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Discapacidad: reclaman que en plena cuarentena les recortan 50 por ciento los aportes a las instituciones y el IOSPER suspende prestaciones

Denuncian que la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación redujo al 50 por ciento el pago a las instituciones y transportistas durante la cuarentena, y que el IOSPER suspendió las prestaciones. Piden que intervenga el Presidente de la Nación para que no se afecte a las personas más vulnerables.

 

Por A.S. y J.R.D. de EL MIÉRCOLES DIGITAL

Foto de portada: "Fundación La Casita".

 

Una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación recorta al 50 por ciento el pago de prestaciones básicas a las instituciones de discapacidad. La decisión –que generó alarma y consternación en el país– se agrava en Entre Ríos  con una decisión del IOSPER que prorratea aportes y suspende prestaciones. Las instituciones expresaron un reclamo nacional al Presidente ante el temor de que la situación afecte de manera inmediata los derechos de las personas con discapacidad. El Miércoles Digital dialogó sobre el tema con Delia Vinzón, una de las referentes de “La Casita”.

Las prestaciones que brindan instituciones como los centros de día y centros educativos terapéuticos a las personas con discapacidad, se ven seriamente afectadas por estas disposiciones nacionales y provinciales. Por ley, las instituciones perciben ingresos solo a través de las facturaciones a las obras sociales, precisamente lo que se recorta a la mitad, y que el Iosper directamente suspendió hasta nuevo aviso o se levante la cuarentena.

La decisión afecta a instituciones como la Fundación “La Casita”, de Concepción del Uruguay. Y agrava problemas previos: ya venían cobrando con atrasos, recién están percibiendo octubre y noviembre de 2019. A eso se le agregan desfasajes anuales con respecto a la inflación: el año pasado sólo pudieron ajustar un 5 por ciento, cuando la cifra anual de inflación superó el 50 por ciento.

 

EL HILO POR LO MÁS DELGADO

A esta decisión se le agrega que no saben si podrán seguir facturándole al Iosper porque la última resolución “suspendió todo hasta el 31 de marzo” adhiriendo a la disposición de la Agencia Nacional de Discapacidad  que “suspendió por criterios epidemiológicos  las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad de la ley 24901 (…), sus modificatorias y complementarias que a continuación se mencionan: centros educativos terapéuticos, centros de día, servicios de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión educativa y modalidades de prestaciones de apoyo”. De abril en adelante no se sabe nada. Dependerá de la prolongación de la cuarentena.

Pero al igual que escuelas y colegios, y con metodología similar, profesionales de las instituciones siguen en contacto permanente con los concurrentes. Mientras tanto, las instituciones también envían material impreso a las familias, como así también bolsas de alimentos. ¿Cuál sería la justificación para recortar los sueldos o la facturación?

Delia Vinzón marca: “Nosotros que al igual que todos, estamos cumpliendo con el Aislamiento, Preventivo y Obligatorio, seguimos dando asistencia, desde contención psicologica, videos de los asistentes y docentes, fonos, kinesio, no se deja de brindar la atención”.

RECLAMOS NACIONALES Y PROVINCIALES

A nivel nacional circuló una convocatoria (ver imagen) que sin embargo tuvo poco eco en medios de comunicación. También un video, grabado por un referente de la discapacidad, donde Germán Ejarque, presidente de la ‘Asociación Por Más Inclusión’, le pide al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que intervenga en la situación y deje sin efecto esta resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud.

“Quiero pedirte que intervengas en una situación que, como miembro de un colectivo que involucra a más de 5 millones de argentinos y argentinas, nos está preocupando mucho”, remarcó Ejarque.

En la provincia, familiares e instituciones circulan por las redes un breve video donde explican: “Debido a la pandemia por Covid-19 las organizaciones que trabajamos con personas con discapacidad en la provincia de Entre Ríos nos encontramos en una situación crítica: el 19 de marzo de 2020 el presidente del Instituto de Obra Social de la provincia (Iosper) envió una resolución número 486 en la que dispone que la facturación del mes de marzo deberá ser prorrateada, es decir no se podrá facturar el mes completo. Dicha resolución no respeta el decreto emitido por el Presidente de la Nación Alberto Fernández, dejando a sus afiliados con discapacidad en una situación de desprotección. ya que teniendo en cuenta la deuda existente no podremos hacer frente al pago de sueldos de los profesionales y docentes. Es nuestro compromiso continuar trabajando y brindando servicios de calidad y para eso necesitamos poder cumplir con los plazos y montos de los pagos”.

