El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El gobierno de Rogelio Frigerio encara 2026 con varios temas que van a marcar la agenda. Las arcas provinciales -una de las cuestiones que más preocupan- están al límite. El Presupuesto Provincial sancionado establece erogaciones totales de 6,446 billones de pesos, contra recursos estimados en 6,222 billones, lo que arroja un resultado financiero positivo de apenas 88.184 millones de pesos, una cifra que representa menos del 1,5% del total de gastos.
La Nación autorizó mediante el Decreto 922/2025 un anticipo financiero de 220.000 millones de pesos para que Entre Ríos pueda “subsanar dificultades financieras transitorias”. El decreto admite explícitamente que el gobierno provincial “se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.
Este auxilio no es un regalo: deberá reintegrarse durante el ejercicio fiscal 2026 con intereses calculados según la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), mediante retenciones automáticas sobre fondos coparticipables. El gobierno provincial confirmó a medios nacionales que el destino del dinero es crear un “colchón financiero” antes de la emisión internacional de bonos por hasta 500 millones de dólares prevista para principios de 2026.
Según el análisis del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) del Consejo Empresario de Entre Ríos, el 70% del presupuesto provincial corresponde a gastos rígidos: salarios, seguridad social y coparticipación a municipios. Esta rigidez deja una acotada capacidad de maniobra para otras funciones.
La distribución presupuestaria muestra: 4,08 billones de pesos en Servicios Sociales (63,3% del total), 1,24 billones en Administración Gubernamental (19,2%) y 513 mil millones en Seguridad (8%). El rubro Personal representa el 61% de los recursos totales, mientras que la planta permanente se limita a 67.511 cargos.
La principal fuente de ingresos sigue siendo la coparticipación nacional con 3,333 billones de pesos (54% del total). Los tributos provinciales aportarían el 20% (1,214 billones), mientras que las contribuciones a la seguridad social sumarían 982 mil millones. Un 91% del presupuesto se destina a gastos corrientes y solo un 9% a gastos de capital.
El IIES advierte que en 2026 la provincia deberá afrontar 537 mil millones de pesos en obligaciones de deuda: 433 mil millones en amortizaciones y 104 mil millones en intereses. La deuda en dólares implicará pagos por 114 millones de dólares, mientras que los compromisos con entidades financieras sumarán 141 mil millones de pesos.
Estos pagos demandarán un alto esfuerzo financiero. El adelanto de 220.000 millones de la Nación representa aproximadamente el 41% de las amortizaciones previstas para el año, evidenciando la presión sobre el Tesoro provincial.
Las críticas de la oposición al Presupuesto Nacional
El senador nacional Adán Bahl (UCR) apuntó contra el impacto del Presupuesto 2026 en las finanzas entrerrianas. “No solamente vemos un ajuste claro en el Presupuesto con respecto a las provincias, particularmente a Entre Ríos”, advirtió. Cuestionó que no hubo “una reunión con gobernadores, un pacto fiscal, un acuerdo para aceptar esta reducción de impuestos”.
El artículo 30 del Presupuesto Nacional elimina los pisos de financiamiento educativo establecidos por ley. “Esto es muy perjudicial. En Entre Ríos tenemos más de 85 escuelas técnicas y agrotécnicas que necesitan ese financiamiento”, afirmó Bahl. “Ese piso se elimina y eso va a ser realmente muy perjudicial”, insistió.
Otro punto crítico es el artículo 61, que congela de manera nominal las transferencias a las cajas previsionales provinciales. “Los déficits reconocidos son los de 2021, hay mucha discrecionalidad del ANSES y es un ajuste encubierto al sistema previsional de las personas”, denunció el senador.
Bahl fue directo sobre la falta de consulta: “Hablé directamente con el gobernador y con el ministro de Economía, les pasé los números y el impacto, les pregunté si lo habían hablado, si habían compensado”. Según el legislador, la respuesta de la presidenta de la comisión de Presupuesto, Patricia Bullrich, indicando que se acordó en el encuentro de mayo con el gobernador presente, “no es así”.
