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JUICIO ORAL Y PÚBLICO

Los testigos de la defensa declararon sobre las secuelas en Ruiz Orrico de las muertes de los cuatro jóvenes

Sus hermanos hablaron de las consecuencias en la vida del imputado tras el choque en el que
murieron los cuatro jóvenes de Basavilbaso. Negaron que consumiera habitualmente alcohol y
coincidieron con los profesionales de la salud mental que intervienen. El psicólogo de Juan Ruiz
Orrico contó que se ha lamentado (“¿por qué no me tocó a mí en vez de a ellos”). También declararon una empleada del imputado y un perito en accidentología.

 

Fotos y texto: EL MIÉRCOLES

 

Cuatro horas y media demandó la cuarta del juicio oral y público contra el ex titular del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (Ipper), Juan Ruiz Orrico, por el hecho ocurrido en la madrugada del 20 de junio de 2024, en inmediaciones del kilómetro 123 de la Ruta Provincial número 39, cuando el Volkswagen Passat oficial que conducía impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban hacia su trabajo cuatro jóvenes empleados avícolas oriundos de Basavilbaso: Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, quienes perdieron la vida en el acto.

Las pericias oficiales determinaron que Ruiz Orrico conducía con un nivel de alcoholemia de 1,59 gramos por litro de sangre, superando ampliamente los límites legales vigentes y configurando un supuesto agravado conforme al artículo 84 bis del Código Penal.

Lo controversia por los cinturones

Este martes 24 de febrero fue el turno de los testigos aportados por la defensa técnica ejercida por los abogados Leopoldo Lambruschini, Leandro Monje y Félix Pérez.

El testimonio remoto de Pablo Rafael Peil, licenciado en accidentología vial, fue -valga la redundancia- accidentado: las permanentes interrupciones de conexión lo estiraron más de la cuenta y debió comparecer durante casi una hora.

Su aporte al caso fue el análisis del expediente basado en los peritajes oficiales realizados por personal policial en el lugar de los hechos, con los que tuvo varias coincidencias, como la poca visibilidad a la hora del accidente, el mal estado de la calzada y su falta de marcación central.

Sin embargo, no se privó de marcar falencias en el Corsa en el que viajaban las víctimas: “Sus ruedas traseras estaban en mal estado, el caño de escape atado con alambre y la iluminación era mayor en el faro izquierdo que en el derecho”, dijo.

El de los cinturones de seguridad fue un tema de fuerte discusión entre las partes. Peil aseguró que ninguna de las cuatro víctimas lo tenía puesto al momento del impacto. Basándose en estadísticas, afirmó que el uso de los cinturones de tres puntos reduce más del 50 por ciento los posibles daños en los usuarios de asientos delanteros, y entre el 25 y 40 en los traseros, ya que su sistema permite desacelerar el impacto y disminuir los golpes entre los ocupantes o evitar la posible expulsión del vehículo.

En esta parte de su exposición tuvo un intenso ida y vuelta contra las partes acusantes: el fiscal Eduardo Santo y los querellantes particulares, Mario Arcusin y Leandro Rosatti. Estos le insistieron en que si era de su conocimiento que el Corsa accidentado tuviese o no ese sistema de cinturón (de tres puntos) a lo que el profesional se limitó a contestar que el modelo del vehículo si lo traía, pero no estaba seguro que este lo tuviese.

Días antes (el 19 de febrero), el médico forense Adrián Siemens, no dudó en asegurar que, por la velocidad y las características del impacto, en el hipotético caso de que los llevaran puestos, los cuatro muchachos difícilmente hubiesen sobrevivido por causa de los cortes en la aorta.

Para concluir, Peil no dudó en remarcar la disminución de reflejos y de reacciones en los conductores que provoca el consumo de alcohol. “Por eso en Entre Ríos tenemos la Ley de alcoholemia cero”, enfatizó.

Ya no es lo que era”

A posteriori, fueron al estrado los dos hermanos del imputado: Ignacio y María Ruiz Orrico. Ambos residen en Buenos Aires. Con declaraciones de pocos minutos compararon cómo era su hermano antes y después del choque.

