El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El pedido de informes propone “evaluar la situación actual del sistema provincial y contribuir a un debate responsable frente a los desafíos que plantea esta problemática”, en relación a la situación de menores en conflicto con la Ley. Entre otros puntos pide saber la cantidad actual de adolescentes privados de libertad en la provincia, su edad, situación procesal y lugar de alojamiento.
Este jueves ingresó a la Cámara de Diputados un pedido de informes de diputados del bloque peronista en el que se solicita al Poder Ejecutivo que informe “sobre la infraestructura carcelaria, centros de guarda, detención, custodia y tratamiento para adolescentes infractores de la ley mayores de 14 años en el ámbito del Servicio Penitenciario de la Provincia de Entre Ríos, así como el número de equipos técnicos interdisciplinarios disponibles para su atención, detallando cantidad, ubicación, capacidad de alojamiento y nivel de ocupación de los establecimientos existentes”.
También propone que se precise “si existen en la provincia establecimientos o sectores específicos destinados al alojamiento de personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal, indicando su dependencia administrativa y condiciones de funcionamiento”.
Entre la información se solicitó que se precise “la cantidad actual de adolescentes privados de libertad en la provincia, indicando edad, situación procesal y lugar de alojamiento” y “la capacidad total del sistema penitenciario provincial, cantidad de plazas disponibles y cantidad actual de personas privadas de libertad”.
Finalmente se requirió que se informe “si el Poder Ejecutivo provincial cuenta con planes de ampliación de infraestructura, construcción de nuevos establecimientos o adecuación de los existentes ante una eventual modificación del Régimen Penal Juvenil a nivel nacional” y que se “detalle los programas educativos, de salud, asistencia psicológica y reinserción social destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal”.
La nueva Ley Penal Juvenil reabre un debate
El autor del proyecto, el diputado Enrique Cresto, sostuvo que “la nueva Ley Penal Juvenil (Ley 27.801) de modificación del actual Régimen Penal de Minoridad (Ley 22.278), que disminuye a 14 años la edad de imputabilidad, reabre un debate profundo sobre la capacidad real que tienen las provincias para implementar una reforma de estas características”.
En aquella línea aportó que “la modificación del régimen penal juvenil implica nuevas responsabilidades para los sistemas institucionales provinciales, que deben garantizar lugares adecuados de alojamiento, equipos técnicos especializados y programas de abordaje específicos para adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Crecimiento muy significativo
En el caso de la Provincia de Entre Ríos, Cresto puntualizó que “la información disponible indica que el sistema penitenciario ha experimentado un crecimiento muy significativo en las últimas décadas. Mientras que alrededor del año 2000 la población carcelaria rondaba las 700 personas privadas de libertad, en la actualidad se aproxima a las 2.800 o 2.900 personas detenidas, lo que implica que en aproximadamente veinticinco años el sistema prácticamente se ha triplicado”.
Asimismo, corresponde señalar que la última ampliación relevante de infraestructura penitenciaria se realizó durante la gestión provincial anterior, particularmente en la Unidad Penal N.º 9 – Granja Penal El Potrero, donde se ejecutaron obras con financiamiento del Gobierno Nacional que incluyeron la construcción de nuevos pabellones y la incorporación de infraestructura sanitaria destinada a la atención de la población carcelaria.
Niveles de ocupación elevados
Cresto señaló que “sin perjuicio de dichas inversiones, distintos informes advierten que varias unidades penitenciarias funcionan actualmente con niveles de ocupación elevados, lo que genera interrogantes sobre la capacidad del sistema para afrontar nuevas demandas. El abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal requiere dispositivos específicos y personal especializado conforme lo establecen la legislación vigente y los tratados internacionales en materia de derechos de la niñez”.
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