El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Hay delitos que no solo violan la ley. Hay prácticas que erosionan algo más profundo: el pacto mínimo que sostiene a una sociedad. El desvío de alimentos destinados a los sectores más vulnerables no es apenas una irregularidad administrativa ni un desliz en la gestión; es una fractura moral.
En Entre Ríos, una investigación judicial en curso comenzó a correr el velo sobre una operatoria que convierte al hambre en mercancía y a la política social en un instrumento de apropiación indebida.
La causa, impulsada por la Fiscalía a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrul, derivó en una serie de allanamientos simultáneos que dejaron al descubierto una estructura organizada para la descarga, acopio y utilización irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. Los hechos investigados ocurrieron en diciembre de 2025, pero sus consecuencias políticas, institucionales y éticas recién comienzan a desplegarse.
No se trató de un hallazgo fortuito ni de un episodio aislado. Los procedimientos judiciales alcanzaron al menos tres inmuebles -con un cuarto punto ya identificado- y permitieron secuestrar una cantidad significativa de alimentos, teléfonos celulares y anotaciones que ahora forman parte del cuerpo probatorio. La simultaneidad de las medidas y la diversidad de los lugares allanados ofrecen una primera certeza: la operatoria requería logística, coordinación y capacidad de acopio. Nada de eso sucede por azar.
Una red que no improvisa
Los allanamientos se realizaron en la ciudad de Paraná e involucraron a una propiedad ubicada en inmediaciones del numeral 2300 de calle Facundo; otro en la intersección de Virgen de Luján y Los Talas (esta propiedad estaría vinculada a Rosana Mabel Toso (concejal de Paraná e integra el bloque Juntos por Entre Ríos); y un tercero en Ceferino Namuncurá y Cortada 620. En todos los casos, el resultado fue ampliamente positivo para la investigación: se secuestraron alimentos pertenecientes al Estado provincial y material de interés para la causa.
La lista de productos incautados no deja lugar a dudas sobre su origen ni su destino original: leche en polvo, aceite, harina, fideos, polenta, cacao, mermelada, dulce de leche, lentejas, arroz, yerba, puré de tomate, azúcar y galletitas. Es decir, el núcleo duro de la asistencia alimentaria básica. Aquello que, en el diseño de la política pública, está destinado a garantizar la subsistencia mínima de quienes menos tienen y más necesitan. Pero, en este caso, fue manipulado para que lo usufructúe el funcionariado provincial y, en su caso, por algunos empleados contratados por el oficialismo en la Cámara de Diputados.
Entre los allanados fueron identificados Gabriel Jeremías Duré, una persona de apellido Larrea y Plácido Jesús Ledesma, entre otros. El grado de responsabilidad de cada uno será determinado por la Justicia, pero su presencia en el expediente confirma que la operatoria tenía actores concretos y roles definidos. Y esos nombres ya ha puesto nerviosos a varios altos funcionarios en la administración provincial como en la Legislatura.
El eslabón político y el video que incomoda
La investigación sumó un elemento de alto impacto institucional: una denuncia acompañada por un video que registra cómo un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos descarga mercadería en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”. La escena, registrada a plena luz del día, exhibe una naturalidad inquietante: no hay ocultamiento, no hay urgencia, no hay temor al control.
La fundación mencionada es impulsada por el actual secretario de Modernización, Emanuel Gainza. Este dato no implica, por sí mismo, una responsabilidad penal automática, pero sí introduce una dimensión política ineludible. Cuando recursos públicos aparecen asociados a estructuras vinculadas al oficialismo, la pregunta deja de ser meramente judicial y se vuelve institucional.
El lema de la fundación (“Somos lo que hacemos”) adquiere, en este contexto, una resonancia incómoda. Porque lo que se investiga no es un error administrativo ni una falla logística, sino la posible apropiación de bienes públicos destinados a la emergencia social para objetivos ajenos a esa finalidad. Ahora vendrán las excusas, el “yo no sabía”, el “se hizo a mis espaldas”. Pero, el daño claramente ya ha sido perpetrado no solo contra los que menos tienen sino al conjunto de la sociedad.
Una política de transparencia bajo tensión
El Ministerio de Desarrollo Humano, conducido por Verónica Berisso, queda inevitablemente bajo escrutinio. No porque el expediente le adjudique en esta etapa de la investigación una responsabilidad directa, sino porque los hechos investigados ponen en jaque los mecanismos de control, trazabilidad y supervisión de una de las áreas más sensibles del Estado.
