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Habla Hugo Tomás Cuesta: “Me crucificaron”

El ex director del Registro Civil de Concepción del Uruguay condenado en primera instancia por “exacciones ilegales” habló extensamente con El Miércoles Digital. Aseguró que “para ladrón debo ser bastante boludo”, pues dio recibo por cada peso que entró en el procedimiento por el cual se lo acusa. Dijo que todo “fue un operativo por circunstancias políticas a las cuales soy ajeno”, se lamentó de que “socialmente ya estoy condenado” aunque la causa no tiene sentencia firme, y aseguró que su caso se usó mediáticamente para tapar escándalos del peronismo local y provincial.

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“La mayoría de los medios están dominados por la gente que está a cargo del gobierno. La verdad es ésa. Entonces, nunca quise salir a aclarar la situación. Pero nunca vino nadie a preguntarme”. (Foto: El Miércoles Digital).

 

Por JORGE RUBÉN DÍAZ de la Redacción de EL MIÉRCOLES DIGITAL

Colaboración: ANTONELLA VITTORI 

 

Hugo Tomás Cuesta fue director del Registro Civil de Concepción del Uruguay hasta que, el 12 de abril de 2010, uno de sus empleados lo denunció por manejos presuntamente ilícitos en el Registro Móvil en la celebración de matrimonios. En un extenso reportaje con EL MIÉRCOLES DIGITAL rompió el silencio, aunque aclaró: “Vos sos el primer periodista que viene a preguntarme qué pasó”. Asegura que su caso fue usado por los medios amables con el poder para tapar otros escándalos del oficialismo local y provincial, por lo que hubo complot de sectores del Partido Justicialista en connivencia con la Justicia. Dice que actuó conforme a la Ley y que los cobros de enlaces maritales fuera del Registro Civil estaban amparados en resoluciones internas de la Dirección Provincial, teniendo incluso libertad con esos fondos recaudados para comprar mobiliarios y cosas útiles para el edificio. Resalta, defendiéndose, que entregó recibo de cada cobro que hizo. Aunque Cuesta fue condenado, apeló y su causa sigue en trámite. Hace escasos días, uno de sus abogados, Gustavo Soppelsa, aclaró en una entrevista que su sentencia no está “ni firme ni resuelta” . En breve será examinado por la Sala Penal y Constitucional del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Aquí Cuesta da su versión de los hechos.

 

RECAUDABA PARA COMPRAR

“No sé por dónde empezar, porque esto tiene tantos inicios, tantos fines y tantos caminos que son incomprensibles”, dice, al inicio de su extenso relato, intentando ordenar la cronología de los hechos. “Fui designado jefe el 30 de octubre de 2008, pero como empleado de personal estable y jefe implícito me hago cargo de la jefatura el 26 de marzo de 2009. Cuando llego al Registro Civil todo el mundo sabía que estaba absolutamente destruido, ni luz prácticamente había. La persona que propone el arreglo edilicio es el vicegobernador, en ese momento, que era José Lauritto. Él fue quien impulsó la reforma edilicia”. Cuenta que ese estado de abandono alcanzó también a los muebles del lugar, “a partir de ahí empezaron las comunicaciones con la Dirección (Provincial), porque en Concordia se encontraba por ese entonces el Registro Móvil Provincial, a cargo del doctor Arias, que oficiaba los matrimonios en los domicilios en toda la Provincia, pero tenía que trasladarse desde esa ciudad y había un producido que se convenía para invertir en nuevo mobiliario para Concordia”.

Usted se refiere a lo que se recaudaba,

–Claro, en útiles de librería y todas esas cosas. Habida cuenta de las condiciones donde estábamos y a su vez en otros Registros Civiles (RC) con los que nos poníamos en contacto, vimos la posibilidad de extender ese servicio a toda la Provincia para que sea redituable. Si eso estaba autorizado lo queríamos para no tener que depender del servicio de Concordia por las idas, vueltas, taxis y todas esas cosas que evidentemente conllevaban a una incomodidad ínsita que agregaban al matrimonio.

