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Las 20 causas que involucran a sectores y personalidades con poder en Entre Ríos

Si no hay alguien detrás, ocupado en seguir de cerca la marcha de cada uno de estos expedientes, la suerte que correrá la mayoría será la misma que la de muchos otros: permanecer casi invariable y, tal vez, extinguirse por el paso del tiempo. En la provincia, los tribunales tienen numerosas causas abiertas que involucran de lleno a sectores o personalidades con poder, pero que tardan varios años en resolverse o directamente no se resuelven. Si bien el nuevo sistema procesal penal ha dado buenos resultados en cuanto a la celeridad de las investigaciones, existen algunas excepciones que no entran en esa generalidad.

Realizaron un registro de los casos más resonantes y del tiempo que llevan en pesquisa, sin llegar a juicio ni sentencia. En esta nota, los 20 expedientes más resonantes que involucran a sectores o personalidades con poder en Entre Ríos.

Por Natalia Buiatti, de ANÁLISIS DIGITAL

Comenzar a colectar la información de los expedientes judiciales que involucran a funcionarios o ex funcionarios públicos, puede transformarse en una maraña informativa. Muchas de las causas apuntan, más o menos, a las mismas personas, aunque las denuncias y procesos no sean los mismos. También hay que decir que muchas de las causas, podrían ampliarse en cuanto a la investigación e involucrar a funcionarios que hasta ahora no aparecen mencionados.

Lo evidente es que lo procesos abiertos por corrupción son muchos. Y que la mayoría promedia un puñado interesante de años para la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Esto sucede pese a la implementación del nuevo sistema procesal penal, que entre otras cosas imprimió rapidez a la resolución de expedientes judiciales. En todo caso, se dirá que no se puede avanzar más rápido por la complejidad de algunas investigaciones. Pero hay un denominador común que despierta suspicacia cuando se observan esos procesos en perspectiva: todos involucran a sectores o personalidades con poder en la provincia.

Desentrañar abusos en las funciones públicas


1) Este lunes amanecimos con la noticia de que el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, hará el pedido de elevación a juicio en la causa por abusos contra el cura Justo José Ilarraz. El expediente inició en septiembre de 2012, por lo que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) tomó casi cuatro años. Hasta acá, la causa parece que dará un paso definitivo al juicio oral, pero aún existe la posibilidad de que la jueza Paola Firpo le otorgue al defensor Juan Ángel Fornerón una nueva chance para continuar dilatando el proceso.

2) El juicio oral por abusos contra el ex funcionario municipal de Urdinarrain, Javier Broggi, quedó suspendido en octubre del año pasado, luego de un extraño episodio por el cual el tribunal constituido en Gualeguaychú, en pleno debate, no estuvo de acuerdo con la investigación penal realizada y devolvió el expediente a la Fiscalía para que continúe con la pesquisa. La medida de los jueces motivó un recurso de Casación que ordenó al mismo tribunal reabrir el juicio, pero esta vez los magistrados de excusaron. Se conformó un nuevo tribunal, pero estos últimos entendieron que la excusación de los primeros tres no corresponde. El expediente quedó paralizado, a la espera de que un nuevo trío de jueces esté dispuesto a continuar con el debate.

3) El expediente, también por abusos contra el cura payador Marcelino Moya, lleva más de un año investigándose. La última novedad que se conoció en torno de la pesquisa fue en mayo, cuando se tomó declaración a casi una veintena de personas en Seguí. Esta medida de la Fiscalía de Villaguay, donde se radicaron las denuncias y se instruye la causa, seguiría en otras localidades de la zona, por donde el cura frecuentaba. Además, Moya ya nombró a un abogado defensor. El expediente cuenta con el testimonio de dos presuntas víctimas.

Las causas que apuntan a Urribarri


4) Las causas por corrupción política en la provincial son numerosas y se han multiplicado en el último tiempo. La primera y más resonante involucra al ex gobernador Sergio Urribarri, su hijo Mauro -actual ministro de Gobierno-, y su cuñado Juan Pablo Aguilera, entre otras personas de su grupo familiar y allegados en la función pública.