La pregunta que subyace es tan simple como inquietante: ¿cómo es posible que mercadería oficial sea desviada, transportada y descargada en múltiples puntos sin que se activen alertas internas? La magnitud de la operatoria sugiere fallas sistémicas que exceden a individuos aislados y obligan a revisar los circuitos completos de la política alimentaria. En otras palabras, sin cobertura política las maniobras hubieran sido imposibles de ejecutar.
La confianza social en los programas de asistencia no se construye solo con discursos o consignas de transparencia. Se sostiene, sobre todo, con controles eficaces y con la certeza de que cada bolsa de alimentos llega a destino. Cuando esa confianza se quiebra, el daño es profundo y duradero.
Logística, acopio e impunidad
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el patrón que comienza a delinearse. La investigación no describe un hecho puntual, sino una dinámica reiterada: uso de camiones oficiales, descargas en distintos locales, acopio de mercadería y una operatoria que, según surge del expediente, se realizaba sin mayores recaudos.
La impunidad percibida es un dato clave. Las maniobras se habrían ejecutado a la vista de todos, con vehículos identificados, bajo la presunción de que nadie preguntaría ni intervendría. Ese clima de “normalidad” es, en sí mismo, un síntoma alarmante. Revela una naturalización de prácticas que deberían activar de inmediato los resortes del control estatal.
La causa también investiga si parte de la mercadería fue comercializada o utilizada como moneda de intercambio. Este extremo aún debe ser probado judicialmente, y corresponde mantener la prudencia. Pero incluso sin confirmar esas hipótesis, el solo hecho del desvío ya configura una violación grave del interés público.
El impacto en los más vulnerables
Detrás de cada paquete de fideos secuestrado hay una ausencia concreta: una familia que no recibió ese alimento. El desvío de mercadería no es una abstracción contable; es una sustracción directa de derechos básicos. En una provincia donde la asistencia alimentaria es, para muchos, la última red de contención, estas prácticas adquieren una gravedad extrema.
Por eso el reproche no es solo jurídico. Es ético. Hacer política -o negocios- con el hambre implica cruzar un límite elemental. Supone utilizar la necesidad ajena como recurso propio, y utilizar la pobreza para fines espurios no es otra cosa que degradar el sentido mismo de la función pública.
Una prueba para la democracia provincial
Este caso constituye una prueba para las instituciones entrerrianas. La Justicia tiene la responsabilidad de avanzar hasta las últimas consecuencias, sin excepciones ni atajos. Los bloques legislativos por lo menos pedir interpelaciones y colaborar con la investigación.
El Poder Ejecutivo debe revisar sus mecanismos de control y asumir el costo político de las fallas. Y el sistema político, en su conjunto, está obligado a tomar nota.
La corrupción en políticas sociales no solo desvía recursos: erosiona la legitimidad del Estado. Cuando los alimentos destinados a los más desposeídos se convierten en botín, lo que se pone en juego es la credibilidad de la democracia misma.
No hay anestesia posible para decirlo: aprovecharse del hambre de quienes menos tienen es una de las formas más crueles de corrupción. No admite relativizaciones ni excusas. La sociedad entrerriana merece saber la verdad, y los responsables -sean quienes sean- deben rendir cuentas.
Porque allí donde el hambre se transforma en negocio, la política deja de ser herramienta de transformación y se convierte en su caricatura más oscura.
El Ministerio de Desarrollo Humano como Gainza deslindan responsabilidades
La información publicada por ANÁLISIS -y que se ratifica- recibió las respuestas a sendas consultas realizadas tanto a la ministra de Desarrollo Humano de la provincia, Verónica Berisso como al secretario de Modernización, Emanuel Gainza.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se indicó que: “En relación a su consulta, y ante la publicación de información que contiene afirmaciones inexactas, corresponde realizar las siguientes aclaraciones:
“En primer lugar, es importante contextualizar que la política alimentaria desarrollada por este Ministerio se ejecutó en el marco de la Ley de Emergencia, vigente al momento de los hechos mencionados, lo que habilitó mecanismos excepcionales para garantizar el acceso urgente a alimentos a las familias entrerrianas en situación de vulnerabilidad.
“Durante los primeros años de gestión del actual gobierno provincial, el Ministerio de Desarrollo Humano acompañó de manera equitativa a todo el territorio de la provincia, sin distinciones políticas ni territoriales, atendiendo los pedidos formales realizados por municipios, comunas, juntas de gobierno, comedores y organizaciones sociales debidamente relevadas. A modo ilustrativo, previo a esta gestión, algunas localidades recibían aproximadamente 200 módulos alimentarios una vez al año, salvo en casos de emergencia climática puntual”.
