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Los empleados del Ministerio citados van a declarar el 4 de abril.

Ex empleados de Pedro Báez fueron convocados a declarar por la causa del cuñado de Urribarri

En carácter de testigos, los fiscales Yedro y Brugo convocaron a empleados del ex Ministerio de Cultura y Comunicación en el marco de la causa en la que se investigan los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos, entre otros, y donde el principal imputado es el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

 

Por FEDERICO MALVASIO (Página Judicial).

La semana que viene se dará otro paso en la causa que tiene como principal imputado a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Sergio Urribarri. Los fiscales Patricia Yedro y Santiago Brugo convocaron al equipo que se desempeñó en el Ministerio de Cultura y Comunicación a cargo de Pedro Báez en carácter de testigos. Es en el marco del expediente caratulado “Aguilera, Juan Pablo y otros sobre negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la administración pública, peculado y abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos públicos”.

La convocatoria –supo Página Judicial– alcanza a María Florencia Delia Ghelfa, Pablo Dimier, Daniela Fabiana Teruel, Andrés Aníbal Abero, Daiana Janet Luggren, Andrea Paola Aguiar, Alejandra Daniel Leban, Virginia Lisnofsky y Rina Gabriela Deymonnaz Perottino. Todos fueron convocados para el 4 de abril en horas de la mañana. Se trata de empleados, ninguno con rango de funcionario. El interés de los fiscales es conocer la forma en que se realizaban las contrataciones de publicidad.

Aguilera y su esposa Luciana María Belén Almada se abstuvieron de declarar en la causa, en septiembre del año pasado.

Yedro, además de Báez, imputó a otro ex funcionarios del ex Ministerio de Cultura y Comunicación como Gustavo Raúl Tamay. También están siendo investigados Emiliano Oscar Giacopuzzi y Alejandro Luis Almada –señalados como socios de Aguilera– y Maximiliano Romeo Sena.

Para la fiscal, “Sergio Urribarri, en su calidad de gobernador de la provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como director general de Información Pública del Gobierno y posteriormente como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los señores Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado provincial, en una suma que aún resta determinar”.

LA VACA

La maniobra, según la acusación, se habría concretado “de manera arbitraria y constante” desde 2010 hasta 2015, en que “sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente, direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos”, señaló la fiscal en su resolución.

La Justicia allanó la sede de la empresa TEP SRL –ex 5 Tipos, porque eran cinco socios–, que funciona bajo el nombre de Formato Urbano en un galpón ubicado en Boulevard Racedo 415. La empresa tiene otra oficina en calle Villaguay 842, que comparte con la Cámara Argentina de la Construcción.

Pero no sólo se avanza sobre las firmas que fueron prestadoras del Estado, sino también que se investiga la responsabilidad de quienes fueron parte del proceso de contratación. En una audiencia pública llevada a cabo el 18 de noviembre del año pasado se reveló, mediante documentación audiovisual, que la empresa Publicidad Montañana había presentado certificaciones de publicidad en ruta. Era siempre la misma foto. Sin embargo, Brugo advirtió que en la parte inferior la fecha de constatación variaba. Tamay, como el Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio, era quien debía viajar a certificar que los carteles estuvieran donde se había acordado y de la forma pautada; pero no lo hizo e igualmente certificó los trabajos. “Entendemos que esa vaca (que mostraba la documentación) no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”, ironizó en ese momento el fiscal.

 

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