que “hubo 8.000 inscriptos” para ingresar a la fuerza policial entrerriana, de los cuales “no se llega a 400 ingresos” y destacó que “hubo muchos profesionales inscriptos, como abogados, veterinarios, médicos, psicólogos”.

“Nos va a costar muchísimo el proceso de selección porque hay que hacer entrevistas, exámenes psicológicos, y demás porque lógicamente queremos seleccionar a la mejor gente. Se trabaja bien en esos procesos de selección con muchísimos llamados, pedidos, exigencias”, señaló.

No obstante, también marcó que en ese proceso “también se van generando muchas vacantes porque muchos se dan cuenta que no es para ellos, tienen un fuerte entrenamiento físico, con armas y una cantidad de exigencias, que a muchos les cuesta por eso siempre hay un segmento que ingresa y se va”.

Sobre la gran cantidad de solicitudes de ingreso, Romero admitió que tiene que ver con la crisis económica: “Tiene mucho que ver con lo que ofrece la Policía como institución que no es solamente el sueldo sino también la estabilidad, y todo lo que conlleva como el servicio de salud especial–a la derecha del Instituto de Formación de Paraná se está construyendo una clínica policial- con lo cual el policía tiene una cobertura bastante completa, con otros aportes extra que no son sueldo puro lo que hace que haya mucha contención. Por eso es un trabajo apreciado”.

Conformación del STJ

Consultada al respecto, tras las vacantes producidas en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), Romero confió que “en algún momento el gobernador pensó no cubrir las vacantes” pero aclaró que “en los últimos días por la actividad del gobernador y los ministros no se ha conversado este tema puntualmente”.

“Seguramente lo estará considerando el gobernador; es un resorte que no dejó de analizar la reducción de miembros pero en las ultimas oportunidades que conversé, diría que estaba dispuesto a cubrir las vacantes. Pero en el último mes no hemos conversado este tema. Esto es una decisión política que debe tomar el gobernador”, explicitó.

Asimismo, explicitó que la reducción de miembros del STJ “implicaría sí o sí una reforma de la ley orgánica de tribunales porque hoy las Salas del Superior Tribunal son tres y están divididas con tres miembros cada una, y al funcionar con menos gente tendría que rearmar el diseño de las Salas”. “Es una decisión del gobernador que tiene que ver con varios factores y es una pregunta que hay que hacerle al gobernador”, sentenció.

En cuanto a su opinión personal sobre el funcionamiento del STJ, dijo: “No soy propensa a modificar esos aspectos una vez que están; no hace ni siquiera a la cuestión económica tener dos cargos más o dos cargos menos”. “Creo que las tres Salas funcionan bien con competencias específicas y no hay que olvidar el Superior Tribunal es el gobierno del Poder Judicial, es el órgano de gobierno del Poder Judicial no solamente tiene esas competencias específicas: civil y comercial, laboral o penal, sino que además tiene a su cargo el gobierno de todos los estamentos judiciales de la provincia, no solo de los jueces sino de todos los profesionales que son auxiliares de la justicia e integran el Poder Judicial. Y ese orden viene funcionando”, aseveró.

“Por eso es una decisión política del gobernador que tendrá que tomar más temprano que tarde para designar o proponer al Senado o no”, concluyó.

 

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