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VEINTE AÑOS DE EL MIÉRCOLES

No sabe/no contesta (2006)

En esta nota del 18 de octubre de 2006, en la nota de tapa del semanario El Miércoles se cómo se buscaba, a través de la Justicia Federal, atemorizar a los asambleístas de Gualeguaychú, todavía en pleno apogeo del conflicto por las papeleras en Fray Bentos. Dentro se trataba también otro tema importante, un tabú de “La Política”: ¿Cuánto dinero disponía por mes un legislador provincial? ¿Cuánto uno nacional? E íbamos a las fuentes: los propios diputados y senadores. Abundaron los “No sabe/no contesta”.

 

El informe principal de aquel número 237, 14 años atrás, abordaba la manera en que había sido instruida la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Milagros Squivo, para que pida registros de quienes participaban de los cortes de la Asamblea Ambiental gualeguaychuense, intentando enfriar la protesta. Pero también intentábamos desentrañar cuánto eran los montos de dinero que manejaban los legisladores nacionales y provinciales, en épocas en que un salario básico era de 780 pesos.

 

Así, compartiendo con nuestros lectores algunas de las más relevantes notas publicadas durante dos décadas, celebramos los 20 años de Miércoles, que se cumplen en este 2020.

 

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LOS FONDOS DE LOS LEGISLADORES

No sabe/no contesta (2006)

 

El título no es un ítem de una encuesta, sino la respuesta de los legisladores entrerrianos a una consulta sobre datos que son de información pública. Se habla de renovación, de «nueva política», pero hay algo que continúa del mismo modo: la reticencia de los diputados y senadores a hablar sobre el dinero que manejan. Aunque de eso, en los medios, ya no se habla.

 

Por MARTÍN BARRAL

 

El 1º de abril de 2005, el gobierno provincial emitió el Decreto 1168/05 que, según expresa, «El Acceso a la Información Pública (AIP) constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información de cualquiera de los sujetos mencionados (administración pública provincial centralizada y descentralizada, entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades con participación estatal y todo ente público)». También asegura que «la finalidad del AIP es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz», y que «toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información sin la necesidad de acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado».


DIFERENCIAS: Entre los informes de Juan Carlos Godoy y Raúl Solanas, se aprecian diferencias pero al menos respondieron.

 

A pesar de todo esto, el corresponsal de Clarín en Entre Ríos, Oscar Londero, el año pasado debió presentar un recurso de amparo para que el mismo gobierno bustista informe sobre los montos de la publicidad oficial que invirtió o ejecutó desde el 1º de enero al 4 de julio de 2005. Desde la Dirección General de Información Pública (DGIP) se le dijo al periodista que esos datos eran reservados, pero la Oficina Anticorrupción entendió que «secreto de la información es la excepción» y solicitó que la DGIP reexamine declarar como «reservada» a la distribución de la publicidad oficial. Londero –vía judicial– consiguió finalmente su objetivo.

En el mismo sentido que el provincial, ya el gobierno nacional (el 3 de diciembre de 2003) había reconocido en el Decreto 1172 que «el derecho de AIP es un prerrequisito de la participación que permite controlar la corrupción», y que «constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información de (...) las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional».

 

INFORMACIÓN PÚBLICA

Este semanario decidió consultar a los legisladores entrerrianos acerca de un tema caro para ellos, algo que –como la publicidad oficial– es también información pública. Luego de dos meses de intentarlo, con comunicaciones vía correo electrónico en tres oportunidades, además de llamados telefónicos a los representantes del departamento Uruguay, escasa fue la repercusión: sólo tres respondieron al pedido. El Miércoles les solicitaba (a todos sin excepción) que notificaran detalles acerca de lo que en otra época provocaba inquietud en la sociedad: «¿Cuánto es el monto actual de los fondos que manejan provenientes del Estado (dieta, subsidios, viáticos, pasajes, fondos para asesoramiento o con tratos de servicios, etcétera)?».

