El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, anunció que antes de fin de año los 300 mil afiliados del organismo recuperarán la prestación odontológica, ausente desde hace más de una década.
“Es la gran deuda que tenemos, la atención odontológica. Estamos trabajando en restablecer las prestaciones. Hoy la obra social tiene un equilibrio financiero. Hoy no tenemos ni un peso de déficit, pero es un equilibrio bastante frágil. Para nosotros sería muy fácil abrir una demanda contenida de más de diez años, que es el servicio odontológico, y poner en riesgo, poner en peligro el equilibrio fiscal de la obra social. Lo estamos estudiando, tenemos armado el convenio, el borrador, un proyecto. Tenemos estipulados los aranceles y creemos que de acá a fin de año se va a dar la restitución de las prestaciones”, dijo en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
En esa recuperación anotó la vuelta de las ópticas, “que también, dolorosamente, hubo que cortar en su momento. Y la restitución de una deuda histórica que tiene la obra social, que es la atención odontológica. Hace más de una década que la obra social está sin cobertura odontológica. Hace una década que la obra social no brinda servicio odontológico constante, regular y eficiente, sostenible a sus afiliados”.
Durante un lustro, el exInstituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) mantuvo un diferendo con el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos que derivó en fuertes cruces entre las partes.
En 2023, la manu militari que empezó a aplicar el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos a partir de 2021, cuando estableció un régimen arancelario para las obras sociales e impuso severas sanciones a los profesionales que pactaran acuerdo por fuera de esos valores empezó a ceder. En los últimos, el Colegio ha emitido una serie de disposiciones en las que el Tribunal de Honor «absuelve» a odontólogos que no aplicaron esos aranceles.
El Colegio de Odontólogos dictó una resolución interna, la N° 404, el 27 de noviembre de 2021, y estableció un protocolo arancelario para convenios y contratos asistenciales «mediante los cuales se brindan prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.)». Además, impuso a todos los profesionales la obligación de firmar una declaración jurada en la que asumen la responsabilidad de respetar los aranceles que fije la entidad so pena de aplicar sanciones.
La decisión abrió una batalla legal que encabezó el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que acudió a Fiscalía de Estado para que dictamine sobre la “obligatoriedad, alcance y legalidad de la normativa interna que aplica el Colegio de Odontólogos de la Provincia para establecer los aranceles mínimos para sus colegiados y para la obra social, lo que para ese Colegio se consideran de cumplimiento obligatorio”. Los aranceles que impuso el Colegio, entendió Iosper, resultan “excesivamente onerosos y por lo tanto inconvenientes” en comparación con las tarifas que cobran los Círculos Odontológicos, con los que la obra social pretendía rubricar convenios prestaciones.
La Fiscalía de Estado se expidió y estableció que por aplicación de la Ley N° 7.468, de creación del Colegio de Odontólogos, “existe una facultad expresa consagrada” de negociar aranceles con el Poder Ejecutivo, “pero no para establecer o imponer, sin más, aranceles mínimos y obligatorios para sus colegiados y para las obras sociales, sino para propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de esos aranceles mínimos”.
En síntesis, para que el Colegio de Odontólogos aplicara ese régimen arancelario necesitaba, según la ley de creación de la entidad, un decreto del Poder Ejecutivo que avalara ese sistema.
A finales de febrero de 2023 se conoció la decisión del Gobierno provincial que resolvió intervenir en el conflicto que se había suscitado entre el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos y el grueso de las obras sociales, principalmente el Iosper que, a partir de un duro régimen arancelario que incluía aplicación de sanciones a los odontólogos que lo incumplieran, había derivado en la ausencia de prestación odontológica de la población.
Lo que hizo entonces el Ejecutivo fue seguir el consejo de dos dictámenes, uno del área Legal del Ministerio de Gobierno y otro de Fiscalía de Estado, que señalaron que el Colegio de Odontólogos necesitaba un decreto del Gobierno para aplicar un régimen arancelario. Esa norma no existió pero aún así la entidad avanzó con un sistema arancelario que resultó oneroso para el grueso de las obras sociales. No sólo eso: impuso sanciones a los odontólogos que osaran sacar los pies del plato y acordar con alguna obra social.
A través del decreto N° 322, el Poder Ejecutivo hizo lugar a una presentación que había hecho el Círculo Odontológico de Paraná -que antes había accionado judicialmente contra el Colegio- y suspendió la aplicación de dos resoluciones dictadas por el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos –el 27 de marzo de 2021 y el 27 de noviembre de 2021- las cuales pusieron en vigencia un sistema arancelario con manu militari: el profesional que pretenda sacar los pies del plato y firmar acuerdo individual con alguna obra social se expone a un régimen sancionatorio.
La recuperación de las prestaciones odontológicas para los 300 mil afiliados que tiene el Iosper en toda la provincia ha sido lenta: de momento, el padrón suma poco menos de 130 profesionales que se sumaron con el riesgo de ser sancionados por el Colegio de Odontólogos. Aunque esa posibilidad se ha comenzado a disipar con distintas resoluciones del Tribunal de Honor que han dejado sin efecto las sanciones aplicadas a los profesionales que incumplieron el régimen arancelario.
Esa seguidilla de diferendos quedaría superada definitivamente si ahora la OSER consigue rubricar acuerdos y restituir a sus afiliados la cobertura odontológica.
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