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Los abogados ambientalistas se fueron del Consejo de la Hidrovía

La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAAA) anunciaron su alejamiento del Consejo Federal de la Hidrovía. En el comunicado expresaron que no convalidan “las decisiones administrativas hasta aquí adoptadas, sin participación ni consulta ciudadana previa, y en manifiesta contradicción a las herramientas de política y gestión ambiental y el sistema de principios ambientales, de jerarquía constitucional”.

 

En el documento dado a conocer a ERA Verde, los integrantes de la AAAA recuerdan que desde la creación del Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), a partir de la finalización de la concesión de la gestión privada del tráfico por el río Paraná, desde diciembre de 2020 al presente, el ente “se apartó de los fundamentos que le dieron su institucionalidad federal y social.

Se han dictado un número no menor de decretos, resoluciones, actos administrativos y adjudicaciones de dragados, con marchas y contramarchas oficiales. Estas normas han sido sin reales mecanismos participativos y, menos aún, construcción social e institucional de tales decisiones”, machacaron sobre los fundamentos que dan cuerpo a la decisión que tomaron.

Reconocen, sí, que “la única instancia de participación ciudadana ofrecida por el CFH en todo este periodo fue reducida a la presentación y exposición virtual de nuestra propuesta, en conjunto con un número acotado de miembros invitados de la sociedad civil, que, a la vista del derrotero administrativo consumado, tampoco han sido consideradas ni formaron parte sustantiva del diseño institucional que se ha imprimido a todo este asunto”.

Río amenazado

Los Abogados y las Abogadas Ambientalistas advierten asimismo que se está ante la “presencia de un megaproyecto antrópico, de fuerte artificialización de uno de los bienes ambientales más importantes que tiene nuestro país, como es el Río Paraná. Esta situación exige un debate público lo más amplio y plural posible, y la adopción de decisiones administrativas construidas desde el consenso social y político. Esto es así porque en la vigencia del Estado de Derecho Ambiental, la afectación de los bienes comunes, en el caso, cuencas, humedales, fauna ictícola, etcétera, demanda por parte de los decisores públicos, la más amplia instancia de articulación interjurisdiccional y consenso social, componentes del federalismo de concertación ciertamente devaluados en el presente espacio del CFH”.

La AAAA evalúan que arriban a la decisión tomada luego de haber “realizado una prudente y discreta espera de respuestas oficiales a los requerimientos e iniciativas hasta aquí formuladas, resumidas en el documento presentado a todos los miembros de este espacio en la comisión de ambiente el 17 de marzo del corriente. Entendemos haber ejercido la diplomacia social al extremo; pero ya nos resulta suficiente con los aconteceres en marcha que, insistimos, no compartimos. A la postre, y en estricto resguardo de los derechos humanos ambientales, los derechos de la naturaleza y la vigencia de los instrumentos de política y gestión ambiental, evaluaremos instancias administrativas y/o judiciales. Estamos convencidos que se debe salir urgentemente del esquema propuesto por el Estado Nacional y, como venimos apuntando, conformar el Comité de Cuenca que el río Paraná en el tramo argentino, se merece. Conocemos del debate abierto en el propio frente de gobierno sobre conceptos tales como soberanía del río, de cuenca, los intentos de conversaciones que ponen en crisis el modelo de maldesarrollo, pero sin lugar a dudas, atento las últimas medidas oficiales y públicas, dichos debates han sido rápida y ‘eficientemente’ cancelados de la agenda política institucional”.

Finalmente, la entidad ambiental sostiene que “solo el ejercicio comprometido, coherente, auténticamente federal, en pleno cumplimiento de las herramientas de participación ciudadana, de la democracia ambiental, nos fortalecerán como sociedad plural y diversa. De lo contrario, como sucede ahora, estaremos frente a un prólogo oficial que sostiene y se orienta a profundizar dramáticamente la vigencia de la mal llamada hidrovía, avanzando en mayores niveles de intervención sobre nuestro río Paraná y sus ecosistemas, ratificando la política liberal de la década del 90, absolutamente desambientalizada”.

 

 

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