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Los contratos truchos: una de las causas más resonantes y vergonzosas de la democracia en la provincia

Los vericuetos legales de un escandalo que mancha a distintas administraciones gubernamentales entrerrianas. La entrevista con uno de los periodistas que más lo investigó.

 

Por EQUIPO de REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES DIGITAL

 

Federico Malvasio, periodista de Página Política y que viene cubriendo el caso de los contratos en la Legislatura, dialogó en el programa radial “En la Víspera”, que se emite todos los martes a las 21 por LT11 y Fm Arenas 92.9 y es producido por El Miércoles Comunicación y Cultura Cooperativa de Trabajo Limitada.

 

"El 3 de octubre de 2018 dimos con aquella noticia primera noticia que eran allanamientos que se hicieron a dos estudios contables que, al poco tiempo se supo, estaban vinculados a la legislatura. Estos estudios contables trabajaban administrativamente para todo un sistema ilícito de contrataciones que se hacían en el seno de la legislatura pero que se cobraba en estos estudios contables. Ese 3 de octubre se hicieron  los allanamientos y ahí empezó a rodar una pelota que  cada vez se fue tornando más grande, más compleja, una trama muy complicada  para llegar al final de toda la historia", empezó a explicarlo.

Y luego amplió "creo que se ha entorpecido un poco la narrativa de este caso un poco porque la Justicia, a mi entender, hizo muy pocos esfuerzos y también  porque están en juegos un montón de cosas. Recién decías  que es la causa de corrupción más grave de la democracia, yo creo que sí: primero porque sucedió en el seno de un poder del Estado como el Poder Legislativo; segundo, porque esto sucedió aparentemente durante diez años (2008-2018) que es el período que se investiga; y tercero, porque en la causa aparece la coordinadora de la investigación, la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, involucrada en una relación comercial con uno de los imputados, con un contador que formaba parte de uno de los estudios que integraba la asociación ilícita que se está investigando. Es decir que quien investigaba la investigación tenía como socio a un contador que era el que administraba esta asociación ilícita. Cuando uno empieza a ver los entretelones, las relaciones que había en toda esa cuestión es grave. Más grave aún es el pedido de los fiscales del Ministerio Público Fiscal de pedir que se eleve la causa a juicio con 32 imputados que en su momento integraron áreas administrativas de las cámaras, tanto del Senado como de Diputado y no aparecen en las imputaciones una sola autoridad política. Por supuesto que esto no es un ataque a la política ni es un discurso anti política sino, por el contrario,  en defensa de la política si hubo decisiones de 'la política' deberían dar cuenta".

-No se trata de un acto de corrupción marginal  de una persona que está operando en la sombra ante el desconocimiento de todo el resto de quienes estaban en la estructura burocrática respectiva, al contrario, involucra a toda una estructura. Además, es absolutamente impensable que se haya podido hacer algo así sin una dirección política.

Exactamente. Las pericias determinaron que el desfalco fue de $1.150.000.000 (mil ciento cincuenta millones) durante diez años. Vale subrayar la pregunta que decías recién: ¿Se pueden sacar del sistema administrativo, de la  $1.150.000.000 durante diez años y que no haya un solo resorte del Estado de control? ¿En ningún lado? Que  haya dicho “Acá algo pasa”.

-El origen de la causa es una situación azarosa. A un policía le llama la atención una persona con muchas tarjetas  sacando dinero de un cajero, ¿verdad? 

Si. La causa inicia un 20 de septiembre (de 2018) cuando un policía, de los que están en todos los cajeros, encuentra a la tarde a una persona, con una mochila y varios plásticos sacando dinero. Le llama la atención, lo sigue y cuando este hombre llega a su casa se hace un pedido de allanamiento y ahí empieza toda la historia. Esto sucede el 20 de septiembre de 2018. Llama mucho la atención porque, como bien decías, fue un policía de repente en un cajero lo encuentra a la tarde -cuando en una ciudad como Paraná a la tarde es todo muy tranquilo- y allí comienza la historia. 

En esos primeros allanamientos surgieron listas de quienes eran los tarjeteros. Esa estructura eran las áreas contables de las Cámaras,  los estudios externos que se allanaron ese 3 de octubre y después un grupo de tarjeteros  que era gente que se la contrataba, se le pagaba por sacar plata de los contratos. Cuando hoy uno llega al final de la investigación -que ha finalizado según los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry- los 32 imputados son tarjeteros e integrantes de los estudios contables externos  y algunos funcionarios de l área administrativa de  las Cámaras.

