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Abogado defensor Miguel Ángel Cullen, juez Eduardo Flores y abogada defensora Patricia Valín.

Declaró el juez Flores en el juicio en su contra

Eduardo Flores cerró la producción de prueba en el proceso que se sigue en su contra por supuesto mal desempeño de funciones y violencia laboral. Empezó sus explicaciones alrededor de las 2.10 de este jueves y concluyó después de las 17.30. Estuvo más de tres horas hablando, mediando un cuarto intermedio breve, de 15 minutos. Durante el primer tramo y buena parte del segundo, ahondó en explicaciones sobre cuestiones procesales, en relación a la denuncia de los abogados Matías Melgares y Amadeo Fernández.

 

N.B de ANÁLISIS

Sólo sobre el final de su exposición se ocupó de contestar a las acusaciones más densas. Aseguró que Natalia Bordín, su ex secretaria y con quien compartían un vínculo de amistad, falló en las tareas encomendadas.

Dijo que demoró inexplicablemente expedientes y él, en su rol de juez, nunca lo toleraría. Dio un marco de legislación internacional para explicar su idea de un reglamento para empresas que, definitivamente, terminó siendo un proyecto de oficina virtual para recibir denuncias de violencia de género y laboral en las organizaciones.

Reprobó decididamente que Natalia Bordín haya ido a visitar a sus ex compañeros de trabajo una vez que había renunciado y sostuvo que se sintió “amenazado”. Evitó dar explicaciones por lo que pasó en el estudio de la Dra Norma Aguet con la abogada Leylén Irungaray y su esposa, Julia Peragallo.

Tampoco dijo nada sobre el encuentro que tuvo con José Merello y la comunidad de bienes que compartía con José Rebacco, marido de Bordín. Sí afirmó que, en realidad, Rebacco le debía dinero a él, que la deuda continúa y está judicializada. Sostuvo que el vínculo laboral con Bordín se resintió a raíz de un supuesto desempeño laboral deficiente y la relación se enfrió cuando él supo que Bordín lo insultaba con el resto de compañeros. Y la responsabilizó a ella de quebrar su amistad con Rebacco.

La continuidad del proceso será el lunes desde las 10. Se escuchará el alegato del procurador Jorge García y de los defensores Miguel Cullen y Patricia Valín. El Jurado que componen los representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Verónica Mulone y Luis Leissa, los legisladores Gustavo Zavallo y Armando Gay, y los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Carubia, Gisela Schumacher y Leonardo Portela, tomará una decisión en base a los pedidos de las partes. La ley 9.283, que ha sido fuertemente cuestionada en el último tiempo por distintos aspectos y rige el proceso, sólo prevé la remoción o restitución en el cargo de un funcionario enjuiciado. No así, por ejemplo, la aplicación de sanciones disciplinarias.

“Nunca tuve animosidad en las sentencias”

Flores rechazó los dichos de los abogados Fernández y Melgares. Retomó cada uno de los expedientes mencionados por los letrados y ahondó en cuestiones procesales, por momentos con un lenguaje cerrado, citando normas y artículos.

“Nunca entendí que mis decisiones se prestaban a confusión”, dijo casi al inicio sobre un expediente y aseguró que los abogados lo hicieron incurrir en un error por lo que, posteriormente, tomó cuidado. Aseguró que en otro caso reclamaban un pago de una ART en su Juzgado, cuando en realidad no se trata de una cuestión que amerite una evaluación judicial.  “Las partes se presentaron pretendiendo que una ART abone por un trabajador fallecido. El pago de esa prestación no amerita acto judicial, dispuse el rechazo porque no es algo que deba evaluarse en un Juzgado, mi rechazo quedó firme”, acotó.

Más adelante explicó cómo se hacen cálculos de liquidación y advirtió que en un expediente la demanda estaba mal calculada, lo cual perjudicaría a la beneficiaria. “Esto es el ejercicio de la magistratura, no hay animosidad”, apuntó.

“Estaba para controlar que no se cometan groseros errores de derecho, es el ejercicio de la magistratura”, subrayó después y marcó que sus “parámetros de trabajo no deben coincidir con el parámetro de trabajo” de sus colegas.

“Cuando presentaban una demanda, me hacía las preguntas que se hace la parte demandada”, dijo y recordó que durante la pandemia organizó un grupo de WhatsAppdel que participaron más de cien profesionales. “Fue muy útil”, valoró.