Desde diciembre del año pasado, cuando el ex mandatario fue públicamente denunciado en la revista ANÁLISIS por supuesto enriquecimiento ilícito, y ese informe periodístico tomó forma de denuncia penal, en la causa se han librado oficios y se ha pedido una batería de pruebas. Luego de contar con la información requerida desde el Ministerio Público Fiscal, se realizará una pericia contable para evaluar la evolución patrimonial de los Urribarri. Pese a eso, a medida que ha ido avanzando la investigación, se han ido acumulando otros probables delitos como malversación de caudales públicos, negocios incompatibles con la función pública y peculado, entre otros.

Así lo contó el querellante Rubén Pagliotto a medios de prensa. Y también dijo que “la instrucción avanza rápido y probable que Mauro Urribarri y algunas otras personas más puedan ser citados a prestar declaración indagatoria” desde este lunes, tras la feria judicial.

En el caso de que Sergio Urribarri sea llamado indagatoria, podrá ampararse en los fueros parlamentarios, por ser presidente de la Cámara de Diputados. Ante esa posibilidad, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político deberá dictaminar sobre el desafuero.

5) En el marco de esta causa, también hay que referir a una investigación que surge como ramificación de la causa madre por enriquecimiento ilícito. Urribarri deberá responder por incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones, a raíz de las contrataciones que hizo el gobierno provincial con la firma Cinco Tipos, que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera. Acá también está involucrado el ex ministro de Cultura y actual diputado, Pedro Báez y Hugo Céspedes, ex subsecretario de Gestión Administrativa del gobierno provincial anterior.

6) Otra de las denuncias que coloca en la mira al ex gobernador es la interpuesta hace pocas semanas atrás por sobreprecio en la obra pública, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. La presentación fue realizada por Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, luego de las declaraciones públicas del fallecido empresario de la construcción Víctor Pietroboni -uno de los predilectos del gobierno anterior-.

7) Pero las investigaciones penales no terminan acá. Existe también un proceso que investiga la contratación directa y millonaria de la firma Nelly Entretaiment S.A. por parte del gobierno que encabezó Urribarri para la difusión de cuatro piezas audiovisuales, en el marco de la Cumbre del Mercosur. La empresa tiene como integrante a Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal y actual legislador nacional.

El fiscal a cargo de la causa es Santiago Brugo e investiga fraude, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el expediente está en debate el destino de 28 millones de pesos, que podrían haber sido destinados para financiar el sueño presidencial de Urribarri.

8) Existe otra más, una investigación que podría alcanzar a Sergio Urribarri y quien fuera coordinador de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER), Carlos Molina. La línea de pesquisa surgió luego de la condena por la tragedia de Once, cuando en la sentencia se pidió investigar si hubo delitos al otorgar la concesión a las empresas Trenes de Buenos Aires (TBA) y Cometrans -pertenecientes a la familia Cirigliano- de los servicios ferroviarios conocidos como “El Gran Capitán” y el “Tren de los Pueblos Libres”.

El fiscal federal porteño Franco Picardi consideró que existen “elementos suficientes para sospechar que en el marco de tales concesiones se cometieron distintas irregularidades que ameritaban el inicio de una investigación al respecto”. Es que TBA se hizo de la concesión de “El Gran Capitán” y el “Tren de los Pueblos Libres” a pesar de que prestaba un servicio deficiente y, en lugar de rescindir el contrato por los reiterados incumplimientos constatados por el organismo interno de control, “la autoridad oficial no habría adoptado las medidas pertinentes y permitió al consorcio empresario ampliar sus negocios”.

Vamos al cine


9) Las causas por corrupción se multiplican y ramifican entre ex y actuales funcionarios de Entre Ríos. El ex ministro de cultura, Pedro Báez, también quedó en la mira de la Justicia Federal. Fue cuando el juez federal Claudio Bonadío citó a indagatoria a 70 personas en el marco de una causa en la que se investiga la distribución de subsidios por parte del kirchnerismo para fomentar el cine argentino, y entre ellos está el ex dueño del diario Página/12 y titular de la productora Aleph Media, Fernando Sokolowicz. La provincia compró 9.000 copias de la película “Verdades Verdades, la vida de Estela”; ese vínculo se afianzó con la adquisición de 6.000 copias de la película “Martín Fierro”, un film de animación basado en una historia de Roberto Fontanarrosa.