"Yo creo que este modus operandi hizo rica a mucha gente que le importa muy poco la política".

Cuando uno empieza a sumergirse en lo que es la ley, lo que es el reglamento de las Cámaras está muy claro que la última decisión sobre un contrato la hace nada más y nada menos que el Presidente de la Cámara. Eso está en el reglamento. Por eso es tremendo que, cuando uno repasa la lista de los imputados, no haya un solo dirigente político imputado.  Para contratar a alguien en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, un legislador lo solicita al presidente del bloque -de cualquier partido- y este se lo solicita al Presidente del Cuerpo; el presidente del cuerpo deriva la petición al área administrativa y si hay presupuesto se avanza con el contrato. Esto que cuento, de manera vulgar y bastante resumida, está escrito en el reglamento de la Cámara. Es decir que la última responsabilidad la tiene el presidente que, en definitiva, es el que termina firmando el contrato.

Todos los contratos están firmados por los presidentes de las Cámaras y no hay un solo presidente de la cámara imputado, ¿qué pasó? Está esa promesa de que va a haber una segunda parte de la causa “Contrato truchos”. Lo mismo sucedió con aquella causa de sedición en Concordia, donde se terminó condenando a agentes del rango más bajo y todo lo que fue la jerarquía más alta, se prometió una segunda causa que nunca se hizo. Aparte, una segunda causa no puede ser un ámbito de recolección de pruebas. 

-En el sistema judicial que tiene Entre Ríos hoy, toda la investigación es la que se hace ahora.  Después no hay chances de ampliar circunstancias probatorias, investigaciones.

Claro. En esta causa pasaron un montón de novedades que fueron muy raras. Un grupo de  defensores solicitó que no tramite más en la jurisdicción provincial para  que salte a la justicia federal, en donde los delitos son muchos más bajos porque en la justicia federal el delito en que encuadraría sería un delito electoral y ya no en una asociación ilícita. Cuando esto parecía imposible por todas las pruebas, y porque los fondos fueron sacados de las arcas del Estado provincial, hubo maniobras políticas muy “interesantes” que hicieron que la causa finalmente tramite a la justicia federal en una pirueta que fue una operación política muy intensa de Miguel Ángel Pichetto y Leopoldo Moreau. ¿Qué se hizo? Hicieron una especie de forum shopping, que es esperar que vayan cambiando los turnos en la Justicia Federal para que la causa finalmente caiga en el juez o fiscal que uno quiere. Eso sucedió con Daniel Alonso, juez federal de Paraná, quien de un día para el otro dijo. “Señores: esta causa se tiene que tramitar en la Justicia Federal de Paraná”. Nosotros, en su momento, publicamos que había sido toda una maniobra de Pichetto para correr al juez Ríos que ya había rechazado esta petición diciendo que era un delito provincial.

Federico Malvasio.

Hoy hay un problema de competencias: por un lado, el juez federal Daniel Alonso dice que es de competencia federal y hoy (el pasado 10 de agosto) se conoció que la jueza Marina Barbagelata resolvió que la competencia es provincial. Esto se va a dirimir en la Corte Suprema y seguramente el tiempo correrá. La noticia que se conoció de la jueza Marina Barbagelata es interesante porque lo que ella  dice en su resolución es: hasta que decida la Corte, nosotros seguimos en la jurisdicción provincial. Ahora habrá que resolver si la causa finalmente se eleva a juicio, y es posible que se eleve a juicio y se termine juzgando aun no sabiendo la decisión de la Corte.

-En este tipo de casos el tiempo siempre corre en favor de la impunidad

Yo creo que sí. Lo veíamos en un caso muy reciente que se conoció de Allende , ¿no? La justicia en todas las causas que estuvo el dirigente deja correr el tiempo, una vez que pasan diez años, se llegan a juicios abreviados, acuerdos que terminan siendo premio-castigo. Es decir, “Bueno, hagamos algo”. Es un poco lo que pasó con Allende. Después de diez años de no investigarlo se llega a un juicio no abreviado donde la pena consistía de dos años, en donde él proponía devolver el 20% de lo que se hizo de mala manera, se enriqueció ilícitamente. ¿Qué prima ahí? Y bueno...ante nada, hagamos algo. Uno como ciudadano tiene que pedir que la cosas sean correctas y no sentarse a negociar y ver qué manera hagamos algo. 