Incluso en plena campaña proselitista de cara a las elecciones de 2007, esa información fue retaceada por la mayoría de los nueve diputados y tres senadores nacionales, y por los 28 diputados y 17 senadores provinciales. Sólo un integrante de la Cámara Alta entrerriana y dos de la Cámara Baja de la Nación contestaron con datos la requisitoria. Fue la muestra de cuánto les cuesta blanquear el dinero público que perciben, dinero que –obviamente– financian quienes los votaron.

 

RINDIENDO CUENTAS

El pintoresco –y muchas veces polémico– senador por Gualeguaychú, Julio Majul (Concertación Entrerriana), fue el primero en responder a los interrogantes. Majul, además, distribuye habitualmente entre quienes le han delegado la representación de su departamento (sus conciudadanos) una publicación propia, en la que reseña su trabajo en el sillón. El mismo día en que recibió la inquietud, el legislador gualeguaychuense se puso en contacto con este cronista y dos días después envió los datos requeridos. «Lo menos que podemos hacer los legisladores es que la gente sepa lo que ganamos. O sea, lo que ellos (el pueblo) nos pagan», manifestó. El corpulento senador recordó: «Yo en mi revistita Rindiendo cuentas saco todos estos datos», y luego se preguntó: «¿Seré un marciano?». Al parecer lo es, ya que, finalmente, ninguno de sus 16 pares en el Senado entrerriano siquiera devolvió un acuse de recibo del pedido, a pesar de que en tres oportunidades le fuera enviado a sus direcciones oficiales.

De acuerdo al recibo enviado por Majul (de junio de este año), un senador provincial percibe 8.745,30 pesos de sueldo básico, además de 3.498,12 pesos en concepto de gastos de representación. En su bolsillo, al legislador le quedan, tras los descuentos correspondientes (entre ellos, 1.806,63 del impuesto a las ganancias y 1.958,95 de los aportes jubilatorios), 8.038 pesos. «Los ingresos efectivos totales han aumentado casi en mil pesos. En cuanto a subsidios, viáticos o pasajes casi todos tienen, pero yo no. Lo único que pedí fue que me subsidiaran el viaje a Montevideo para hablar oficialmente por el tema papeleras con el gobierno oriental, y (el vicegobernador Pedro) Pemo Guastavino accedió a pagarme todos los gastos», expresó Majul. Además, explicó: «En cuanto a contratos, percibo desde el mes pasado ocho mil pesos (antes era menos), por los cuales emitimos todos los meses recibos a la Cámara».

Aparte del gualeguaychuense, ningún otro legislador provincial aportó sus datos. Ni siquiera los representantes del departamento Uruguay: los diputados Oscar Grilli (Bloque Integración – ARI Transparencia) o el senador Sergio Marsiglia (PJ), con quienes El Miércoles además se comunicó telefónicamente. Tras reiterados intentos fue imposible dialogar por teléfono con Julio César Aldáz (PJ). Marsiglia reconoció haber leído «algún» correo electrónico y aseguró que enviaría la información, algo que no ocurrió. Lo mismo pasó con Grilli, aunque éste manifestó no conocer ningún pedido de información. Lo más curioso, en todo caso, es que ambos afirmaron desconocer exactamente cuánto cobran por todo concepto. «El sueldo sí (aunque tampoco lo informaron), pero viste que un mes hay subsidios y al mes siguiente puede que no», especificó Marsiglia.

MARCIANO. Julio Majul, senador provincial por el departamento Gualeguaychú, fue el único legislador provincial en dar números.

Del resto, sólo desde lo que en ese momento era el bloque de la CE, liderado por Juan Domingo Zacarías, contestaron la requisitoria, pero con extrañas confusiones. «Le enviamos los teléfonos del bloque por si necesita pautar una entrevista con los legisladores», respondieron desde el área de Prensa del bloque de diputados de la CE. Ante la aclaración de que la necesidad no era una entrevista, sino un informe sobre el dinero público que manejan y perciben, desde el «Área Comunicación del ARI Entre Ríos» se aseveró que Zacarías «ya tiene la petición, no te preocupes». Hasta la fecha nada ocurrió. Sólo que Zacarías abandonó la Concertación, el ARI y se sumó al bustismo, adonde aportará su «palabra».