Cuesta aclara que el objetivo era brindar un servicio a la comunidad juntando el evento civil con el religioso en un solo día y lugar por fuera de los días regulares de atención al público. “Los hacíamos ahorrar porque en una sola fiesta se reunía a toda la familia. A todo el mundo le gustó este tipo de actividad que ya se conocía pero se hacía desde Concordia”.

 

LA RESOLUCIÓN 029

Cuesta explica que con sus pares provinciales plantearon la situación a la Dirección Provincial de donde emitieron la Resolución 029 que a posteriori, entiende, le ocasionaría tantos dolores de cabeza.

–Esa resolución autorizaba  a los jefes (de RC) este tipo de oficios o matrimonios yendo al domicilio o en horas no laborales como un sábado de noche, ir al lugar de la fiesta o del evento social. Oficiábamos las lecturas de las actas, y nos autorizaban a sacar los libros.

¿De qué fecha estamos hablando?

– Se emite la resolución 029 el 30 de octubre de 2009. Sabiendo que iba a salir se me planteó personalmente el 10 y 11 de octubre de ese año que dos parejas querían casarse con esta modalidad. Desde Paraná mandaron las autorizaciones escritas para permitirme hacerlo de esta manera y fueron los primeros. Uno fue en la Sociedad Española y otro en ATPADIS, me acuerdo las parejas y todo. Después vinieron ya los autorizados por la 029, que conlleva la autorización a cobrar un precio, una dádiva. Servía para invertir en muebles y situaciones de urgencia, contábamos con una computadora bastante obsoleta. Nos pusimos de acuerdo con el de Gualeguaychú, Paraná, Gualeguay, Nogoyá, Concordia, Colón, en fin, todos los registros lo recibieron bien. Por eso empezamos a trabajar con la 029, es más, la auspiciábamos.

¿Y cómo era la forma de trabajar con la modalidad 029?

– El sistema era así: pagaban 450 pesos en Bazar El Entrerriano, convine allí porque era el lugar más barato, depositaban esa plata ahí, le daban un recibo que luego nos traían,  después pagaban un sellado de 200 pesos del Banco Entre Ríos que era para la Dirección de Rentas, y 150 pesos - que acá viene el factotum que me hizo el gran problema- en concepto de honorarios para el oficial público que iba en hora y días no laborables a oficiar el acto civil en el lugar social. Muy bien, ningún problema, fantástico, 150 pesos…, venían, lo pagaban; ojo, no era una cosa de “vení y cerrá la puerta”, era una cosa pública.  Entonces ¿qué hacía? al menos lo que yo siempre he hecho, inclusive en el ejercicio de la profesión (N. de la R.: Cuesta es abogado), si vos venís y me traes dinero y me lo das yo te doy un recibo, es un comprobante,  ya tenían el recibo de El Entrerriano que decían “por honorarios afectados a…”, y un recibo común con mi firma, mi sello del Registro porque no tenía un recibo para eso impreso o pre impreso. Esto fue un poco lo que técnicamente ocurría desde el 2009. Fue variando la situación por las distintas resoluciones. Después pasó a 1.000 pesos, pero ya no teníamos que cobrarles nosotros, tenían que pagar un sellado de ese valor de Rentas, lo traían y después el Registro nos liquidaba los honorarios con una cuenta aparte. Ahí se fueron no me acuerdo si a 200 o a 250 pesos más o menos, nos liquidaban por matrimonio.

¿Por qué el pago se hacía en el bazar El Entrerriano?

– En ese momento era el lugar más barato. Teníamos que comprar computadoras, muebles, y había buena diferencia de precios. Hablé con el gerente de la firma a quien conozco, le dije que iban a ir las parejas y que iban a depositar; pedí (abrir) una cuenta a nombre del Registro Civil que tiene un Cuit del Ministerio de Gobierno para que vayan depositándose ahí, para cuando tengamos una suma considerable digamos “tenemos 200 pesos, ¿qué podemos comprar?,  ¿un escritorio?, venga un escritorio, ¿una computadora?, venga computadora”. Compré una heladera, no había heladera, y se pasan 7 horas por día todos los días. No había para calentar agua, compré una pava. Tené en cuenta que tenía a cargo dos registros, el del Hospital también. No compré aire acondicionado porque la obra (de remodelación y refacción)  después lo puso.

