El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
De este modo, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia un juicio oral, tal como ha solicitado el Ministerio Público Fiscal, en el que Canosa deberá justificar un incremento patrimonial no justificado de casi 4 millones de pesos, según lo determinó una pericia en noviembre de 2022.
El fiscal Gonzalo Badano adelantó que iba a solicitar el sobreseimiento de Paula Montefiori en la audiencia de la etapa intermedia, por lo que quedaría desvinculada de la investigación.
Canosa y Montefiori están sospechados de haber registrado, entre 2003 y 2016, un incremento patrimonial no justificado de casi 4 millones de pesos, según lo determinó una pericia en noviembre de 2022. La defensa solicitó el sobreseimiento de ambos por insubsistencia de la acción penal, es decir que la investigación se había extendido más allá de los plazos razonables que establece el Código Procesal Penal de Entre Ríos.
En esta instancia, la Sala Penal rechazó el recurso de impugnación extraordinaria planteado por los abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen, defensores de Canosa; y Andrés Bacigalupo, en representación de Montefiori.En lo concreto, los vocales Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia convalidaron la determinación de la jueza de garantías que resolvió la insubsistencia de las facultades investigativas del Ministerio Público Fiscal, pero no dictó el sobreseimiento, es decir, vedó la continuidad de la investigación e instó al fiscal a resolver el sobreseimiento o la remisión a juicio.
El fallo también descartó la posibilidad de declarar la extinción de la acción penal por prescripción, recogiendo el guante del golpe que le asestó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese aspecto, a pesar de un esfuerzo denodado de Mizawak por salvar sus ropas.
En principio, Giorgio señaló que “la resolución que deniega el sobreseimiento resulta irrecurrible” y agregó que no corresponde el sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal o incumplimiento de plazos procesales, tal el argumento de los defensores, aunque aclaró que podrían volver a plantearlo luego de que se le notifique el pedido de remisión de la causa a juicio.
Por lo demás, también rechazó el argumento de que no se había podido completar la pericia para determinar el patrimonio de Canosa, puesto que las entidades bancarias dijeron haber descartado la documentación relativa a los períodos investigados. En ese sentido, Giorgio dijo que “el recurso extraordinario no ha sido diseñado para el examen de hechos y pruebas”, sino que corresponde hacerlo en una instancia de debate, sea en la audiencia de remisión o en un juicio.
En otro tramo de su voto agregó que “previo al pedido de sobreseimiento, no hubo ningún planteo defensivo, ni objeción o reserva de su parte, que introdujera una disconformidad” con la duplicación de los plazos al ser considerada esta una causa compleja, “sino que, por el contrario, la defensa expresó en distintas oportunidades su aquiescencia con la continuidad del proceso”.
El vocal Daniel Carubia adhirió a estos argumentos
El recorrido judicial
La investigación contra Canosa se inició a partir de una denuncia promovida en diciembre de 2016 por el entonces senador radical Raymundo Kisser, a la que luego se sumaron diputados de Cambiemos.
De las primeras indagaciones que hicieron los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo surgieron algunas inconsistencias en el patrimonio del ex presidente de Sidecreer. Para empezar, se detectaron inversiones no declaradas en mutuales y la adquisición de cuatro lotes en el complejo turístico Interlagos, en María Grande.
Ante esa situación, los fiscales decidieron ampliar la investigación e imputar a la esposa de Canosa, la defensora pública Paula Montefiori; y ambos fueron citados a prestar declaración de imputado.
Según los fiscales, entre 2003 y 2016, la pareja registró un incremento desproporcionado de su patrimonio respecto de los ingresos que ambos percibían y una pericia determinó que no podrían justificar bienes por casi 4 millones de pesos, que representaban unos 640 mil dólares a valores de noviembre de 2022. Por esos hechos se formalizó la imputación que ahora podría sentarlo nuevamente en el banquillo.
El 10 de abril 2024, el fiscal Badano solicitó la remisión a juicio respecto de Canosa, pero que solicitaría el sobreseimiento de Montefiori en la audiencia de la etapa intermedia.
Antes, Canosa había sido condenado a una pena de prisión condicional e inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos por haber direccionado contrataciones con empresas que pertenecían a personas allegadas o parientes en tiempos en que se desempeñó al frente de Sidecreer.
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