“Si los abogados no consiguen lo que buscan en mi Juzgado, porque no convalido las condiciones en las que deciden emprender una demanda e intentan en otro Juzgado donde sí les aceptan las demandas, no hay nada que deba responder sobre eso. Cada Juzgado tiene sus propios modos. Si en otro lugar lo aceptan así, que el trabajador se defienda en esas condiciones, es cosa de otro Juzgado y no tengo nada que decir”, manifestó y añadió: “Las exigencias y pautas de trabajo son iguales para todos”.

Describió distintos episodios en los que, supuestamente, no quedaron claros los movimientos de los letrados denunciantes. “En una oportunidad recibimos una contestación de demanda sobre un expediente que ni siquiera estaba armado en el despacho. Más tarde apareció un trabajador al Juzgado, solo, a firmar algo que no sabía que era. Se trataba del acuerdo con la empresa que habían dejado los abogados para homologar. Le exhibimos el convenio al trabajador y reconoció que el acuerdo era por menos dinero del que le debían. Era una demanda con defectos notorios”, puso como ejemplo. “Todo este tipo de cuestiones genera resquemor con los profesionales”.

En otro tramo aseguró que la subasta de un inmueble en cuestión, algo que salió en las audiencias los días previos, se terminó anulando porque nunca se hizo una constatación de domicilio. “No fue como se dijo acá, que se subastó un inmueble que no había que subastar. Es que hubo un acto judicial que no se concretó y fue la constatación de un domicilio”.

Según reconoció, la subasta se efectuó, apareció un comprador, pagó y después se le devolvió el dinero porque el acto debió anularse. Había una familia viviendo en la casa y nadie le había notificado a las personas del proceso judicial.

“El letrado ejecutante había retirado el mandamiento de constatación de domicilio. Por ese motivo, los ocupantes del inmueble nunca conocieron la existencia del proceso. Todo esto está prolijamente descripto en mi resolución”, dijo y añadió: “Había un acto judicial que realizar. No se había constatado el bien de la subasta. En esas audiencias pudo haber resquemor de los letrados. Defendí la legalidad del proceso aunque eso lleve a anular una subasta, pero primero estaba el derecho de una familia del acceso a la vivienda”.

“Jamás actué con violencia hacia ella”

“No desconozco la situación en la que está la ex secretaria pero no soy el causante. Jamás actué con violencia hacia ella. La denuncia es inexacta. Acá no hubo un testimonio que corrobore el maltrato de mi parte con ella”, introdujo Flores.

El magistrado está suspendido y este jueves le pidió por favor al Jurado que no demore su decisión, porque está sin trabajar desde diciembre. Aseguró que después que Bordín asumió como secretaria, en marzo de 2020, con el transcurrir de los meses fue revisando todos los expedientes en el Juzgado y comenzó a encontrar algunos “paralizados”.

Argumentó sobre la “celeridad judicial”, sobre todo en los procesos laborales. “Naturalmente cuando encontré el primer expediente paralizado, eso no generó un quiebre en la relación. Se lo hice saber a la secretaria, lo detecté yo. Es verdad que tengo una memoria importante. Cuando voy a buscarlo, le hice ver que el expediente no había sido detectado y estaba paralizado. No me interesa por qué está paralizado, si es por desidia del abogado que no pudo o qué pasó”.

Flores dijo que encontró, también, expedientes cruzados porque una empleadora pedía quitarle la tutela sindical a un trabajador que finalmente se presentó a trabajar. Ambos finalmente desistieron de las acciones judiciales. “La patronal operó en forma inmediata, porque así funciona cuando desiste. Pero el trabajador debe desistir personalmente de la acción. Nunca se presentó en el Juzgado y eso estuvo un año así. Si al trabajador se le ocurría un año después continuar con la acción porque nunca se presentó a desistir, iba a generar un gran problema porque la empleadora había quedado un año atrás con su reclamo. ¿Qué explicaciones podía dar yo ahí? Eso  se solucionaba con una llamada. Ella dijo que lo llamó y el trabajador nunca se presentó. Pero entonces se solucionaba con una videollamada”, declaró. “Hay que revisar los estantes”, subrayó después.

Más adelante dijo que encontró “expedientes parados por seis meses” y hasta “un año”. Reconoció que se pasó una feria de enero, cuando no había nadie en tribunales, yendo de mañana y de tarde al Juzgado para revisar todos los casilleros y detectar expedientes “paralizados”.

