Frente a esa declaración oficial, “sostenemos que la facultad del gobierno federal de reglamentar la navegación, bajo el principio de libre navegabilidad de los ríos, debe ejercerse en armonía con la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales”, expresaron los legisladores Martín Oliva, Víctor Sanzberro, Patricia Díaz y Claudia Silva, en relación a la navegabilidad del río Paraná.
“No podemos conocer el contenido y alcance del mismo, y tampoco la opinión de las autoridades portuarias entrerrianas al respecto, por lo que se solicitó que el gobierno provincial que pueda hacer las gestiones necesarias para obtener una copia y que la misma sea remitida al Senado”, manifestaron, además de recordar que “la configuración y el gobierno de la vía navegable troncal debe ser ejercida a través del derecho intrafederal, que responde a principios similares a los del sistema de coparticipación federal de impuestos, decisiones compartidas y gobierno compartido”.
Asimismo, denunciaron que sigue sin ponerse operativo el Consejo Directivo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA), un organismo que hasta la gestión anterior le permitía a las provincias integrantes de la Hidrovía Paraná- Paraguay poder tener participación, opinión e injerencia en la toma de decisiones de la navegabilidad del Paraná.
Acerca de las vías navegables
Entre Ríos tiene tres puertos públicos operativos sobre el río Paraná, siendo parte los mismos de vía navegable troncal argentina y de la Hidrovía Paraná- Paraguay: se trata de las terminales de La Paz, Puerto Diamante e Ibicuy.
La vía navegable troncal argentina tiene una extensión de 1.477 kilómetros, siendo fundamental para el desarrollo de la economía del país, vinculando los puertos y las terminales fluviales del Paraná y del Río de La Plata con el océano.
Constituye la principal vía para el comercio exterior de la Argentina, llevando aproximadamente el 80% de la exportación nacional.
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