 

 

INSENSIBILIDAD

Delia Vinzón es vicepresidenta del Consejo de Administración y socia fundadora de la Fundación “La Casita”, institución de renombre y muy reconocida entre quienes conocen la labor que realizan.  En diálogo con este sitio contó cómo se enteró de la medida “el Estado saca en el Boletín oficial una disposición retroactiva al 20 de marzo, desde allí se nos reduce el 50 por ciento del valor de la facturación”.

La decisión nacional del recorte al cincuenta por ciento.

“En la fundación, el 1º de abril ya le pagamos marzo al personal, y ahora vemos que los últimos diez días no nos reconocen la parte integral del tratamiento sino solamente el 50 por ciento. Nos sentimos muy mal, parece que el hilo se corta por el lado más débil, que son los viejos y las personas con discapacidad”.

Explicó que las instituciones que trabajan con la discapacidad han luchado de manera conjunta en estos días para que se pueda reconocer el tratamiento de las personas con discapacidad durante estos días de cuarentena. Los fondos que reciben están conformados por la Ley de Cheques y por los aportes de los propios afiliados al sistema. Todo eso va a un fondo de redistribución solidaria, y desde allí se pagan los tratamientos de alta complejidad, y también los tratamientos de las personas con discapacidad.

“Las obras sociales están atrasadas y mucho. Estamos recién percibiendo la facturación de octubre y noviembre de 2019. Y nosotros estamos dando asistencia, desde contención psicológica, docentes, kinesiología, nutrición etc. Son cuarenta profesionales los que trabajan con nosotros. Hay gente como ordenanzas y cocineros que dependen de lo que le pagamos”.

En "La Casita" son 45 chicos los que asisten, de los cuales doce lo hacen en la modalidad de jornada simple (mediodía), el resto lo hace en jornada doble, es decir mañana y tarde. “Es muy complicado para estos chicos no recibir la atención, para los padres, aquel que tiene alguien cercano que lo sufre, sabe bien de qué se trata y la importancia que tiene” agregó. Allí no hay modalidad de alojamiento. Funciona como una escuela.

 

El reclamo y advertencia que hicieron circular en todo el país. Pero no tuvieron respuestas del Gobierno.

CÓMO ES EL SISTEMA

Las instituciones que trabajan con personas con discapacidad –centros de día, centros educativos terapéuticos y centros de aprestamiento laboral– prestan “un servicio federal”.  Para facturar deben regirse por un nomenclador determinado por la Superintendencia de Servicios de Salud, es el órgano responsable de la regulación y control de los actores del Sistema Nacional del Seguro de Salud (SNSS). Es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación (MSN) y tiene como objeto principal la fiscalización de las obras sociales e institutos previstos en la ley 23.660 así como las entidades de medicina prepaga, acorde lo previsto por la ley 26.682. Además de los valores económicos también determina su forma de funcionamiento, y cada provincia adhiere, como lo hace Entre Ríos. En el caso de las obras sociales entrerrianas se rigen por las disposiciones de la Provincia, las nacionales lo hacen directamente con la Superintendencia. Todo lo determina la ley 24901.

LAS MEDIDAS

En su resolución 308-2020 del SNSS emitida el 6 de abril, se resolvió que durante el período de cuarentena a las prestaciones de centros de día, centros educativos terapéuticos y centros de aprestamiento laboral con modalidad de jornada doble se le computaran los valores correspondientes a la jornada simple, y para aquellos categorizados con la modalidad jornada simple,  independientemente de su categoría, se contemplará la facturación del 50 por ciento del valor correspondiente al nomenclador vigente. Eso es para las obras sociales nacionales.

En Entre Ríos se suma el agravante de que el Iosper sacó una resolución el 19 de marzo donde en su artículo 3 dice que “dispone que al momento de la liquidación de las facturaciones respectivas se procedan a realizar los prorrateos correspondientes”, traducido significa que solo les pagarán hasta el 17 de marzo, fecha en el que el Iosper adhirió al asueto administrativo público hasta el 31 de marzo en adhesión al decreto Presidencial.

Las resoluciones del Iosper.(Hacer click para agrandar la imagen).

Incluso en el artículo 1 dejaron en claro que se “suspenden (…) hasta el 31 de marzo las prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad de la ley 24901 (…) adherida por la ley provincial 9.891, que a continuación se mencionan: centros educativos terapéuticos, centros de día, servicios de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión educativa y modalidades de prestaciones de apoyo”.

El artículo 2 indica que “la presente medida comprenderá el período de aislamiento social preventivo, obligatorio y será plausible de modificaciones y/o ampliaciones de acuerdo a las decisiones que adopte el Gobierno Nacional en relación al COVID-19”. Es decir que no se sabe hasta cuándo seguirán en esta situación y por lo tanto no les abonarán a estos centros las prestaciones del servicio.

 

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