 

INFORME ‘NACIONAL’

Desde el Congreso de la Nación sólo llegaron dos respuestas, pese a ser 12 los representantes de la provincia. Los únicos que aportaron sus datos fueron el ex intendente uruguayense Juan Carlos Godoy (CE) y Raúl Solanas (PJ), aunque la información brindada fue dispar. José Eduardo Lauritto (PJ) se comunicó telefónicamente con El Miércoles y este medio a su vez con sus colaboradores, quienes prometieron el envío de la información. Hasta el momento del cierre de esta nota sus datos nunca llegaron.

Desde la oficina de Godoy se quiso destacar que «los datos del legislador pueden encontrarse en su página web www.diputadogodoy.com a disposición de los ciudadanos que lo requieran».

De acuerdo al detalle enviado por Godoy, la dieta de un diputado nacional asciende a 5.626,40 pesos (sujeto a impuestos), con un plus de desarraigo de 1.414 pesos (no sujeto a impuestos) y «20 tramos aéreos sin contar con ningún otro tipo de pasaje. Éstos pueden ser canjeados por dinero cuando no se usan en su totalidad». Cada pasaje de avión equivale a 200 pesos, lo que hace un total de cuatro mil si se cambian por dinero en efectivo. Según lo informado, no percibió viáticos desde el comienzo de su mandato. «No existe en el sistema de la Cámara de Diputados monto alguno a disposición directamente del legislador para ningún aspecto. Es decir, un diputado nacional no maneja dinero, ya sea para sueldos o asesoramientos, sino que sólo se le permite proponer nombres para que se realice el contrato por las autoridades de la Cámara y a través del servicio administrativo se les liquida el Salario u Honorario correspondiente», informó el ex jefe comunal. «Siempre existe un límite para ello y es igual para todos los diputados. En nuestro caso, por ser un bloque de dos personas, existen muchas limitaciones, hasta el punto que ni siquiera se cuenta con oficina para el funcionamiento del bloque, pues sólo tenemos nuestros despachos como infraestructura», añadió. Para los subsidios «existe la posibilidad de proponer o solicitarlos hasta un monto total de 20 mil pesos (mensuales) por cada legislador. Éste debe elevarlo para su consideración, con la documentación correspondiente a las autoridades de la Cámara y son ellos los que disponen el otorgamiento. Esto se hace a través de cheques nominados estrictamente y con rendición de recibos posterior».

Con respecto a las becas, Godoy informó que «su otorgamiento está comprendido dentro de la Ley de Presupuesto» y que son diez mil pesos anuales. «Son otorgados por la Cámara en función de una nómina que acercamos los diputados y se somete a la consideración de las autoridades de la misma», completó.

Al mismo tiempo, los legisladores pueden gestionar pensiones graciables. «Este caso requiere, además de la nómina elevada, un estudio socio-económico realizado por personal de los Centros de Atención Personalizada (CAP), que en Entre Ríos se encuentran en Paraná y Concordia con convenios con los municipios de algunas ciudades, para poder ser acreedor al beneficio», se indicó. El importe anual es de 2.300 pesos, «lo que demuestra que sólo se puede pensar en pensiones de alrededor de 200 pesos cada una», completó Godoy.

Por otro lado, Solanas señaló que su dieta asciende a 6.800 pesos. «Subsidios nada, viáticos nada», aseguró el paranaense, y coincidió con su par en que tiene a su disposición «veinte pasajes en avión mensuales o su equivalente de 200 pesos por cada uno». Explicó, asimismo, que tiene a su cargo en la Cámara siete personas empleadas con un presupuesto para ello de 12 mil pesos mensuales pagados por el Estado.

