El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Asociación Argentina de Abogados/as emitieron un texto donde se oponen los acuerdos anunciados entre el Presidente Milei y el gobernador Rogelio Frigerio sobre los manejos del río Paraná.
En defensa del río Paraná ante los intentos de Frigerio y Milei de avanzar en la destrucción de sus ecosistemas
El presente anuncio en la ciudad de Paraná por parte del Presidente de la República y el Gobernador de Entre Ríos, sobre la mayores profundizaciones por dragado en los tramos o brazos del Río Paraná, denominados Paraná Guazú y Paraná Bravo, se dan en pleno proceso electoral, sin estudios técnicos de ninguna naturaleza.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as disponemos de documentación oficial que acredita la total ausencia del área ambiental y otras por parte del Gobierno de Entre Ríos en la construcción técnica y política de semejante decisión.
Los bienes naturales son de las Provincias. El Gobierno Nacional no puede ni debe hacer lo que se le ocurra con el río, su valle de inundación y consecuentemente sus diversidades culturales, ecológicas como económicas a escala humana, local, como regional.
Más aún, hemos requerido los informes emitidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU en este contexto, ahora profundizado por estos anuncios, para poder saber cuáles son sus recomendaciones en cuanto a la instrumentación del Memorándum de Entendimiento firmado hace más de un años y medio y poder así observar las razones y vínculos con semejantes decisiones. No olvidemos que dicho acuerdo fue ratificado por el Presidente Javier Milei en marzo de 2024.
Los anuncios en Paraná, no son inocentes, se hacen con el Órgano de Control de la Vía Troncal Navegable y del Instituto Nacional del Agua, extinguidos por la actual gestión de gobierno. Con ningún tipo de intervención del Consejo Hídrico Federal, lo que también tenemos documentado. Es decir, la privatización del conocimiento y el descontrol y el unitarismo, es absoluto.
Nos oponemos frontalmente a estas decisiones y vamos a utilizar todas las herramientas de la democracia ambiental, el derecho, en particular en Acuerdo Regional de Escazú que sean necesarios como apoyar todas las manifestaciones del activismo de las comunidades y sus articulaciones.
De avanzar con estas decisiones, el proceso de desertificación del sistema de humedales del Delta, será brutal y muy probablemente irreversible. No hay agua. En estos momentos en Brasil, Paraguay y Bolivia, el gran Pantanal está con una sequía y bajante extrema y agudizándose.
Se están conservando en las represas de Brasil, con disminución de flujos de agua por parte de tres hidroeléctricas del río Paraná. Todos factores geopolíticos y ecológicos relevantes para poder comprender que este delirio implica no prestar atención a una diplomacia inexistente y que obliga a la aplicación extrema de los principios precautorio y preventivo. La falta de agua no justifica mayores profundizaciones, sino todo lo contrario.
Los efectos negativos sobre los ciclos de vida de la flora y la fauna y en particular de los bienes ictícolas es en este contexto, desbastadora. Ya son cuatro años con realidades angustiante para las comunidades, como Victoria en Entre Ríos, poder quedarse sin agua potable por la desertificación del humedal y el descontrol en la gestión de los sedimentos del dragado de la hidrovía, que taponan sus ingresos de agua al humedal desde hace décadas.
Reiteramos, hacer semejante intervención de artificialización del río dentro del corazón de un Áreas Natural protegida y sin Evaluación de Impacto Ambiental, y sin una Evaluación Acumulativa Estratégica, es demencial.
Además, esta intervención en la diversidad biológica y cultural, como social de la artificialización anunciada, sin participación de áreas críticas de Entre Ríos y las provincias del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, Buenos Aires y Santa Fe, es un ataque directo a la institucionalidad democrática y federal de la República.
Por eso también presentamos una nueva solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Economía de la Nación, del cual depende la Secretaría de Transporte, para conocer las implicancias del Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno Argentino y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. ¿Qué informes emitió, qué recomendaciones, por qué ese contenido no es público aún?
El acuerdo, ratificado por Javier Milei en marzo de 2024, incluye compromisos de cooperación en políticas hídricas, gestión de cuencas, control de inundaciones, sedimentación, dragado y “dirección estratégica” en la gestión de ríos y cuencas argentinas.
Estos puntos son de altísimo interés público y ambiental, ya que podrían estar vinculados con la nueva profundización del Paraná anunciada la semana pasada.
Solicitamos copia certificada de todos los informes emitidos por el Cuerpo de Ingenieros respecto de la Cuenca del Plata —en especial los ríos Paraguay, Paraná y Río de la Plata— y pidió precisiones sobre las obras o megaobras recomendadas, los proyectos de dragado o infraestructura propuestos, y los mecanismos de adjudicación o ejecución sugeridos.
También saber si existen nuevos convenios vinculantes o consultorías activas con ese organismo extranjero. De negarse la información, haremos uso de los mecanismos legales previstos por el Acuerdo Regional de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.
Estamos frente a la profundización de un megaproyecto que se encuentra en los escenarios judiciales de investigación de corrupción, que avanza en su instrumentación con la privatización absoluta del río y en un contexto de agravio al federalismo y de total entrega de la soberanía nacional bajo el asesoramiento extranjero ya expuesto y con un gran ausente, la máxima autoridad ambiental nacional.
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