El diputado nacional peronista, Guillermo Michel, también viene siendo muy crítico al respecto. Para el legislador nacional el otorgamiento de un anticipo financiero por parte del gobierno nacional a la provincia de Entre Ríos de hasta $220.000 mil millones “deja en evidencia que como no tienen gestión, toman deuda”.
Michel también criticó meses atrás la iniciativa del gobierno provincial de disponer de “facultades para emitir hasta USD 500 millones sin establecer objetivos claros, sin reglas de responsabilidad fiscal, sin control legislativo, y con el permiso para contratar bancos, asesores y realizar operaciones en moneda local o extranjera sin ninguna limitación ni exigencia de beneficio real para la provincia”.
Por otro lado, el diputado viene advirtiendo sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para las grandes empresas que establece la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. “Entre Ríos va a perder 81.000 millones de pesos”, afirmó.
Según análisis del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), el presupuesto prevé transferencias discrecionales de 8,7 billones de pesos concentrados en programas sociales y subsidios. La poda en este rubro implica que las provincias deberán absorber más costos en Educación, Salud y subsidios energéticos, áreas donde Nación solía cofinanciar gastos.
El mecanismo del rescate político
El timing del auxilio financiero no es casual. Llegó apenas días después de que los legisladores entrerrianos aportaran votos clave para la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado. El mecanismo se repite a nivel nacional: según informes periodísticos, el incremento de los giros a las provincias en diciembre de 2025 fue superior a cualquier mes del año, concentrándose en la semana previa a la votación.
Tucumán recibió 20.000 millones de pesos en concepto de ATN. El gobierno nacional también aprobó un crédito del BID por 75 millones de dólares para obras de agua potable en Córdoba. En todos los casos, los gobernadores beneficiados habían aportado votos cruciales.
Tres rubros se destacaron como fondos para garantizar la sanción: ATN (aportes discrecionales), deudas por el viejo consenso fiscal y, en casos puntuales, compromisos por cajas de jubilaciones no transferidas. En general, los distritos mejor atendidos fueron provincias con gobernadores dialoguistas.
Narcotráfico y seguridad
Aspectos tales como el avance del narcotráfico en buena parte de Entre Ríos -más allá del combate que se le viene dando- es otro tema preocupante para la gestión frigerista. El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia presentó un balance que destaca logros significativos: durante 2025 se realizaron más de 2.000 operativos de narcomenudeo, logrando el secuestro de más de 450 kilos de marihuana y 500 kilos de cocaína. Además, se procedió a la incineración de 3.000 kilos de droga.
La Policía de Entre Ríos incorporó 70 nuevos vehículos, más de 150 pistolas semiautomáticas, 1.000 chalecos balísticos, 30 armas no letales y más de 40 equipos de protección antidisturbios. Se compactaron más de 4.000 celulares secuestrados.
A nivel nacional, el ministro de Seguridad Patricia Bullrich presentó estadísticas del primer semestre de 2025 que reflejan un aumento del 6% en las incautaciones de cocaína respecto a 2024, que ya había sido récord con un incremento del 63% sobre el período anterior. La incautación de marihuana aumentó 35% y las drogas sintéticas un 5%.
Entre Ríos registró una tasa de homicidios del 3,4% cada 100 mil habitantes en 2024, por debajo del promedio nacional de 3,8%, que fue la tasa más baja de la historia argentina. Santa Fe encabezó la lista con 4,9%, seguida por Salta y Chaco con 4,6%.
Sin embargo, el informe nacional señaló que en Entre Ríos se reportó un incremento en los casos de trata de personas, mientras que en Tucumán hubo aumento significativo en narcomenudeo.
Los delitos de confabulación, producción, organización y financiación del narcotráfico disminuyeron un 14% a nivel nacional en 2024, con 1.210 casos contra 1.394 en 2023.