¿Y esa Resolución 029, establecía algún tipo de requisito en cuanto a las compras de esos mobiliarios, como ser un llamado a licitación?

– No, era libre para que nosotros lo utilizáramos. No exigía llamar a licitación. El hecho es que (los casamientos) estaban autorizados, mandaban la autorización y ellos sabían las cosas que hacíamos y teníamos que guardar la documentación. El producido era para comprar todo eso pero no había normas, porque si no te dicen “el producido es para tal o cual…” ó “lleva el procedimiento según el código fiscal, o según…”. Es decir, tiene que ser absolutamente dirigido. Nosotros teníamos libre albedrío de hacerlo en distintas casas porque podías comprar mobiliario, podías comprar artículos de esto y de aquello. En Paraná el RC hizo lustrar los pisos y comprar cortinas de voile. Cada cual le daba el destino que quería.

 

“TODO EL MUNDO ENTRÓ POR POLÍTICA”

Cuesta reconoce que su nombramiento fue a “dedo” del entonces vicegobernador José Eduardo Lauritto. Explica que eso generó resistencia en empleados que quizas aspiraban a ese cargo. Y estima que esta situación también pudo haber influido en la denuncia que sufrió.

– No sé si cabe el término, pero vulgarmente lo es. Llegué de jefe como un paracaidista. Yo no tenía trayectoria en lo público, era la primera vez. Lo hice a pedido de un amigo que era el vicegobernador (José Eduardo Lauritto). Él me necesitaba para arreglar un poco el Registro Civil... porque se había muerto el jefe, y la ley dice que los jefes tienen que ser abogados, escribanos o empleados de más de quince años de antigüedad. La cosa es que me ofrecieron y estaba habilitado por ser abogado. Llegué, no sin cierta resistencia, de algún empleado que vio que yo le podía cortar la carrera en virtud de esa alternativa. Pero hay que aclarar que todo el mundo entró así, por política. Nunca hubo un concurso. Casualmente a mí el decreto del gobernador lo tengo con fecha 30 de octubre de 2008 y el primero de noviembre de 2008 recién se iban a exigir los concursos en la administración pública, que todavía no se exigen.

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“Por cobrar honorarios, por eso me condenaron, que estaba implícito” explicó. En la imagen acompañado por su abogado Gustavo Soppelsa, en uno de los días del juicio. (Foto: El Miércoles Digital).

 

TRASLADO FORZOSO POR LAS OBRAS

Recuerda y detalla lo que fue la etapa de traslado del RC a diferentes lugares de la ciudad cuando se iniciaron las obras de remodelación y refacción. Lo define como “un caos” ya que se habían ido provisoriamente a una casa para atender al público que no estaba en condiciones, y la forma que tuvieron que fraccionar los archivos y muebles en otros edificios públicos para resguardarlos hasta poder regresarlos.

– En diciembre de 2009 se viene un zafarrancho de combate. Teníamos que desalojar el registro porque empezaban las obras. Teníamos los albañiles con pico y masa atrás. Había pedido un lugar adonde irnos, tenemos libros de 1883 acá, que son obviamente incunables hasta la fecha y teníamos que preservar esa documentación. El primer pedido fue a la Municipalidad, que no me ayudó, siquiera, con el traslado. El Ejército si nos ayudó en los traslados. Intervino Lauritto y me llamaron de la Dirección Departamental de Escuelas que ponía a nuestra disposición la casa de 25 de Mayo y Artusi que es un bien del Estado, que quedó así por ser una herencia vacante. Habíamos preparado los libros, envueltos de a tres en orden con papel film, por supuesto que todo tuvimos que comprarlo nosotros porque el Estado no te da nada, ni papel higiénico. Primero llevaron las estanterías, que están también todas destrozadas hasta el día de la fecha; y con la colaboración de la Policía de Entre Ríos nos habilitaron en el hospital viejo Justo José de Urquiza, atrás de la guardia de ellos tenían una habitación vacía y ahí pudimos colocar todo lo que es el archivo, con la fotocopiadora. Todo el mobiliario que sobraba lo trajimos a 25 de Mayo y lo que restaba lo mandamos a la Aduana, que nos prestó una colaboración bárbara, y otro tanto a la UP4, la cárcel, la idea era reciclar algunas cosas a través de la carpintería de la cárcel. Siete mudanzas. Y todas en dos, tres días. Palo y palo venía. Lamentablemente allí extravié las facturas de El Entrerriano, pero se solucionó porque ellos aportaron toda la información.

