El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La legisladora nacional oriunda de Concepción del Uruguay no ahorra críticas a la Reforma Laboral que fue aprobada, "lo que votaron no es modernización, es un ajuste con moño amarillo".
Por MARIANELA MARCLAY (*)
Mientras el oficialismo celebraba a los ponchazos la aprobación de la llamada "Ley de Modernización Laboral", me retiraba del recinto con la certeza de haber sido testigo de la mayor operación de desguace de derechos laborales desde el retorno de la democracia. Lo que votaron no es modernización, es un ajuste con moño amarillo.
Me duele decirlo, pero hay que llamar a las cosas por su nombre: esta ley no moderniza nada, lo que hace es legalizar el despido barato, precarizar el trabajo y regalar plata de los jubilados a los bancos.
Me dijeron: "Diputada, es una ley moderna, hay que adaptarse". Y yo respondo: modernidad no es sinónimo de precariedad; podemos tener plataformas digitales con derechos, flexibilidad sin perder protección, inversiones sin saquear las jubilaciones. Lo que no podemos hacer es disfrazar de libertad lo que es puro ajuste.
Con esta nueva legislación, la indemnización pasó a ser un "quizás". Antes, quien era echado sin causa, tenía derecho a cobrar el equivalente de un mes por año trabajado. Ahora, con esta reforma establecen un tope de 3 veces el salario de convenio; no cuentan el aguinaldo ni las horas extras para el cálculo; quien tiene un buen sueldo, su indemnización se achica hasta un 40%; y si el convenio lo permite, pueden cambiar toda la indemnización por un fondo de cese manejado por un banco.
¿Y si la empresa quiebra? En ese caso, suerte con el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), un desvío de 4.000 millones de dólares anuales de las jubilaciones a cuentas privadas administradas por bancos. Sí, como leen: la plata que iba a la ANSES para pagar jubilaciones, ahora irá a un fondo privado para pagar despidos. O sea: los jubilados de hoy y de mañana financian el "derecho" de las empresas a echar gente de manera más barata.
Por su parte, el trabajador de aplicaciones es condenado a ser "prestador independiente de plataformas", sin derecho a vacaciones, aguinaldo, indemnización por despido, ni obra social pagada por la empresa.
Además, esta precarización integral quita fuerza a los convenios de trabajo. Si un convenio colectivo vence y no se renueva, pierde vigencia la parte obligacional (la que protege al sindicato). El sindicato se queda sin herramientas para influir, y el trabajador pierde representación. Asimismo, si hay conflicto entre un convenio de empresa y uno de actividad, gana el de empresa.
Afortunadamente, debieron eliminar el artículo 44, que establecía algo escalofriante: quien se enferma por hacer deporte, cobra el 50% del sueldo; si es una enfermedad común, el 75%. Lo sacaron porque no les quedó otra, pero la filosofía quedó: la salud es un gasto, no un derecho.
Como Diputada Nacional, juré defender la Constitución, que en su artículo 14 bis establece claramente: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes"; sin embargo, esta nueva ley no protege al trabajo, sino que lo expone como mercancía.
Por eso, mi voto fue en contra de la reducción de indemnizaciones, el desvío de fondos jubilatorios, la precarización de trabajadores de plataformas, el debilitamiento de convenios colectivos, el recorte de salarios por enfermedad, el pago de sentencias en cuotas y la limitación de la tutela sindical.
Jamás votaré a favor de un proyecto que vulnere los derechos del sector social más grande del país, y cuya conquista fue producto de años de lucha de nuestro pueblo, que escribe la historia más allá de las leyes que pueda impulsar cualquier gobierno antipopular.
(*) Diputada Nacional.
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