“No trabajamos para que se presenten estos problemas”, dijo y reconoció que cuando la ex secretaria retornó de su licencia le reclamó. “Nos pagan demasiado bien para que estas cosas se nos escapen. Bajo ningún punto de vista podemos demorar los casos con el flujo de trabajo que hay en el fuero laboral”.

Las supuestas faltas de la ex secretaria, que entre numerosas tareas dijo reiteradamente que debía hacer las liquidaciones de sentencias, nunca fueron trasladadas al resto de los empleados según Flores. “Nunca le trasladé a los empleados esta cuestión. Sí sabía cómo ella se dirigía a mí con los otros empleados. Esto está lejos de ser una persecución. Le pedí un listado informando sobre causas paralizadas. Es tan simple como relevar la marcha de los expedientes. Eso fue todo”.

Así enumeró distintas causas “paralizadas”. “Las labores de un secretario están enunciadas en la orgánica del Poder Judicial. Esto no es personal sino institucional. No la denuncié en el STJ como dijo Brenda Grantón acá, sólo informé al STJ para que estuviera al tanto de la situación, no pedí la remoción de su cargo. Nunca quise que se vaya, ella se apresuró a renunciar”, dijo.

“Reglamento”

Flores dijo que su idea de un reglamento estaba basada en normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que, en caso de que las organizaciones no se adecúen, quedaría la puerta abierta para reclamos sindicales y obreros. Admitió que invitó a Bordín a trabajar en el proyecto que, finalmente, tomó forma de una sencilla oficina virtual para recibir denuncias de violencia laboral y género.

“Ella primero le dijo que sí y buscó información. Después le dijo que no y bueno, fue eso”. No era para las empresas avícolas, sino algo genérico para organizaciones. “Terminé desechando el reglamento y me dediqué a hacer el diseño de una oficina de violencia virtual, para denuncias por violencia doméstica y de género”.

Dijo también que nunca la vació de tareas a la ex secretaria. “En la denuncia ella dijo que le saqué las liquidaciones de sentencia, pero una sentencia es mi tarea, las sentencias son mías. En el caso de que no quisiera hacer las liquidaciones porque quería pasar rápido a otra sentencia, para eso está el despacho del asistente contable de la Sala Laboral, que está un piso más abajo en Concepción del Uruguay. Nunca pretendí que el asistente contable me liquide las sentencias porque tiene el escritorio lleno. No sólo que las liquidaciones de sentencia no están entre las funciones de una secretaria”, marcó y más adelante reconoció que él puede formar a una persona de su Juzgado para que lo haga, tal como ocurrió con Lorena Loggio. “Bordín también dijo que ella controlaba las sentencias, pero cómo si son mis sentencias”, reiteró.

“Ella denunció que le quité tareas naturales del juez cuando le dejé de hablar. Dijo que pedirle un listado de causas fue una orden de desconfianza cuando en realidad es una herramienta de trabajo. Necesitaba el listado para trabajar sobre él. Además, ella podía disponer que alguien más lo hiciera, es insólito. Nunca la maltraté ni me manejé mal. Sí paulatinamente, conforme se iban desarrollando algunos acontecimiento y sabiendo que ella se dirigía a mí como un payaso, fue desapareciendo la simpatía. Yo era muy amigo de su marido. Pero ni siquiera en esos momentos perdí la compostura con ella”, manifestó.

Casi sobre el final dijo que la relación con el esposo de Bordín “se quebró abruptamente por lo que pasó con ella”. “Tuve un problema con ella que derivó en una ruptura con su esposo”.

Por último se refirió a Laura Nomellini y Lara Goycochea, las dos empleadas que pidieron permutar su cargo y salir del Juzgado de Flores. “Dejó de haber respeto hacia mí. Bordín ingresó sin pedir autorización a la oficina y eso fue deliberado”.

“Cuando yo gané el concurso y titularicé ahí, me presenté por Mesa de Entradas. Ese es el modo de ingresar a un Juzgado, presentarse en Mesa de Entradas. Aunque no es su ingreso lo que tanto me molestó, sino lo que se dijo en la reunión. Me consideré amenazado. Y ejercí mi derecho ciudadano de informar esta situación. ¿O tengo que ir yo y solucionarlo por mano propia? Los denunciantes hubiesen querido que lo haga. Es un acto de indisciplina cometido en el lugar de trabajo y en horario de trabajo. No tienen por qué quererme, sí tenemos que respetarnos. Pese a todo, no activé ningún sumario”, completó.

 

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