 

“PARA LADRÓN SOY BASTANTE BOLUDO”

– La casa en Artusi, por razones económicas de mantenimiento, estaba venida a menos: se llovía, tenía problemas con las cloacas, las puertas andaban todas mal. Pedí presupuesto para arreglos y no había plata. En esa época teníamos los documentos años, 100 ó 150 documentos, te llegan a robar eso, cada documento lo vendían afuera en el mercado negro, ¿sabés qué? te hacen percha. Para darle un cerco de publicidad y dentro del contexto oficial hablé con el encargado de la obra que estaba llevando adelante en el RC, que hasta declaró como testigo y todo, para que haga arreglos.

Explica que echaron mano al dinero que recaudaban de los casamientos para pagarle al constructor, “en vez del depósito de 450 pesos en El Entrerriano más los 150 pesos de honorarios,  las parejas me lo dejaban a mí y  también les daba recibo. ¿Entendés? Di recibo de cada peso. O sea que para ser ladrón debo ser bastante boludo”.

 

LA VUELTA AL SUBSUELO

–  Para volver otra vez el Ejército y la Prefectura me tiraron un pial. En ese momento éramos pocos empleados, cinco ó seis. Volvimos en enero de 2011 cuando terminaron una tarea que era de seis meses y tardaron un año y pico. Antes de esto, cuando se instalaban las máquinas digitales, que vinieron los técnicos de Paraná, ellos dijeron que esta era la mejor oficina técnica que había en la provincia porque teníamos computadoras nuevas, impresoras, monitores LG, todo lo mejor que pudimos comprar con este sistema que tenía un plazo del 30 de abril del 2010. Cumplido el plazo corté los cobros y fui a pagarle a la empresa constructora, eran cinco mil y pico de pesos, que era lo que él me dijo que había salido y no lo teníamos, tuve que poner parte de lo que supuestamente cobré de honorarios;  que es una de las cosas que más me endilgaron, por cobrar honorarios, por eso me condenaron, que estaba implícito.

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El Fiscal Fernando Lombardi (foto) estuvo a cargo de la investigación de la denuncia. El vocal de la Sala de Debate y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, fue quien dictó sentencia. (Foto: El Miércoles Digital).

 

LOS CAMBIOS EN LAS RESOLUCIONES

¿La resolución decía que hasta el 30 de abril de 2010 se podía hacer ese tipo de cobro?

– Exacto. Es decir, después no se podía hacer de esa manera. Después vinieron las distintas resoluciones que fueron cambiando. Entre abril y noviembre de 2010, en esos seis meses la gente se siguió casando. Venían por ese sistema. Nosotros hablamos a Paraná y los seguimos casando con la autorización prácticamente vía oral de Paraná, hasta que se organizaron  y empezaron con los sellados como es hasta ahora. El 16 de abril de 2013 se emitió una ley reformando el Código Fiscal, donde se establecía una cuenta del Registro de la Provincia, no de Rentas.

 