El jardinero K, con cargo en Entre Ríos


10) Ricardo Barreiro, el jardinero K, tenía un cargo en Entre Ríos. En rigor en el año 2012, el gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, nombraron al empresario como funcionario del gobierno. El cargo que le dieron fue coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (CEICER), que hasta agosto de 2015 dirigió Sebastián Lorenzo.

Además se conoció que en diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, el funcionario le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. Su empresa aparece en el Registro de Proveedores con el número 4.711. A raíz de ello, el abogado Guillermo Mulet lo denunció y la justicia comenzó a investigar. La Investigación Penal Preparatoria ya se concluyó, pero aún jo hay fecha para el juicio oral.

El diputado sindical José Allende, y la causa que no se mueve


11) Un actual diputado y titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en la provincia, José Ángel Allende, también está siendo investigado en la Justicia. La causa es por presuntos desvíos de subsidios del Estado destinados a la Fundación Esperanza, que preside la esposa del legislador. La denuncia es por enriquecimiento ilícito e incompatibilidad de negocios con la función pública, por el manejo millonario que hizo de los subsidios legislativos. El expediente se abrió a comienzos del 2012 y tuvo escaso avance. Allende nunca fue siquiera convocado a justificar sus bienes, más allá del fuero legislativo. Sí se presentó por motus propio y aseguró que “no se iba a amparar en los fueros”. El expediente marcha a paso lento.


Las causas de Darrichón


12) El diputado provincial y ex intendente de Diamante, Juan Carlos Darrichón, también enfrenta causas en la Justicia. A él, junto a su entonces secretario de Gobierno, Héctor Miguel Zapata, se los acusa de haber incurrido en un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en virtud de la omisión de transferir los fondos correspondientes a aportes jubilatorios de los empleados municipales a la Caja de Jubilaciones municipal. En marzo de 2014 el Superior Tribunal de Justicia ordenó que se revea el sobreseimiento de Darrichón en esta causa, tras haber sido sobreseído en dos oportunidades. Hasta ahora no hubo novedades.

13) En marzo de este año, se conoció una nueva causa que salpica a Darrichón: él y el abogado diamantino Nelson Schlotahuer fueron procesados por el delito de violación de los deberes de funcionario público, en relación a la cesión de un terreno a través de un contrato de comodato, cuando en 2010 el letrado era secretario de Gobierno y el legislador era intendente de Diamante.

Panozzo y su gestión en Chajarí

14) El actual presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo ex intendente de Chajarí, está complicado en la justicia. Su dolor de cabeza comenzó el año pasado, cuando los entonces ediles Gabriela Lena, José Antonio Fochesatto, Rubén Alberto Dal Molín, y Avelino Esteban Pezzini presentaron una investigación donde dieron cuenta de una supuesta venta ilegal, a precios irrisorios, de terrenos municipales a particulares que tendrían un estrecho vínculo con las autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo y legislativo local. En la denuncia se sostiene que tras un proceso licitatorio de “dudosa difusión pública”, quienes accedieron a la compra directa de los terrenos del Estado “no son otros que hijos, hermanos, padres y parejas de Concejales y funcionarios de la Municipalidad, e incluso ex funcionarios de alto rango”.

En rigor, según la investigación de los concejales opositores, los lotes habrían sido adquiridos por cifras cercanas a los 200 mil pesos por el hijo de Alicia Peliquero, Secretaria de Gobierno y Hacienda; el padre y la prima de la Concejal Julieta Racigh; la pareja de Pablo Lalosa, Secretario de Obras y Servicios Públicos; y la hermana de Matías Díaz, Director Municipal de Obras Públicas. Según la demanda, los lotes habrían sido adquiridos a 150 pesos por metro cuadrado.

Martín Fernández y el IAPS


15) El ex gerente general del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS), Martín Fernández, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y también por negocios incompatibles con la función pública.

Antes de recalar en el Instituto del Seguro, Martín Fernández ocupó una banca de concejal en Gualeguaychú por el Frente para la Victoria (FPV), entre 2007 y 2011. El año pasado compró un coqueto hotel en Gualeguaychú, valuado en más de 10 millones de pesos y le hizo una fuerte inversión. Posee además varias empresas familiares; una de ellas con negocios mediante sociedades que no se llegaron a concretar en el Parque Industrial Gualeguaychú.

