El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Ingresó un proyecto para modificar el organismo que juzga a los magistrados. Los antecedentes le dan fuerza a la reforma. Los cambios al Código Procesal Penal, en marcha.
Por FEDERICO MALVASIO de PÁGINA JUDICIAL
La agenda judicial dio un giro con la designación de Julián Maneiro en la Secretaría de Justicia. El primer paso fue tomar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados con la negativa del bloque mayoritario de la oposición y buena parte de la comunidad judicial. Al texto se lo abrió y las sugerencias de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos serán tenidas en cuenta, como adelantó Página Judicial.
La reforma del Código Procesal Penal, otro de los temas sensibles que habían quedado en un limbo, también será parte de los proyectos que se pretende darle sanción antes de fin de año. Para avanzar en ese sentido, Maneiro designó a un hombre con volúmen en la materia y que no es desconocido para el peronismo. A través de la resolución 046 del 1° de agosto se designó a Rubén Virué para coordinar un ámbito de intercambio. En el primer artículo de esa resolución se convoca al Superior Tribunal de Justicia a los ministerios Fiscal y de la Defensa, la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía, y las universidades Católica, del Litoral, Uader y Concepción del Uruguay.
En la Legislatura ingresó un proyecto interesante. Es una reforma al Jurado de Enjuiciamiento, un órgano que quedó en el ojo de la tormenta cuando fue juzgada Cecilia Goyeneche. La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionó el proceso al entender que la Constitución no deja dudas cuando establece que es el Ministerio Público Fiscal el que debe acusar. En el caso de la procuradora adjunta se dio una anomalía: el procurador, es decir el acusador, también estaba denunciado. Pero además, cualquier fiscal en el lugar de acusador ponía en dudas la imparcialidad del proceso. El organismo que conduce Jorge Amilcar Luciano García se jacta, en la propia ley que los rige, de ser verticalista. La pregunta que se hizo en ese momento el Jury fue: ¿Puede un súbdito acusar a su jefe? La respuesta fue designar un fiscal ad hoc.
El proyecto que ingresó al Senado con la firma de la legisladora justicialista Patricia Díaz viene a resolver este problema que se planteó. La solución se lee en el artículo 11 cuando dice que “ante el Jurado actuará como Fiscal quien se desempeñe como tal ante el Superior Tribunal, siendo designado en el momento de darse curso a la denuncia y actuando con independencia e imparcialidad en representación del interés público”, pero aclara que “en el caso de que el denunciado sea un miembro del Ministerio Público Fiscal, el rol de acusador será ejercido por un abogado de la matrícula que cumpla los requisitos para ser juez y forme parte de la lista de voluntarios, en atención a los principios de jerarquía y unidad de actuación”.
Un proyecto similar, en el marco del caso Goyeneche, había presentado el entonces diputado del PRO, Esteban Vitor, en la Cámara de Diputados.
La iniciativa decía que “en el caso de que el denunciado fuere un miembro del Ministerio Público Fiscal actuará como fiscal ante el Jurado un abogado con matrícula vigente en la provincia, que además cumplimentare con los requisitos para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y que se encontrarse inscripto en el registro que a tales fines llevará el Colegio de la Abogacía quien, previa desinsaculación, designará al profesional que actuará como fiscal y a su suplente”. A continuación el proyecto:
En el artículo 15, en el que se enumeran las causales, el proyecto de Díaz introduce otra reforma, referida a una instancia anterior a la destitución o no de un magistrado. “Para las causales de menor gravedad, tales como morosidad reiterada o inobservancia de disposiciones, podrán aplicarse sanciones progresivas, que incluyan advertencias o multas, antes de considerar la destitución”, propone. En el jury a Goyeneche quien propuso una sanción antes ue la destitución o absolución, cosa que la ley actual no comprende, fue el diputado Gustavo Zavallo, que integraba el Jurado.
Un tema a resolver parece tener el apoyo de las principales fuerzas legislativas. Se verá si desde ese poder se es capaz de avanzar con la reforma, sin que lo aborten desde el otro lado de Plaza Mansilla.
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