LA DENUNCIA Y SUS MOTIVOS

– El 12 de abril de 2012 me hizo la denuncia esta persona (N.de la R.: se refiere a Jorge Héctor Verdier, conocido como “Gorilón”, quien falleció en enero de este año) . Persona bastante complicada, una persona que tenía problemas en la sociedad, lo echaban de todos lados por borracho. La denuncia es porque se veía que cobraban y que entraban muebles, todo esto conlleva a lo otro, que es lo de atrás de esto, la parte política que utilizaron. Éste (por Verdier) fue un idiota útil empujado por unas personas. Le hicieron la cabeza, lo llevaron, no quería que yo fuera su jefe, se le chispoteó la cabeza. Cuando estábamos en 25 de Mayo yo le había prohibido fumar, no se puede fumar adentro, era una casa chica encima. Se me iba y se sentaba a fumar en la plaza San Martín. Y una persona que hacía el trabajo de él, que era anotar los matrimonios, sin que yo supiera para que no hubiera quilombo, le llevaba los libros a firmar allá y los traía. Una cosa de locos. Hasta que me enteré, y como ésa, varias. Tenía una licencia extraordinaria pero excesiva que no cabía en ningún contexto legal los días que se tomaba, los certifiqué con más de 15 notas, dos por mes, a la Dirección para que me explicaran la situación de esta persona, su situación legal, por qué faltaba tanto, si teóricamente y de acuerdo a nuestro cálculo ya se le habían acabado hasta las licencias médicas. No me contestaron nunca. Había un filtro allá. Mi presión hacia él y una situación externa que ocurrió le dieron letra para que hiciera esto, que fue tomada por otras personas, por una cuestión interna del partido mayoritario me dieron a mí. Me publicaron dieciocho tapas provinciales en diarios, televisión, todo. Me daban y me fogonearon. Todo con un colega tuyo, aunque también de alguna forma mío, yo me siento periodista: ejercí veintitrés años el periodismo en la radio, fui representante de Ámbito Financiero. Bueno, este buen señor, para ocultar un hecho que ocurrió en otra institución pública de Concepción del Uruguay, que ustedes creo que fueron el único medio que lo publicó, los otros ninguno, ni en toda la provincia ni locales siquiera, la desaparición de una importante suma de dinero a orillas del río.

–Se refiere a la desaparición de 400.000 pesos en cheques que se produjo en el Ente Portuario cuando estaba al frente Carlos Maria Scelzi (nieto).

–Sí, sí, y como la persona era un potencial candidato, y tenía máxima autoridad del Ente, se perdió esa información. Pero coetáneamente apareció la mía. Y se dijo que cobraba dos mil, cinco mil pesos. Vos sos el primer periodista que viene a preguntarme qué pasó. Porque la mayoría de los medios están dominados por la gente que está a cargo del gobierno. La verdad es ésa. Entonces, nunca quise salir a aclarar la situación. Pero nunca vino nadie a preguntarme. Yo puse el lomo a los latigazos y el pecho a las balas. Pero claro, todo tiene un tiempo, porque después se fue encarajinando la situación y hubo un gurú, una persona que tomó esto a su cargo y lo monitoreó desde extramuros de Uruguay, por los medios técnicos y todas esas cosas. Y fue marcando todas y cada una de las partes y tenía consigna de “paredón” para mí. Porque tenía que ser delito lo mío. Me desafectan y hace dos años y medio estoy suspendido. No tengo sumario. Me hicieron proceso penal, me condenaron, subimos a casación, rechazaron recursos pero no confirmaron la sentencia. Ellos rechazan, es decir, adoptan la sentencia pero el camino sigue, otro error de este mandatario de los medios, ¿cuándo viste vos que publicaran una sentencia entera? ¡Nunca! Es profético en el epígrafe que dice: “Quedó confirmada la sentencia”. Imaginate si me hubieran dado sentencia de muerte ya hubiera estado en el paredón. Con toda insidia, con toda maldad se publicó como que queda firme. Mentira, yo puedo ir hasta La Haya. La Ley 10.205 es la que incorpora oficialmente este sistema al Código Fiscal de Entre Ríos, que antes estaban autorizados por resoluciones internas, pero a juicio de la Justicia esas resoluciones internas fueron ilegales. Estaban habilitados 88 jefes para hacerlo y la mayoría lo hizo en toda la provincia, pero al único que encuentran culpable es a mí. ¿Dónde está ese poder omnímodo que tiene el procurador fiscal de actuar de oficio? Me manifesté, hice tres declaraciones directas, una presentación espontánea a los dos días de la denuncia, presentando todo el tema, presentando la resolución y presentando las fotos de todo lo que se había comprado y se había hecho. Declararon casi sesenta testigos, todas las parejas, y todos dijeron la misma cosa. Llegó un momento que vos no sabés donde estás parado, porque como abogado sabés que la Ley es esta y como ejecutor de una situación no entendés “qué estamos haciendo, estamos todos locos”. Al autor (de la Resolución) y los pares tampoco, ni los convocaron, salvo el doctor Arias, que  declaró, que primero estaba suspendido y lo autorizaron por teléfono de la gobernación para realizar un casamiento en la Prefectura de Concordia del hijo del gobernador (Sergio Urribarri), y el hijo del gobernador depositó dos mil pesos en una casa comercial, y encima fue y vino en móvil policial. Eso lo declaró y nadie intervino.  El juez de acá, (Gustavo) Pimentel, dijo que se arbitraron los medios como para que se investigara, pero quedó en la nada. Y el único en el paredón soy yo. Ninguno de los otros jefes de la provincia fue investigado, nada.

