El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La causa conocida como las “Cosechadoras truchas”, seguirá sumando documentos al voluminoso expediente que integra la investigación judicial. La pesquisa busca desentrañar qué sucedió con los créditos millonarios que otorgó el gobierno de Sergio Urribarri a la empresa Grandes Máquinas S.A, del Grupo Senor, para la construcción de 18 cosechadoras.
En ese marco se intenta desentrañar cuál fue el destino de 5,5 millones de pesos en créditos del Estado entrerriano que recibió la firma, entre 2009 y 2012, para la fabricación de las máquinas en Concepción del Uruguay.La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero.
La empresa quebró en 2014 y no se construyó ninguna cosechadora. En la causa hay cuatro empresarios imputados, dos ex ministros y otros dos funcionarios públicos de menor rango.
Ahora se conoció que el juez de Transición Nº 2, Pablo Nicolás Zoff, libró el 7 de julio pasado dos exhortos a la Justicia de la provincia de Córdoba, en procura de recabar más información sobre la capacidad económica del Grupo Senor y, por ende, de Grandes Máquinas SA, informó Entre Ríos Ahora.
Uno de los exhortos fue dirigido a juzgados penales de Córdoba que tengan competencia territorial en las sedes de tres empresas que, en principio, formarían parte del Grupo Senor, a saber: “Compañía Puntana de Carnes Elaboradas S.A.”, “Matrimet S.R.L.” y la “Cooperativa de Trabajo Septiembre LTDA (Cotrasep)”.
También dispuso mediante un exhorto al Juzgado de Garantías con jurisdicción en Córdoba que preste declaración testimonial Marcelo Héctor Aguirre. Esta persona aparece aparentemente vinculada al Grupo Senor porque dos de sus departamentos fueron vendidos e incorporados al capital de Grandes Máquinas SA. Lo que el juez busca conocer es si se incorporó como socio en el Grupo y si estuvo al tanto del proyecto de las cosechadoras.
En cuanto a las tres empresas, fuentes tribunalicias indicaron que el magistrado pide que expliquen cuál es la vinculación con el Grupo Senor. En concreto, les pregunta si integran el grupo económico y, de ser así, si tienen algún grado de influencia en las tomas de decisiones del Grupo. La requisitoria también apunta a conocer, principalmente, si las firmas tenían intención de invertir en Grandes Máquinas SA, la firma encargada de construir las cosechadoras en Concepción del Uruguay.
El juez Zoff se centró en esas tres empresas porque aparecen mencionadas en los expedientes administrativos que presentó Grandes Máquinas antes de comenzar a recibir los créditos. Entre la documentación, fuentes judiciales indicaron que los empresarios anexaron balances de las firmas en la que constan que facturaban millones, es decir, que eran solventes.
“El Grupo Senor explicó que es un grupo económico que integran empresas vinculadas en áreas estratégicas de negocios. Lo que no está claro es si las tomas de decisiones son comunes. Ellos dicen que no son un Grupo en el estricto sentido del término legal, sino un grupo de empresas vinculadas en actividades, que tenían relaciones estratégicas en distintos negocios. Ahora tienen que corroborar si ello es cierto”, confió una fuente judicial con acceso al expediente.
Para la fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales, y que para ello contaron con la colaboración de funcionarios que miraron para otro lado. El juez Zoff ha dado diferentes pasos antes de resolver sobre la situación procesal de los imputados: tomó declaración a nuevos testigos, pidió realizar una pericia contable sobre la empresa –que fue realizada por la perito del STJ, María Florencia Ara- y, ahora busca adentrarse en el Grupo Senor, para conocer si la empresa Grandes Máquinas SA, a la cual se le dieron diferentes créditos del Finver, tenía capacidad económica para afrontar el compromiso asumido con la Provincia. Hay un informe del síndico contador Horacio Larrivey que fue contundente al concluir que la firma no era solvente.
Grandes Máquinas SA se presentó en concurso preventivo el 18 de septiembre de 2012, y luego el juez en lo Civil y Comercial N°3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, designó como síndico al contador Larrivey, quien en un informe cuestionó “la irresponsable asistencia financiera”, a una empresa que no era solvente. Además, advirtió que la compañía estaba en cesación de pagos desde el 1º de diciembre de 2011 y que aún así, el Finver le desembolsó créditos en 2012. El juez dispuso la quiebra de la firma el 14 de marzo de 2014.
Las preguntas que la Justicia intenta dilucidar son: ¿los dueños de Grandes Máquinas SA montaron un ardid para acceder a los créditos del Estado entrerriano? O, caso contrario, ¿contaban con la capacidad económica, vía otras firmas, para llevar a cabo la tarea pero la crisis económica les hizo caer el negocio?
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