Respecto a consultas específicas realizadas por ANÁLISIS, la ministra Verónica Berisso, respondió:
1) Remisión de alimentos a la Fundación Hacemos Argentina. “El Ministerio no tiene como práctica habitual la remisión directa de alimentos a personas físicas ni a funcionarios. La asistencia alimentaria se canaliza hacia comedores comunitarios, organizaciones sociales y dispositivos territoriales, que son los responsables de la administración y distribución final, conforme a la normativa vigente y a los pedidos formales presentados”.
2) Control del destino de la mercadería. “El control ministerial se ejerce sobre la autorización, entrega y registro de la mercadería, mientras que la logística y distribución territorial es responsabilidad de cada comedor u organización receptora. Se realizan rendiciones, relevamientos y controles administrativos para evitar superposición de esfuerzos, teniendo en cuenta que la operatoria en contextos de emergencia presenta complejidades logísticas que requieren articulación territorial”.
3) Consideraciones éticas. “Este Ministerio considera que la asistencia alimentaria debe estar siempre orientada a garantizar derechos y no a beneficiar intereses personales. En ningún caso se autoriza la entrega de alimentos para uso particular. La recepción y administración de mercadería en el marco de comedores u organizaciones sociales responde a una función social y comunitaria, no individual”.
4) Vínculo con los domicilios allanados. El Ministerio no mantiene vínculo institucional directo con domicilios particulares. La asistencia se canaliza exclusivamente a través de dispositivos comunitarios y organizaciones previamente identificadas. Cualquier investigación judicial en curso deberá determinar responsabilidades individuales, las cuales no pueden ni deben ser anticipadas ni generalizadas a partir de políticas públicas legítimas desarrolladas en el marco de la ley”.
Por último, el comunicado expresa: “Este Ministerio se encuentra a total disposición de la Justicia y de los organismos de control para aportar toda la documentación necesaria que acredite la legalidad, trazabilidad y finalidad social de cada entrega realizada”.
La respuesta de Emanuel Gaiza
Por su parte, el secretario de Modernización. Emanuel Gainza, también respondió al artículo de ANÁLISIS. Y a través de un comunicado, expresó:
“En primer lugar, desde febrero de 2024 no integro más el directorio ni la conducción de la Fundación Hacemos Argentina. Tomé esa decisión justamente para abocarme de manera exclusiva a mi función como Secretario de Modernización y para evitar que mi rol en el gobierno provincial pudiera interferir, condicionar o ser utilizado para poner en duda el trabajo social que la Fundación viene realizando desde hace más de siete años”.
“La Fundación Hacemos Argentina desarrolla tareas sociales sostenidas y transparentes. En su sede funciona una cocina industrial donde se elaboran viandas que se destinan a comedores comunitarios y puntos de apoyo escolar, espacios en los que además se implementan programas de alfabetización y acompañamiento educativo. Todo ese trabajo es llevado adelante por voluntarios y equipos territoriales, cuyo compromiso queda injustamente afectado por las insinuaciones vertidas en la nota”.
“Respecto de los alimentos mencionados, es importante aclarar que cada pedido se realiza de manera formal, con expedientes, autorizaciones y controles del Estado, del mismo modo que ocurre con decenas de asociaciones civiles y ONGs que articulan con los gobiernos nacional, provincial o municipal en políticas de asistencia social. No existe ningún tipo de discrecionalidad ni manejo irregular”.
“El video al que se hace referencia no tiene nada de irregular ni ´incómodo´, ya que muestra una situación completamente normal: la entrega de mercadería formalmente solicitada y aprobada, realizada en una zona de carga y descarga por un camión que se contrata para esa tarea y que no pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Esa operatoria es habitual, transparente y trazable desde el comienzo de la solicitud a la entrega de la mercadería”.
“Lamento profundamente que, a partir de una lectura incorrecta, se termine desprestigiando el trabajo solidario de cientos de personas que durante todo el año y de manera sostenida sostienen estas acciones; más teniendo en cuenta que estamos lejos de cualquier disputa electoral. En ese sentido, considero justo que se publique una corrección, al menos en lo referido a la Fundación Hacemos Argentina y a su accionar, para no seguir dañando injustamente su labor”.
Fuente: Análisis
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