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OPINIÓN

Buscando jueces probos y honestos

El sistema judicial está en un profundo descrédito. Jueces que no pagan impuestos, que reciben “sobresueldos” y que fallan según soplen los vientos de la política. Está en marcha una reforma que puede ser positiva en lo procesal. El Consejo de la Magistratura, creado en 1994, no mejoró el sistema. Las causas de corrupción son eternas y los sectores populares no tienen acceso a los tribunales. Son problemas que deben por lo menos ser abordados por el Parlamento. Y por fin lo más difícil: jueces honestos y que fallen de acuerdo a derecho.

 

Por ANÍBAL GALLAY de EL MIÉRCOLES DIGITAL

 

Está en marcha un proyecto para reformar la justicia federal. Tedioso sería hacer un listado del aspecto técnico de las reformas. Pero es importante el hecho que se pasará a un sistema acusatorio. Esto es que la investigación estará a cargo del fiscal, con un juez de control. Se discutirá  también el número de integrantes de la Suprema Corte. Habrá fusión de juzgados, creación de otros, además de reformular el rol del Consejo de la Magistratura, y el traspaso de juzgados a la ciudad de Buenos Aires.

Pero estas cuestiones son menos importantes que la imperiosa necesidad que tiene la Argentina que haya jueces confiables, es decir que sean probos y honestos.

Los jueces federales, especialmente con competencia en Buenos Aires, tienen una avidez por el dinero que no deja de ser llamativo. Los jueces federales cobraron coimas durante todo el menemismo que preferían llamarlas “sobresueldos”. ¿Hubo algún juez digno que rechazara esa compra de voluntad? Ninguno.

A esto se agrega la Acordada 20 de 1996 en la que dejaron expresa constancia que no debían pagar impuesto a las ganancias. ¿Motivos? El impuesto era repugnante a la Constitución, porque reducía sus remuneraciones.  Se preguntó entonces ¿Y la igualdad ante la ley? ¿Y la igualdad ante las cargas públicas?  Ningún juez pudo contestar preguntas tan sencillas.

Teniendo en cuenta esta avidez desenfrenada por el dinero, no es descabellado pensar que reciben dádivas, y son propensos al cohecho o coima, como se suele decir.

Un párrafo también merece el hecho que los sectores populares no tienen acceso a la justicia. A pesar de que se puede litigar sin gastos, acceder a un abogado no está al alcance de todos quienes necesitan que un juez  resuelva un conflicto.

Lo que necesita la reforma judicial es que asuman jueces que tengan por mira la distribución de justicia y no réditos personales. En la citada Acordada de 1996 sostenían que si se los obliga a pagar el impuesto a las ganancias se vería menguada su independencia.  Es exactamente lo mismo decir que “si tenemos que pagar impuestos, nos veremos obligados a aceptar dinero de otras fuentes”.

Y es siempre llamativo que los delitos de corrupción no lleguen nunca a ser esclarecidos, salvo excepciones, a pesar que siempre se asegura que se continuará hasta las últimas consecuencias.

Para la oposición macrista esta reforma tiene como finalidad consagrar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández.  Es una afirmación contrafáctica, de modo que no tiene sustento alguno.

Y en estos últimos años se ha hecho un abuso descarado de algunos institutos. Tal el caso de la prisión preventiva. La ley dice que debe durar un año y pueda extenderse a un año más y un tercer año si la causa es muy compleja. Así y todo hay procesados que han estado cuatro años, convirtiendo una medida cautelar en el cumplimiento de una pena anticipada.

Y aunque mucho se podría agregar será suficiente con mencionar algunos inventos realizados por jueces que se suponen conocedores del derecho. Así la doctrina Irurzum sostuvo que un ex funcionario  podía entorpecer la causa, porque aunque ya no era funcionario podía influir por haber sido funcionario.  El caso del juez Bonadío quien procesó a la actual vicepresidenta por “traición a la Patria”, en relación a un tratado con Irán. Es tan torpe que no resiste un mínimo análisis. Solamente decir que para la existencia de “traición a la Patria” tiene que haber un estado de guerra. La Constitución lo establece.

Un párrafo también merece el hecho de que los sectores populares no tienen acceso a la justicia. A pesar de que se puede litigar sin gastos, acceder a un abogado no está al alcance de todos quienes necesitan que un juez  resuelva un conflicto.

En definitiva nada se habrá avanzado en esta reforma si la República no puede contar con jueces probos, honestos, austeros y además que fallen de acuerdo a derecho.  No se trata solo de cuestiones procesales, sino de aspectos que involucren  principios y valores. Será difícil.

rubengallay@hotmail.com

 

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