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Para sostener su particular teoría de inocencia, basándose en el "no fui yo, fuimos todos", el empresario Lázaro Báez le facilitó al juez Sebastián Casanello un listado con los colegas que habrían sido beneficiados aún más que él en negocios con el Estado durante los 12 años del kirchnerismo. (Foto: Archivo El Miércoles Digital).

Lázaro Baez quiere que investiguen a la empresa uruguayense Pietroboni

El empresario cercano a los Kirchner le pide al juez que investigue a todos los adjudicatarios de obras públicas durante la década que concluyó, así como a los funcionarios encargados de controlarlos. En la lista está la empresa entrerriana Pietroboni, que construyó, entre otras obras, el Puente a la Isla del Puerto, y es una de las favoritas del PJ desde tiempos de Busti. En la lista de las principales adjudicatarias, Pietroboni aparece en el lugar 29.

"Si me investigan a mí, investiguen a todos", dijo Lázaro Báez. Y no quedaron afuera ni políticos ni empresarios. En el escrito que presentó ante Casanello, le reclama al juez que indague sobre los negocios de otras firmas que hicieron negocios millonarios con el Estado kirchnerista.

Para sostener su particular teoría de inocencia, basándose en el "no fui yo, fuimos todos", el empresario Lázaro Báez le facilitó al juez Sebastián Casanello un listado con los colegas que habrían sido beneficiados aún más que él en negocios con el Estado durante los 12 años del kirchnerismo, entre ellos figura un reconocido uruguayense: “Pietroboni”.

También mencionó que entre aquellos a los que se debería investigar a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y titular de la constructora Iecsa SA, como el tercer empresario por volumen de negocios con el Estado. Y también a sus socios y ex socios. No quiso dejar a nadie afuera.

EL LISTADO

1) TECHINT, de Paolo Rocca; 2) ELECTROINGENIERIA, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra; 3) IECSA, de Angelo Calcaterra; 4) CORPORACIÓN AMÉRICA, de Eduardo Eurnekian; 5) INVAP, de la Provincia de Río Negro; 6) ODEBRETCH, de Marcelo Odebretch, multinacional de origen brasilero; 7) ESUCO, de Enrique Wagner; 8) CARTELLONE, de José Cartellone; 9) ROVELLA CARRANZA, de Mario Rovella; 10) JCR, de Juan Carlos Relats; 11) GRUPO ROGGIO, de Aldo y Benito Roggio; 12) CHEDIACK, de Juan Chediak;13) CPC, de Cristóbal López; 14) SUPERCEMENTO, de Julián Astolfoni; 15) ISOLUX, de Luis Delso, 16) PETERSEN, de Enrique Eskenazi; 17) PANEDILE, de Hugo Dragonetti; 18) GENERAL ELECTRIC, multinacional de origen estadounidense; 19) COARCO, de Patricio Gerbi;20) SIEMMENS, multinacional de origen alemán; 21) CONTRERA HERMANOS, de Juan Touseda; 22) EQUIMAC, de Silvio Mion; 23) COMSA, multinacional origen español; 24) GANCEDO, de Felipe Gancedo;25) DYCASA, de Javier Balseiro; 26) PAOLINI, de Julio Paolini;27) ECODYMA, de Juan Scaramellini; 28) VIALMANI, de Luis Armani, 29) PIETROBONI, de Víctor Pietroboni;30) LUIS LOSI SA, de Luis Losi;31) GREEN, de Carlos Arroyo;32) GUERECHET SA, de Julio Guerechet;33) DURO FELGUERAS, multinacional de origen español;34) TEYMA ABENGOA, multinacional de origen español;35) KOPEX, multinacional de origen polaco;36) GRUPO AUSTRAL, de Lázaro Báez.

 

BUSCARÁ REVOCAR SU PROCESAMIENTO

Báez había pedido además una audiencia a la Cámara Federal para defenderse personalmente, lograr que revoquen su procesamiento y buscar la libertad. El tribunal lo citó para el 6 de junio, a las 11.15.