Causa cosechadoras

16) Los ex ministros de Producción Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero, son investigados en la causa que se investiga el destino de 5,5 millones de pesos que estaban consignados para construcción de máquinas cosechadoras a la empresa Senor. El argumento en la investigación, hasta el momento, son los tres decretos donde constan los montos y condiciones para los créditos que se otorgó a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, entre 2009 y 2012.

El informe del síndico que intervino en la quiebra de la empresa es crítico del rol de los funcionarios públicos.


Alanís y Crettón Pereyra esperan el juicio


17) El ex vicegobernador Héctor Alanis, su sobrino Maximiliano Alanis, el ex vicepresidente primero del Senado Humberto Re, y José Maximiliano Cretton Pereyra, ex director administrativo, esperan el juicio en la causa por peculado. A los imputados se les atribuye haberse apropiado de fondos públicos del Estado provincial durante los años 1998 y 1999, cuya administración les había sido confiada en razón de los cargos que detentaban, en lo que fue un resonado caso de corrupción. La Cámara dejo firme el procesamiento en noviembre del año pasado, pero no hay mayores novedades.


Los desvíos de Vialidad provincial


18) Jorge Rodríguez, ex titular de Vialidad provincial, rinde cuentas en los tribunales acerca de dos hechos que se le imputan: el desvío de fondos para sostener una escuela y una campaña solidaria en el Chaco, cuyos beneficiarios eran miembros de la comunidad Wichi, en la que se habrían detectado irregularidades administrativas. La causa inició en octubre del año pasado. Pese a eso, Rodríguez es funcionario del actual gobierno.


Los negocios del escribano


19) Quien fuera durante años el escribano Mayor de Gobierno en Entre Ríos, Francisco Gastaldi, fue condenado en noviembre del año pasado. Recibió 4 años de prisión y 6 de inhabilitación, por estafa y falsificación de documentos para quedarse con propiedades de un hacendado. Pero en 2014, Gastaldi también fue condenado por hacer una escritura de cesión de bienes a un hombre que estaba muriendo

Sin embargo, existe otro proceso penal, un tercero en el que se apunta a Gastaldi por haber acudido a maniobras fraudulentas en una sucesión de bienes.

Alfonzo, la trata de personas y vínculos


20) La grave causa por trata de persona menor de edad contra Gustavo Alfonzo, fue instruida en casi dos años. La investigación fue relativamente rápida. Sin embargo, lo que se cuestiona es que no se haya profundizado la pesquisa en torno a algunos vínculos políticos o con personas de exposición pública en Concordia. Incluso, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, lo advirtió a un periodista local cuando le dio una nota.

Alfonzo ha permanecido en prisión preventiva, luego ser señalado por una menor de edad como responsable de captarla, trasladarla a un departamento, encerrarla, golpearla, drogarla y hacerla violar, entre otros graves delitos, con la finalidad de “ablandarla” para prostituirla.

La causa ha sido un escándalo que ha trascendido las fronteras provinciales, justamente por los vínculos del locutor con personas de la política, asentados en la agenda de contactos que el detenido tenía en su teléfono personal.

Las que sí tuvieron resolución


Aunque también tomaron muchos años de investigación, no se puede dejar de mencionar las causas en las que en los últimos años sí ha habido una resolución, como la que condenó al ex senador Félix Pacayut, su hermano Carlos, un empresario, un contador y dos ex empleados del Senado por defraudar a la administración pública en la asignación de fondos para reconstruir el Puerto Ibicuy.

El del ex senador Mario Yedro es otro de los casos con condena. La Justicia se tomó largos años en darle una vuelta de rosca al expediente y fue sentenciado por enriquecimiento ilícito. En ese fallo se ordenó la expropiación de campos ubicados en el departamento Tala, que el ex senador no devolvió. Por eso fue condenado una segunda vez.

Este año fue sentenciado el ex diputado y ex embajador en Cuba, Abraham Taleb, por enriquecimiento ilícito, que deberá hacer trabajos comunitarios por tres años. También fue condenado el coordinador de políticas públicas en la provincia y ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, por peculado simple, en una causa que investigó el uso “indebido” de un medidor de luz para un local partidario.

No se pondrá en discusión la importancia de perseguir los delitos de corrupción. Pero tampoco puede dejar de generar asombro el contraste entre las causas que este año sí lograron condena y otras que involucran a funcionarios actuales o ex funcionarios públicos pero parecen frenadas, o con una marcha de tortuga.

 

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