Las bandas narco más fuertes (aunque disminuidas) siguen existiendo en Paraná, fundamentalmente. Una de ellas no pudo ser desarticulada por la filtración de datos desde la propia fuerza policial, que determinó que el jefe de la institución, comisario general Claudio González, instrumentara fuertes cambios como castigo a tal situación. Y mientras tanto, prosiguen las inversiones de dinero de la droga en zonas como Victoria, Nogoyá y Paraná, provenientes, fundamentalmente, de Rosario y sus alrededores, de estructuras de negocios del narcotráfico ligada a popes de la vecina provincia.
Infraestructura y obra pública
El Presupuesto Nacional 2026 contempla para Entre Ríos una inversión de 23.354 millones de pesos en obra pública, con la infraestructura vial como prioridad: más de 10.500 millones se destinarán a rutas nacionales, casi la mitad del total provincial.
Las obras específicas incluyen:
-Continuación de colectoras en la Autovía 18 entre Viale y Villaguay (7.000 millones de pesos)
-Rehabilitación de la Ruta Nacional 136 entre Gualeguaychú y el puente internacional Libertador General San Martín (2.729 millones)
-Intervención sobre la Ruta Nacional 12 desde Galarza hasta Crespo (864 millones)
-Mantenimiento, conservación de calzada, obras de arte y seguridad vial (5.490 millones)
En infraestructura sanitaria se prevén 5.303 millones de pesos para:
-Ampliación del sistema de desagües cloacales en Villaguay (3.000 millones, financiado por BID)
-Construcción de nuevo sistema de agua potable en Concordia (2.000 millones, BID)
-Sistema de desagües cloacales en Diamante (303 millones, BID)
El Programa Regional Argentina-Uruguay (financiado por CAF) prevé obras de infraestructura de adaptación y gestión de riesgos en ciudades costeras: 27 millones para Colón y 78 millones para Concepción del Uruguay.
Otras partidas incluyen 80 millones para la puesta en valor del sitio histórico La Calera en el Parque Nacional El Palmar, 181 millones para la remodelación de la Defensoría Pública en Paraná, y 14 millones para la refuncionalización de la delegación de Migraciones.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó duramente la insuficiencia del presupuesto vial nacional: “Hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”.
Pullaro también reclamó: “Queríamos que se contemple la deuda que tiene Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”.
El presupuesto provincial de obra pública
A nivel provincial, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios presentó un presupuesto de 429.565 millones de pesos para obra pública, distribuido 54% en obras nuevas (231.965 millones) y 46% en obras en ejecución (197.600 millones).
El coordinador general Hernán Jacob informó que “el 60% de los recursos serán destinados a obras viales, y el resto será para viviendas, cloacas, educación, salud, gas, edificios públicos, entre otros”. Destacó 286 obras en total en ejecución durante 2025.
Entre los proyectos incluidos en el anexo al Presupuesto Provincial 2026, destacan la construcción del nuevo hospital de Villaguay y la Escuela Técnica Valle María en Diamante, además de reparaciones hospitalarias y escolares en Feliciano, Federal, Islas y Colón.
Las críticas opositoras también llegaron, de la mano de varios legisladores de la provincia. La presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, cuestionó la “inversión histórica” anunciada: “Un aspecto que se destaca es la escasa inversión en obras públicas que son fundamentales para el desarrollo de la provincia. A diferencia de lo que se dice sobre 'montos históricos' de inversión, la suma presupuestada es prácticamente igual a la del año anterior”.
En un comunicado, los diputados justicialistas advirtieron: “Mientras tanto, crece el endeudamiento, ya que a los nuevos pedidos de autorización para tomar deuda en 2026 se suman los saldos de autorizaciones del 2025 y los de leyes especiales. En estos dos primeros años de gestión del gobierno provincial aumentó la deuda pública, y en muchos casos esos montos fueron para atender gastos corrientes”.