Báez, preso desde hace dos meses por lavado de dinero, será más amplio ante los jueces de la Sala II de la Cámara Federal. Martín Irurzun, presidente de la Cámara, le preguntó si quiere que su audiencia sea ante los periodistas.

Por lo pronto, en su escrito presentado ante Casanello fue duro, mordaz, con el juez y dejó mensajes políticos para otros destinatarios fuera del expediente.

"Es la administración quien selecciona las empresas contratistas", escribió Báez, y dijo que lo hace a través de licitaciones que son el mecanismo que asegura transparencia. Sostuvo que este proceso está controlado no sólo por los funcionarios de la misma fuerza política, sino que son "observados, evaluados, auditados por el conjunto político de representantes del pueblo y de las provincias".

"Esta modalidad de contratación se inscribe en políticas de Estado fijadas por los representantes del Poder Ejecutivo Nacional en los últimos períodos de gobierno en lo que se conoce como el Plan Federal de Obra Pública", escribió, sin poner los nombres Néstor y Cristina Kirchner y Julio De Vido. "Esta política de Estado fue acompañada por actores de todos los partidos e ideologías políticas", dijo entre otros puntos.

En el capítulo de los políticos no puso nombres. No hizo falta. Entendió que el juez le dictó la prisión preventiva para vengarse o para cuestionar "las políticas de Estado y/o control adoptadas por los últimos gobiernos".

Báez, preso desde hace dos meses por lavado de dinero, será más amplio ante los jueces de la Sala II de la Cámara Federal.
Báez, preso desde hace dos meses por lavado de dinero, será más amplio ante los jueces de la Sala II de la Cámara Federal.

"Sin embargo, los actores centrales de ellos no somos nosotros, sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (diputados y senadores, nacionales y provinciales) y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos sobre los que reposa el deber de control", dijo. Así atendió a los políticos, kirchneristas y no kirchneristas.

De los empresarios publicó una lista de 36 contratistas de obra pública nacional donde Austral Construcciones es la última en importancia y Iecsa SA, de Angelo Calcaterra, la tercera. Es la segunda vez que Báez menciona al primo del Presidente. La primera vez fue cuando dijo que ambos pensaban asociarse para hacer represas en Santa Cruz, licitación que ganó Electroingenería. Esta firma es la segunda. En la lista puso resaltado en negrita los nombres de Mario Rovella, que controla su ex empresa Gotti; Cristóbal López; Enrique Eskenazi, que recibió del kirchnerismo YPF; Felipe Gancedo; Juan Chedieck, que preside la Cámara Argentina de la Construcción, y Enrique Wagner, ex titular de la Cámara e investigado por Casanello. "Con la impronta que impusieron a la causa, todos los integrantes de esta lista deberían ser investigados", dijo Báez.

Para cuestionar al juez, Báez siguió prefiriendo una defensa técnica. La primera parte de sus 18 carillas en cuerpo 10, firmadas por sus abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, apunta a decir que el juez Sebastián Casanello no probó el delito precedente necesario para configurar el lavado de dinero. Se quejó de que el juez y el fiscal Guillermo Marijuan lo persiguen por millonario y aludió a que dicen que realizó obras con sobreprecios sin tener pruebas. Buscó desmentir las evidencias del juez para sostener que Báez lavó dinero mediante facturas truchas del grupo Suris, Patagónica Argentina, Grupo Penta, Calvento SA y Terrafori SA.

Negó que Suris -preso por narcotráfico- tenga vínculos con Austral Construcciones. Aseguró que cada empresa facturó servicios reales que hizo para Austral Construcciones, y aportó papeles que, dice, pueden corroborarlo. Báez sostiene que el juez "despreció" estas pruebas y consideró que afirmar que contrató empresas fantasma "es una aventura judicial".

Fuentes: Clarín y La Nación.

 

 

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