¿Quién fue el autor de la resolución?

– El director del Registro Civil en esa época, el doctor (Héctor) Allende, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y secretario general de UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), es el tío de la mujer del que fue jefe subsiguiente de Allende en el Registro Civil, el doctor (Gervasio) Labriola, quien está casado con una hija de la hermana de Allende. Pero que a su vez después terminó y ahora es el fiscal que estudia las cuestiones de ATER, las estafas, las compensaciones y todo eso. Está todo en familia. Este Labriola al principio se lavó las manos y después declaró lo que debía. No vino a declarar, no lo dejamos venir a declarar porque cuando se hizo el juicio mío, el juicio oral, ya era fiscal. Entonces vinieron las sentencias, pero ¿qué pasa en la sentencia primera?, hay una información sumaria que me hizo Fiscalía de Estado, que es el ente que administra internamente todo lo que es la administración pública, hizo una información sumaria de cuatro cuerpos. Todo lo que está ahí, está en la Investigación Penal Preparatoria del fiscal acá.

¿Ya estaba Rodríguez Signes como fiscal de estado?

– Si, y actuó muy bien. Declararon todas las personas. Es más, ahí están todas las declaraciones de los empleados del registro. Después están las declaraciones de las parejas, los informes del RC, todo. Ahí declaró también el Director, y ahí viene a cuento de los siete casamientos que yo hice después del 30, que fueron autorizados por Paraná, él la manifiesta en la declaración sumaria de Paraná y dice: “En conclusión estaban todos autorizados por la Dirección, por nosotros, a todos los registros”. Después de la vigencia de esa 029 y hasta tanto viniera la otra, estaban todos autorizados. Pero otra prueba que el propio fiscal instó es pedir un pedido de informes al Tribunal de Cuentas de la provincia, que le manifestaron que ellos no tenían intervención porque eran fondos privados, que si bien después revertían en el Estado, en la conclusión y en la compra de las cosas, son fondos privados. Por lo tanto, ellos no tenían intervención, y encima le dicen que vaya y lea el artículo 3 de la Constitución de Entre Ríos, que dice que el Ministerio del Interior es el que tiene a cargo las direcciones de registro. Esas cosas no aparecieron como prueba, no están. La conclusión del informe sumario de la Fiscalía dice que a mí se me haga un llamado de atención porque no había mandado oportunamente el inventario. Eso es lo que concluye Fiscalía en cuatro cuerpos con investigación de dos años y todo. Después armaron un circo grande con los allanamientos

¿Usted sigue suspendido?

– Estoy suspendido como Jefe. Tengo una condena de prisión de dos años. Y un año de inhabilitación como funcionario público. Pero yo sigo siendo empleado de personal estable. Y sigo yendo. Tengo categoría dos profesional.

¿Entonces sigue trabajando?

– Sí, todos los días. Estoy cobrando y todo a pesar que luego de 20 meses recién me empezaron a descontar.