Agregaron: “Desde hace mucho tiempo se anuncia el envío a la Legislatura un plan de obras públicas cuyas prioridades serían definidas junto a los intendentes, pero eso no ha ocurrido. Hasta ahora la 'inversión histórica' figura solo en los títulos periodísticos. En el proyecto de presupuesto no aparecen las obras que solicitan los intendentes o figuran sin fondos asignados para su ejecución”.
La oposición votó contra los artículos de endeudamiento “porque no queremos seguir firmando cheques en blanco que hipotequen el futuro de la provincia”.
La defensa oficialista del endeudamiento
El senador provincial Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos) defendió el endeudamiento: “Hay 300 millones de dólares que se están pidiendo, pero no se puede ocupar para otras cuestiones que no sea la obra pública e incluso hay compromisos ya de organismos internacionales de otorgar esto a la provincia de Entre Ríos”.
Según Dal Molín, la provincia acumula “grandes demandas o los pasivos ocultos” debido al deterioro de su infraestructura. “La obra pública la requieren los productores, las rutas tienen que mejorarse, los caminos tienen que mejorarse, las escuelas tienen que mejorarse”, justificó.
Mientras tanto, el gobierno provincial incorporó las actividades portuarias y fluviales al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que según datos oficiales registró en menos de un año más de 80 proyectos, movilizó más de 215.000 millones de pesos y generó alrededor de 1.500 puestos de trabajo.
El esquema contempla exenciones en Ingresos Brutos, Automotor, Sellos e Inmobiliario por hasta 15 años, con posibilidad de prórroga. También prevé acceso a garantías del Fondo de Garantías de Entre Ríos (FOGAER), bonificaciones en tasas de créditos provinciales e incentivos energéticos.
Relaciones carnales
La relación del gobierno de Frigerio con la administración de Javier Milei se caracteriza por un alineamiento estratégico que tiene su precio. El timing de los auxilios financieros evidencia un patrón: el adelanto de 220.000 millones llegó apenas días después de que los legisladores entrerrianos aportaran votos clave para la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado.
El mecanismo es nacional. Según Infobae, “el incremento de los giros a las provincias terminó siendo, en pocos días de diciembre, superior a cualquier mes del año. Más aún, los movimientos fueron notorios en la semana corta de la Navidad, es decir, en los umbrales de la votación del Senado. Y la movida habría favorecido especialmente a provincias en manos del PJ negociador”.
Tres rubros se destacaron: ATN (aportes discrecionales), deudas por el viejo consenso fiscal y, en casos puntuales, compromisos por cajas de jubilaciones no transferidas.
Para 2026, la Casa Rosada anticipa la repetición de esta “costosa fórmula”: negociaciones tema por tema para asegurar votos en cada cámara del Congreso. La reforma laboral, prevista para fines de enero o inicios de febrero, será el primer test.
Según Infobae, “buena parte de enero será ocupada por intensas gestiones, públicas y reservadas, para tratar de reproducir el acompañamiento de gobernadores, decisivo para coronar el Presupuesto. Eso anticipa negociaciones mano a mano con cada jefe provincial”.
La agenda legislativa incluye reforma laboral, reforma tributaria, compromiso fiscal, ley de glaciares y código penal. Desde las cercanías de algunos gobernadores peronistas dejaron trascender prevenciones sobre la reforma laboral por aspectos que podrían afectar la recaudación de impuestos gravitantes en la coparticipación federal.
El Presupuesto 2026 destina 569.426 millones de pesos en ATN, un incremento del 105% respecto a 2025. Para Entre Ríos, en septiembre se giraron 12.500 millones como anticipo de esta nueva etapa.
Sin embargo, el problema surge en las transferencias discrecionales. El presupuesto prevé 8,7 billones concentrados en programas sociales y subsidios, con recortes que implican que las provincias deberán absorber más costos en Educación, Salud y subsidios energéticos.
Las transferencias corrientes a provincias y municipios crecerán de 432.662 millones en 2025 a 2,8 billones en 2026, pero su peso en el gasto total seguirá bajo (0,3% del PBI). La obra pública muestra otro ajuste: los gastos de capital hacia provincias caen de 159.959 millones en 2025 a 119.626 millones en 2026, una baja del 25%.