“Fuimos educados en valores del trabajo -arrancó Ignacio-. Él fue elegido en representación de la gente del campo en varios ocasiones (NdelaR: durante varios años fue vice y luego presidente de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay). Es una persona querida, siempre viendo de qué forma puede dar una mano... Estaba en un lugar público por ser un tipo honesto”, aseveró. En ese instante, surgieron comentarios desde el sector del público (mayoritariamente de Basavilbaso) por lo que el juez Dario Crespo, intervino para calmar los ánimos.

“Ahora es una persona totalmente distinta, se desmantelaron esas ideas de superación”, prosiguió. Simultáneamente, Juan Ruiz Orrico no dejaba de secarse las lágrimas con un pañuelo de papel.

A su turno, María recordó que, tras el fallecimiento de su padre, Juan debió hacerse cargo de todo en su rol de hermano mayor. “Era muy responsable, comprometido, honesto. Empezó a trabajar desde muy chico”, contó, y destacó: “Ahora es distinto, está muy metido hacia sus adentros. Sufrió y sufre mucho, al igual que la familia, en especial mi mamá, de 82 años, que se vino a vivir a Entre Ríos para estar cerca de él”.

Ambos hermanos aseguraron que antes del accidente el imputado no consumía alcohol habitualmente y que es plenamente consciente de la magnitud de lo que pasó tras el choque.

María Eugenia Chivetti, quien cumple funciones laborales en el campo de Ruiz Orrico desde 2013, limitó su aporte a relatar los cambios de actitud en la vida de su jefe: “Antes tenía una vida social activa, ahora se queda encerrado en su casa. Debo repetirle algunas cosas que acordamos en el trabajo porque las olvida”.

Agregó también que “ya no maneja ningún vehículo automotor”. “Debo traerlo todas las semanas al Juzgado porque debe comparecer”, comentó.

Juez Darío Crespo.

- “Por qué a ellos y no a mi”

La exposición de testigos concluyó con las palabras de dos profesionales de la salud mental, el médico psiquiatra Guillermo Nicolás Gianello y Fernando Reberendo, psicólogo.

El primero, en su breve intervención, sólo explicó la medicación que le suministra y desde cuándo. En el caso de Reberendo, remarcó -de manera virtual- que lo atiende desde el momento en que empezó a sanar de sus heridas físicas. “Desde entonces tenemos sesiones vía zoom cada dos semanas”, detalló.

Indagado sobre las características de esas charlas, reveló: “En ellas siempre surge la tristeza por el hecho. Son recurrentes en las conversaciones las muertes provocadas por no poder cambiarlo. Hemos trabajado mucho sobre la tristeza, es uno de los estados de depresión más importantes, además de lo que siente por las limitaciones a su libertad”.

“Yo sólo atiendo con la palabra”, subrayó, explicando que sólo puede medicar a un paciente un médico psiquiatra. Recordó también el episodio de la carta que Ruiz Orrico escribió a los familiares de las víctimas contando cómo se sentía. “Lo vinculo como un recurso terapéutico” explicó.

Ante un planteo de los abogados querellantes respondió que el ex funcionario “Siempre se sintió responsable por lo sucedido y que, alguna vez, dijo ‘¿por qué no me tocó a mí en vez de a ellos?’”.

Además de abundar en las consecuencias por los problemas que tiene su paciente para dormir y todas las secuelas postraumáticas, tiene sus reservas sobre el futuro: “No sé cómo hará para construirlo ni de qué manera”.

Para cerrar, Rosatti fue al grano: “¿Es posible exagerar los síntomas?”, inquirió. “En el caso de Juan no, pero hay situaciones de gente que los puede manipular”, afirmó el psicólogo.

 

¿Cómo termina?

Antes del inicio del debate, las partes acordaron incorporar como prueba el informe pericial médico legal de la doctora María Antonella Casaretto.

También informaron que, además de Arcusín, Rosatti también representará en la Querella a los familiares de todas las víctimas y no sólo a los Rossi.

Concluida esta parte del proceso, el viernes 27 de febrero, desde las 9 en la Sala de Audiencias (cuarto piso de los Tribunales uruguayenses), se leerán los Alegatos de Cierre de las partes.

Allí, si lo deseara, el imputado puede volver a hacer uso de la palabra, y el juez Crespo tendrá la posibilidad de dar un adelanto de la sentencia o, en su defecto, anunciar la fecha para hacerlo.

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