 

SIN RESPUESTA

Aunque se publican en este informe los detalles que los tres legisladores le brindaron a El Miércoles, y que el decreto provincial al respecto obliga al sujeto u organismo requerido «a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de diez días», con una «prórroga excepcional por otros diez, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada», resultó evidente que la inmensa mayoría de los representantes de la sociedad entrerriana continúan con cierta aversión a entregar datos sobre esta cuestión. Algunos incluso confirmaron la recepción de la inquietud, pero no la respondieron, como sucedió con la diputada provincial Lucy Grimalt (La Red), quien –increíblemente- es autora de muchos de los proyectos sobre transparencia en la información pública que se han presentado en su Cámara. También confirmaron la recepción de la inquietud la diputada nacional Rosario Romero (PJ); y los diputados provinciales Eduardo José Jodor (PJ–Gualeguay) y Eduardo Solari (Unión Cívica Radical–Paraná). Como ya se ha dicho, contestaron sin aportar datos desde el bloque de diputados provinciales conformado entonces por Zacarías y Beatriz Montaldo (ambos de Paraná). Para los demás, a pesar de ser enviada la inquietud a sus direcciones oficiales en reiteradas oportunidades, a la transparencia, en este caso, se contrapuso el silencio. Será que de eso ya no se habla...

 

Uno más y van...

Varios proyectos que incluyen derechos a la información pública fueron presentados en las distintas cámaras durante el último gobierno provincial, ninguno con éxito. El Proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental tomó estado parlamentario el 4 de agosto de 2004 e ingresó a la Comisión de Legislación General cuatro días después. Todavía no cuenta con dictamen y está registrado como el expediente 14.078. El Proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, presentado por los diputados Máinez y Grilli, tomó estado parlamentario el 27 de septiembre de 2006. Fue girado a la Comisión de Legislación General sin novedades hasta el momento. El Anteproyecto de ley del Secreto Profesional y del Derecho de Acceso a la Información fue presentado al gobernador Jorge Busti el 13 de julio de 2004 por el Sindicato de Prensa de Entre Ríos. El mandatario se comprometió a girarlo a la Legislatura luego de los dictámenes de la Fiscalía de Estado y de la Secretaría Legal y Técnica. No ha pasado nada. Por último, el Proyecto de ley de Publicidad de Gestión de Intereses del Poder Ejecutivo Provincial, cuya autora es la diputada Grimalt y Rogel es su coautor, tomó estado parlamentario el 4 de agosto de 2004 y fue girado a la Comisión de Legislación General. Ninguna de estas iniciativas tiene aún un dictamen de la Legislatura provincial.

 

Los ‘mudos’

Pocos legisladores aportaron detalles del dinero que manejan. Los ‘mudos’ fueron: los diputados nacionales Blanca Osuna, Rosario Romero y Eduardo Daud (todos del PJ); Sergio Varisco y Carlos Cecco (UCR); y Emilio Martínez Garbino (CE). Los senadores de la Nación Graciela Bar y la madre del candidato a vicegobernador solanista, Laura Martínez Pass de Cresto (ambas del PJ). El Miércoles no pudo comunicarse con Ricardo Taffarel (UCR) por la inquietud. Lauritto se comunicó personalmente con este semanario, pero nunca llegaron los datos prometidos.

De la Cámara Alta provincial permanecieron en silencio los justicialistas Aníbal Garbelino (Victoria), Jodor, Marsiglia, Luis Leiva (Tala), César Melchiori (Ibicuy), Héctor Strassera (Concordia), Victoria Firpo (Feliciano), Hugo Berthet (San Salvador), Carlos Orlandi (Nogoyá), Darío Argain (Villaguay), Mariano López (Colón), Teresita Ferrari (Paraná), Juan Ramón Fleitas (La Paz) y Oscar Herdt (Diamante); o los radicales Luis Luna (Federal) y Graciela Zambón (Federación).

Tampoco los diputados provinciales con los que se comunicó este semanario aportaron datos: Fabián Rogel (Paraná), Solari y Arturo Vera (Federal), todos de la UCR. Tampoco Grimalt, ni Antonio Máinez (Concordia) o Grilli, estos dos últimos del Bloque Integración. Zacarías y Montaldo, hasta hace un par de semanas del bloque de la CE, lo hicieron sin aportar información. A la lista se suma Aldáz.

 

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