-¿Los contratos truchos que se investigan involucran a todos los partidos políticos que han estado en la Legislatura?

Sí, involucra a todos los partidos políticos porque era un sistema que corría para todo el mundo . Cuando digo a todos los partidos, no quiero decir a todos los dirigentes porque, por supuesto, hay dirigentes que no tenían nada que ver. Es una causa que atraviesa a todos los partidos,  el silencio de los partidos en todo este tiempo termina ratificando esta cuestión. 

-¿Qué papel jugó Juan Pablo Aguilera?  cuñado del ex gobernador Urribarri, en la causa.

Aguilera tenía un cargo en el área contable del Senado durante la gestión de José Cáceres. El otro imputado importante, que por ahí no se lo conoce tanto para el afuera, es Juan Domingo Orabona. Ocupaba el mismo cargo que Mauro Urribarri y es un hombre muy cercano al gobernador Gustavo Bordet. Son los dos “vinculados a la política” que hoy están imputados. Todas las imputaciones llegaron hasta ese escalón de responsabilidades, que son quienes integraban las áreas contables y administrativas de cada una de las Cámaras. 

Es decir que no se fue más arriba. La investigación del Ministerio Público Fiscal llegó hasta el nombre que hacías referencia recién, Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y embajador Sergio Urribarri. La pregunta es: ¿si se va un poco más arriba a  quiénes deberían llegar? A los legisladores y a las autoridades de la Cámara: presidente, vicepresidente, etc.

-Al corazón de la política entrerriana.

Así es. Es el único ámbito donde están todas las fuerzas, elegidas por el pueblo. Yo creo que la gravitación que tiene -no sólo en términos de corrupción, de montos de dinero- sino que tiene que ver con una cuestión simbólica. El peor desfalco, desde 1983 a la fecha, ocurre en el poder del Estado en donde están representadas todas las fuerzas políticas elegidas por el pueblo. Me parece que, semióticamente, es muy fuerte mirarlo desde esa perspectiva.

-La cifra del desfalco indica que eran más de cien millones de pesos cada año, lo que revela un modus operandi de la dirigencia política de la  provincia.  ¿Crees que algo de esto se modificó? ¿De qué manera se financia hoy la política entrerriana?

Creo que fue un modus operandi para financiar un montón de cuestiones vinculadas a la política, pero también todo  este tiempo hemos escuchado en el off the record en donde te decían. “Bueno.. mirá: así se financia la política sino los empresarios serían los dueños de la política”. Yo creo, y esto uno no lo puede constatar pero lo puede intuir, que no sólo se financió la política; porque en definitiva si toda esa plata hubiese ido a la política y la política en desarrollo social o en campañas políticas para que el pueblo pueda ver las propuestas…  Yo creo que este modus operandi hizo rica a mucha gente que le importa muy poco la política. Esto surge de cuando se hicieron los embargos, en pleno proceso. Uno, cuando ve el nivel de propiedades que tenía cada uno de los imputados, dice ¿Se financia la política o se financiaban personalmente? Uno ya dice si fue para la campaña tal o para montar un centro de estudios, lo discutimos desde otro lugar.

-Pero claramente no era para eso, era para enriquecerse personalmente ¿no?

¡Claro! Era para enriquecerse personalmente. Por eso en esta provincia desde el 2003 a la fecha no tenemos una ley de ética pública que le exija a todos los legisladores que todos los años presenten su declaración jurada  y eso se vaya revisando. 

El único que conozco que lo hizo en Entre Ríos (en Santa Fe lo ha hecho el socialismo) es el caso de Juan José Bahillo en Gualeguaychú . Cuando lo vi en los medios me llamó la atención, en donde el intendente presenta una declaración jurada al concejo deliberante y todos los años  se somete a una revisación .

Esa plata, que la pericia habló de $1.125.000.000, seguro que fueron para campañas, eventos políticos; pero les puedo asegurar que, mucho más de la mitad de esa plata, fueron pura y exclusivamente a campos,torres, terrenos, autos, viajes, etc. Uno dice “¡Cómo se mancha la política! Porque esa plata terminó siendo para el enriquecimiento de dirigentes.  Si existe una ley de ética pública y si existiese una Justicia que, en vez de quedarse dando vueltas para ver a dónde fue la plata, investigue el patrimonio de cada uno ellos durante esos diez años ahí va a encontrar más respuestas que la que hoy conocemos.

 

Escuchá la entrevista completa acá:

 

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