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Lo que propone el nuevo proyecto que dispone la emergencia en materia de violencia hacia las mujeres

El proyecto ingresó el viernes a la Cámara de Diputados y establece que se declare por dos años en la provincia la emergencia en materia de violencia de género. La iniciativa dispone “la asignación de un presupuesto acorde para la ejecución de políticas públicas integrales” y la creación de un “organismo de supervisión y sistematización que permita elaborar un mapa de la situación”.

a iniciativa fue elaborada por el diputado provincial Alejandro Bahler y por las candidatas a diputadas nacionales por la Lista 50- Partido Socialista- Encuentro Social, la uruguayense Verónica Magni y Daniela Vera.

El artículo 1º del proyecto dispone que se “declare en todo el territorio de Entre Ríos y por el término de dos años, la emergencia en materia de violencia hacia las mujeres”. Se aclara que “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo provincial si subsisten las razones que la han originado” y se hace hincapié en que “se deberá hacer especial énfasis en la promoción de los derechos de la mujer y prevención sobre violencia de género en toda la provincia”.

Entre los objetivos de la iniciativa se menciona a la “creación de casas-refugios en todos los departamentos de la provincia para albergar a las víctimas de violencia” y “la creación de dependencias interdisciplinarias territoriales compuestas por grupos de trabajo que incluyan a profesionales de distintas disciplinas necesarias para acompañar y contener a quienes realicen sus denuncias”.

También se establece la creación de un “organismo de supervisión y sistematización, estadístico y autónomo, que releve los femicidios y las denuncias de violencia hacia las mujeres y permita elaborar un mapa de la situación en la provincia”.

Este organismo, que dependerá del Poder Ejecutivo, “debería también supervisar la ejecución y desarrollo de políticas públicas en materia de derechos de las mujeres” y contará “con participación de las organizaciones sociales que trabajan en la temática”.

Además se insta a “realizar una campaña de difusión masiva desde los distintos organismos, con sus direcciones y teléfonos para acudir en caso de violencia de género”.

Y se dispone la “formación de promotoras en prevención de la violencia y promoción de derechos de las mujeres con el objetivo de priorizar la prevención en territorio, a cargo de las organizaciones sociales que trabajan la problemática”.

“En todos los casos, y aún en los registros que las autoridades públicas puedan implementar, se deberá preservar y resguardar la identidad de la víctima a fin de evitar con ello una exposición al flagelo social”, se marca en el proyecto legislativo.

El tercer artículo es el que da cuenta del financiamiento que implica la instrumentación de tal legislación: “Se deberá asignar un presupuesto acorde para la ejecución de políticas públicas integrales en materia de los derechos de las mujeres en la provincia de Entre Ríos, de acuerdo a lo previsto en la Ley 26.485 de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.

En tanto, el cuarto artículo establece que “se deberá brindar en cada localidad de la provincia atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica a las mujeres que sean víctimas de violencia de género”.

La iniciativa también faculta al Poder Ejecutivo a “disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia, las que tendrán como finalidad la prevención y promoción sobre la  violencia de género” y lo autoriza a “firmar y suscribir convenios con entidades particulares nacionales o internacionales, provincias y municipios que tengan por objeto ayudar en forma positiva a enfrentar esta creciente problemática de violencia hacia la mujer”.

Finalmente se invita a los municipios de la provincia a adherir a esta ley, realizando las adecuaciones necesarias a su ordenamiento.

FUNDAMENTOS

“El contexto en el que se da el aumento de femicidios en el país es sumamente preocupante, con una situación de ajuste en materia económica para con las/os trabajadores y el conjunto de la sociedad, el achicamiento del Estado en materia de derechos, la pérdida del poder adquisitivo de la asignación por hijo, el cierre de las jubilaciones de amas de casa y las mujeres en la cabeza del desempleo”, se indica en los fundamentos del proyecto, y se agrega: “Ello, sumado a recortes específicos en los programas dirigidos a las mujeres, son una foto de la vulnerabilidad en cuanto a derechos del pueblo entero y de las mujeres en particular, que son protagonistas del sector de la economía popular, de los hogares más humildes y de los trabajos flexibilizados y precarizados”.

“La provincia de Entre Ríos es una de las que encabeza el listado de provincias con el mayor número de femicidios del país, en proporción con la cantidad de habitantes”, se añade.

Por tales motivos “se hace necesario declarar la emergencia en violencia de género hacía las mujeres en la provincia porque, en el marco del achicamiento del Estado y el recorte de derechos, crece el índice de femicidios y las mujeres de los movimientos populares sabemos que organizarnos es la forma de estudiar para resolver nuestros problemas”.

“El aumento de los femicidios en Entre Ríos como el último de los estadíos de la violencia contra las mujeres, da cuenta de una problemática que se agudiza y que requiere un abordaje a través de políticas públicas integrales. No resulta suficiente con sólo el acompañamiento y la contención, sino que deberá promoverse la autonomía tanto como ampliar los derechos y oportunidades para las mujeres que viven y trabajan todos los días en nuestra provincia”, se expresa en otro párrafo del proyecto.

“En Argentina una mujer es asesinada solo por ser mujer cada 18 horas y es una realidad que no podrá solucionarse a través de dispersos actos de origen espasmódicos, no coordinados, ni medidos, o consensuados, como lo son las acciones que se llevan adelante actualmente desde el estado. Algo que como puede observarse de modo tangible, no ha producido cambios en ésa realidad”, se indica.

Luego se destaca la necesidad de “formalizar puntos de debate” de esta iniciativa, “permitiendo que sea discutida plural y participativamente” y asegura que la emergencia deberá “ser abordada desde dos planos, a corto y a mediano plazo, lo urgente y lo importante tienen que ser fortalecidos con este debate para que lo uno no tape lo otro ni viceversa”.

Se destaca luego la necesidad de convocar al debate a todas las áreas de la mujer de las municipalidades, a los movimientos sociales, a especialistas, a colectivos feministas, familiares de víctimas, etc.

También la iniciativa resalta que es “urgente” la capacitación docente y de todos los miembros de comunidades educativas en la materia, en jornadas institucionales y capacitaciones específicas, seminarios y talleres: esto “resulta indispensable”. Y destaca que “también lo es la incorporación a la currícula del sistema educativo de la perspectiva de género a fin de que no resulte librada al voluntarismo de la mal afamada transversalidad; que termina en muchas ocasiones por no poder incluir los valores que propone para su tratamiento”.

Además hace hincapié en la necesidad de “establecer programas de seguimiento, aplicación y regulación de la Educación Sexual Integral”, entre otros tantos puntos.

 

 

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