Entre Ríos se prepara para colocar bonos por hasta 500 millones de dólares en Nueva York en las próximas semanas, siguiendo a Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Neuquén. La operación porteña recibió más del doble de ofertas de lo que finalmente tomó, alimentando la percepción de que existe apetito por la deuda argentina.
El gobierno provincial tiene autorización de endeudamiento de hasta 500 millones de dólares para recomponer el Tesoro jaqueado por los vencimientos del bono emitido en 2017 y refinanciado en 2021. Los fondos que se obtengan permitirían precancelar el adelanto del Tesoro Nacional.
Conflicto salarial: paritarias congeladas hasta febrero
En paralelo, el gobierno provincial enfrenta conflicto con los estatales por la falta de respuestas a los pedidos de aumentos, como así también por la renovación de cientos de contratos en diferentes dependencias. ATE Entre Ríos protagonizó un piquete en la Casa de Gobierno a fines de diciembre reclamando renovación de contratos y apertura de paritarias. El gobierno anticipó que hasta febrero de 2026 no convocará a negociación salarial.
En marzo de 2025, ATE había logrado romper “la barrera del índice inflacionario” con aumentos superiores al 1,5% propuesto por Milei a nivel nacional. El secretario general Oscar Muntes señaló: “Logramos romper el techo que propone Milei a nivel nacional, clave que nos permite ir recuperando el poder adquisitivo que perdimos en diciembre del 2023”.
El acuerdo de julio incluyó un bono extraordinario de 50.000 pesos mensuales para activos y 25.000 para pasivos durante tres meses, más un incremento del 6% para los trabajadores con sueldos más bajos.
El Presupuesto 2026 establece que “el costo de la planta de personal docente suplente deberá tender a mantenerse dentro del ocho por ciento (8%) del costo del plantel docente permanente”, una pauta de control de gasto que anticipa restricciones.
Trimestre y desafío
El primer trimestre de 2026 pondrá a prueba la capacidad del gobierno de Frigerio para equilibrar múltiples tensiones: la dependencia financiera de Nación con la necesidad de defender los intereses provinciales; la crisis del Poder Judicial con las presiones políticas para mantener el statu quo; los logros en seguridad con las contradicciones estructurales del sistema; la necesidad de obra pública con las limitaciones fiscales; y el alineamiento político con la Casa Rosada con las demandas salariales de los trabajadores estatales.
El adelanto de 220.000 millones es apenas un parche temporal que deberá reintegrarse en 2026, mientras la provincia se prepara para emitir deuda por 500 millones de dólares. Con gastos rígidos del 70%, una deuda que demanda 537 mil millones en obligaciones anuales, y un resultado financiero positivo de apenas 88.000 millones, el margen de maniobra es estrecho.
El archivo del juicio político a Medina de Rizzo consolida un patrón de impunidad judicial que atraviesa gestiones de diferentes signos políticos, mientras la falta de avión sanitario provincial —contrastando con la custodia de aviones narco incautados— simboliza las paradojas de un sistema que destina 513 mil millones a seguridad pero no garantiza servicios esenciales para emergencias médicas.
La inversión en obra pública de 429.565 millones provinciales más 23.354 millones nacionales representa cifras significativas, pero la oposición cuestiona que sean “prácticamente iguales” al año anterior mientras crece el endeudamiento, y que muchas obras prometidas a intendentes no tienen fondos asignados.
La relación con Nación seguirá siendo transaccional: cada iniciativa legislativa requerirá negociaciones específicas, y Entre Ríos deberá pagar su alineamiento político con votos en el Congreso mientras absorbe los costos del ajuste en educación, salud y subsidios energéticos. El precio de ese alineamiento se medirá en la capacidad de mantener la paz social con empleados estatales cuyas paritarias están congeladas hasta febrero, en un contexto inflacionario que sigue erosionando el poder adquisitivo.
Fuente: Análisis.
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