El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Las sentencias en contra del Iosper y el agujero negro en términos económicos que eso genera al Estado fue uno de los motivos principales por los que se modificó el funcionamiento de la Sala Penal, que ya no tendrá la exclusividad para resolver los amparos.
(*) Por FEDERICO MALVASIO
La decisión del Poder Ejecutivo de modificar la competencia en materia de amparos en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sospecha en los tribunales: el gobierno quiere colonizar un sector de la justicia.
Sergio Urribarri decidió “restituirle” al pleno del alto cuerpo la competencia para resolver los amparos. El Senado aprobó entre gallos y medianoche el miércoles pasado un proyecto de ley para derogar el artículo 11 de la ley 9550, de Procedimientos Constitucionales. Resta que la Cámara de Diputados haga lo suyo.
En los escuetos fundamentos del texto, obviamente, no aparecen los motivos verdaderos por los cuales se decidió hacer la reforma. Cuestiones políticas y económicas motivaron los cambios en la norma.
En Casa de Gobierno ven en la Sala Penal- que es quien resuelve los amparos- una conformación poco adicta a sus intereses. Daniel Carubia es, para el oficialismo, un enemigo. Lo contrario a Claudia Mizawak. Carlos Chiara Díaz no da certezas. Un ejemplo: dio su voto en tiempo y forma sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó Juan Arralde para impedir la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas.
El perfil de la Sala Penal es lo que no convence al gobierno y por eso éste decidió sacarle la exclusividad de resolver los amparos. Ahora lo tendrán los nueve miembros del STJ.
Hay un tema que contribuyó para que el Ejecutivo decidiera bloquear a la Sala Penal de esa potestad. Son los amparos que resolvió en favor de los afiliados al Iosper ante la petición de un servicio. El dato lo confirmó a Página Judicial una fuente de Casa de Gobierno, quien argumentó que fue el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, el que se encargó de avanzar en la iniciativa legislativa para ampliar el margen la competencia en estos temas. La obra social estaría convirtiéndose en un agujero negro por el que se fugan millones de pesos. Chiara y Carubia, en nombre del derecho a la salud incorporado en la Constitución, han dado lugar a cuanto amparo les llega. Mizawak ya habría cambiado de parecer.
En el STJ sienten estar viviendo épocas ya vividas. En el segundo gobierno de Sergio Montiel, el gobernador radical encontró en el pleno la posibilidad de bloquear a la Sala Penal que en ese momento integraban Chiara Díaz, Carubia y Miguel Carlín. Las “tres C”, como se la conocía, sacaba fallos a favor de trabajadores en serie en un contexto en que la economía temblequeaba.
Ahora, la historia es idéntica. Se repiten los motivos, el contexto y los actores. En aquel momento, Rodríguez Signes como presidente de la Cámara de Diputados de la gestión radical fue quien se encargó de impulsar la implementación de lo que se conoció como “renta vitalicia”, que permitía a los vocales jubilarse por adelantado, así no tengan la edad requerida. La idea era que ante la atractiva propuesta los miembros del alto cuerpo identificados con Jorge Busti se acojan al beneficio y dejen el camino libre para que Montiel designe sus elegidos.
En la actualidad las cosas han evolucionado, pero se tiene la misma sensación que en aquellos tiempos. “Estamos como con Montiel, resistiendo la cooptación de la Justicia”, le dijo un vocal a Página Judicial, que apuntó a Rodríguez Signes como el autor intelectual de la nueva avanzada.
Al fiscal de Estado lo consignan como integrante de un bloque que componen el procurador Jorge García y la presidenta del STJ. Quizás algunas fotos – como la presentación de la ley de narcomenudeo - o algún encuentro social confunda. El tema es un poco más complejo.
(*) La nota fue publicada en el sitio Página Judicial
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