El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En el debate por el veto presidencial al proyecto de ley que aumentaba las jubilaciones, los diputados nacionales por Entre Ríos volvieron a mostrar una fuerte división.
Gustavo Bordet, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna (Unión por la Patria) votaron por rechazar el veto y ratificar la ley, mientras que Francisco Morchio (PRO), Nancy Ballejos (PRO), Atilio Benedetti (UCR) y Beltrán Benedit (La Libertad Avanza) se pronunciaron en favor de sostener la decisión del presidente Javier Milei. Por su parte, la radical Marcela Ántola (del bloque la Democracia para Siempre) optó por la abstención.
El oficialismo en la Cámara baja volvió a blindar el veto al proyecto de ley de aumento a las jubilaciones. La votación resultó con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones. Al haber 249 legisladores presentes, la mayoría especial requería 166 avales y la oposición se quedó a 6 votos de ratificar la insistencia.
A diferencia de lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2024, Independencia y el bloque Producción y Trabajo votaron junto a la oposición a favor de la insistencia del incremento previsional. Sin embargo, La Libertad Avanza logró mantener a los “radicales peluca” y al Pro. Por otro lado, los cuatro misioneros de Innovación Federal se abstuvieron.
María Eugenia Vidal, repitió la abstención tal como lo hizo en la votación de insistencia con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Del mismo modo, la diputada entrerriana Marcela Antola, ausente a la hora de aprobar el tratamiento sobre tablas, también se abstuvo.
El texto, que había sido aprobado en Diputados oportunamente con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones preveía un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.
Además, se incorporaba por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y se preveía un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras.
Fuente: Análisis.
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