 

SUS TESTIGOS SIN PRENSA

– Durante mi juicio todos los días hubo periodismo, pero el día que vinieron mis testigos, no hubo. Fue el secretario de Justicia de la Provincia, el doctor Rubén Virué, el doctor Alberto Arias de Concordia,  vino el jefe de San Salvador, el de acá. La directora de Departamental de Escuelas (María del Carmen Tourfini de Córdoba) no fue, tuvo una excusa todos los días que la citamos. Estaba citada especialmente y el último día convinimos para no hacerla pasar vergüenza no mandarle a la Policía para que la trajera, para hacerla declarar, pese a que nos ofrecieron esa alternativa. Y lo único que tenía que declarar es que había hecho un convenio conmigo, y que estaba asentado un convenio de la utilización del edificio de 25 de Mayo y Artusi. Todo lo que te digo está documentado. Pero bueno, son cosas que ocurren, que uno no sabe. Declaró el secretario de Justicia, que es el superior inmediato de la Dirección, que declaró que esto se hacía en todos lados, que declaró que él creía que después de la demanda mía iba haber una catarata de demandas en todos lados, porque ocurrió lo mismo en todos lados, nada de eso ni salió ni pasó, pero está en la grabación, en la filmación.

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Declaración de Alberto Arias, entonces director del Registro Civil de Concordia, uno de los testigos de la Defensa. “Durante mi juicio todos los días hubo periodismo, pero el día que vinieron mis testigos, no hubo”, se quejó Cuesta. (Foto: El Miércoles Digital).

 

LA SENTENCIA

¿Qué argumento da la sentencia para condenarlo?

– Que yo produje esas exacciones ilegales, artículo 266 del Código Penal, que es aceptar dádivas, aceptar cosas que no le corresponden a un funcionario en un trámite común de la oficina pública. Pero claro que lo hicimos, ¡si lo hicimos!, pero estábamos amparados por una resolución interna. Es decir, a nosotros nos decían que no era obligación, no era obligación pero nos lo pedía la sociedad. Aparte estaba todo informado. Primero se avisaba. Entonces, estás en un contexto que decís: “¿pero yo soy el único boludo?”. Cuando yo sé que en otros lugares les pedían hasta para el taxi; yo ponía mi auto, a veces me iba con mi señora los sábados a la noche, tenía hasta tres, cuatro por sábado. Tenía que cubrirlo todo, porque estaba todo programado. Rompí tres veces el auto, tuve que pagarlo yo, pero está bien. Yo cobraba honorarios. Porque encima de pedir la plata yo cobraba honorarios, pero con recibos. Fijate si seré boludo. Están todos los recibos y yo declaré tres veces, declaré que sí, nunca negué nada. Lo mismo dice la sentencia “porque no negó”, y claro, ¿qué voy a negar? ¡si era lo que tenía que hacer! ¡Si era el cometido por el cual yo estaba trabajando!

 

“ESTOY CRUCIFICADO”

¿Qué conclusión saca de todo esto?

– Que esto fue un operativo que se hizo por circunstancias políticas a las cuales soy ajeno. No tiene otra explicación. Todo el contexto en el cual se desarrolló fue de conformidad absoluta de las personas por las cuales  realicé esto, y del contexto interno del Registro que llega hasta la Dirección. Estoy crucificado. Tuve que vender el auto, tuve que vender todo. Porque viste lo que pasa “pueblo chico, infierno grande”. Se te viene abajo todo. Socialmente ya estoy condenado, hace dos años y medio. Y me miran de reojo: “Ahí va”, “mirá ese”, eso es lo que odio personalmente, el anonimato de las cosas que me han dicho sin fundamento en facebook. Me han dicho de todo. No he contestado ni una porque no me interesa. Pero te duele. De no haber sido por mi familia y por mis hijas, tengo cuatro hijas, tres son profesionales y la más chica tiene quince años, y mi mujer, uno lo piensa, lo analiza y podés llegar a hacer desastres.

Y en función de esa condena social, ahora que pasó un tiempo, ¿cómo analiza haberse mantenido en silencio? Porque está el dicho popular que dice “el que calla otorga”.

– No fue un error. Porque uno cree en la Justicia, en los procedimientos. Pero después te vas dando cuenta que hay situaciones. Pero en principio no quise salir, porque me pareció, te voy a ser sincero, hasta irrelevante. Hasta que el contexto se fue complicando. Ahora me dieron la oportunidad al publicar esa patraña de que “está firme la condena”. Esto sirvió para ocultar otra cosa y a su vez no sé si no sigue sirviendo para distraer la atención de otras cosas. Doy la cara y sigo andando porque estoy absolutamente convencido que yo hice lo que me dijeron. Absolutamente.

 

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