El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En diciembre de 2025 comenzó a circular el proyecto de Ley de Libertad Educativa, con la cual el Gobierno Nacional pretende reemplazar la Ley 26.206 de Educación Nacional, nacida con el mayor consenso.
En este marco, la diputada nacional Marianela Marclay formó parte del grupo de legisladores que el último viernes se reunieron en Paraná con la conducción de Agmer, interesada en conocer la postura de los legisladores nacionales por Entre Ríos ante este proyecto de ley.
Durante el encuentro, Marclay junto a los diputados Guillermo Michel y Blanca Osuna, y el senador Adán Bahl, ratificaron su postura a favor de la legislación actual, que en su momento fue la herramienta capaz de revertir la fragmentación del sistema educativo y la desfinanciación producida por la Ley Federal de Educación.
“Es importante realizar una comparación para ver cómo, en diversos aspectos del sistema educativo, la nueva iniciativa plantea un retroceso en cuanto al rol del Estado como garante del derecho a la educación”, expresó Marclay.
La ley actual declara a la educación como un derecho fundamental y un bien público, que el Estado asegura concibiéndolo como política estatal. Sin embargo, la nueva iniciativa establece el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos y habla de “educación abierta”, sin certificación oficial. “Con esta ley, el Estado ya no es garante, más bien brinda un apoyo secundario, delegando la mayor responsabilidad a los padres”, expresó la Diputada.
También es observable la descentralización que el proyecto propone en cuanto a la definición de contenidos y planes curriculares, al definir que estos planes podrán ser elaborados por cada escuela. Actualmente estos contenidos son definidos de manera rectora por el área educativa de cada provincia, en concordancia con lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación.
Por otra parte, “es cuestionable que el proyecto defina a la educación como un ‘servicio esencial’, ya que esto avanzaría sobre el derecho a huelga de los trabajadores educativos. Puntualmente, la iniciativa habla de ‘continuidad mínima del servicio educativo’”, detalló la legisladora.
Enseñanza alternativa y financiamiento
Preocupa que el proyecto de ley incluya opciones como la educación en el hogar, a cargo de los padres o de quienes ellos designen. También habla de entornos virtuales de aprendizaje, incluyendo instituciones educativas no radicadas en Argentina. En este marco de educación abierta, por fuera de la educación formal, se brinda el derecho a toda persona humana o jurídica para organizar, ofrecer o recibir enseñanza.
En cuanto al financiamiento, la ley vigente determina que el presupuesto para educación no puede ser inferior al 6% del Producto Bruto Interno. “Sin embargo, el proyecto del gobierno habla de vales, bonos, becas, créditos fiscales y demás instrumentos, por lo cual no queda claro qué pasaría con ese monto actualmente garantizado”.
Conclusiones
“Este proyecto de ley cambia el paradigma de la educación como política de Estado: propone pasar de un Estado garante del sistema educativo a un Estado con rol subsidiario”, concluyó Marclay.
Al enfatizar el rol de las familias por sobre el Estado, éste se desentiende de ciertas cuestiones; por ejemplo, cuando niños y jóvenes no asisten a la escuela porque sus padres no los envían. Asimismo y bajo el disfraz de mayor autonomía, introduce la enseñanza en el hogar y planes de estudio propios, diseñados por cada establecimiento.
Por otra parte, al declarar servicio esencial la educación básica, limita el derecho a huelga ya que establece “guardias mínimas”.
“No dudo de que se deban realizar profundas reformas en el sistema educativo pero no creo que esta Ley de Libertad Educativa sea el camino, al menos para quienes creemos en la educación como herramienta de movilidad social y equidad”, finalizó Marclay.
Fuente:Prensa de la diputada Marclay.
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