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Paraná: casas propias pero en mal estado, falencias legales y sin servicios básicos

Un informe especial del programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró los serios inconvenientes que viven  adjudicatarios de viviendas de dos barrios del área metropolitana de Paraná. Problemas de infraestructura, de mantenimiento, falta de respuestas y promesas incumplidas. Además, ¿hay beneficiados VIP en la adjudicación de los departamentos de Procrear de calle Espejo de Paraná?

Mucho se habla desde hace tiempo de los serios inconvenientes para acceder a una vivienda en el país, pero muy poco se dice de los problemas que aquejan a quienes después de mucho esperar, de mucho esfuerzo y trabajo, logran acceder a esa casa y se encuentran con que el sueño de la casa propia se vuelve pesadilla.

Un informe especial del programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró la problemática de vecinos de distintos barrios que viven a diario los mismos problemas de infraestructura, de mantenimiento, de incumplimientos y falta de respuestas.

Por un lado, casi de inmediato a la entrega del barrio “Mutual Modelo 300 Viviendas” de Paraná el 21 de noviembre de 2018, empezaron los reclamos. Las casas pertenecen al Programa Federal “Techo Digno” situado en la intersección de las calles Gobernador Maya y Don Bosco de Paraná. Tiempo antes se habían entregado 250 viviendas en San Benito y otras 250 en Colonia Avellaneda.

A casi cuatro años de ese momento las quejas siguen siendo las mismas y nadie brinda soluciones, pese a la presentación formal de una denuncia en la Justicia. Los reclamos han sido constantes en todo este tiempo por graves falencias en la estructura de las casas, principalmente por humedades y paredes rajadas, vertientes, o terrenos con menos metros del estipulado, donde no entra un vehículo en el espacio previsto para el garaje, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Los vecinos dialogaron con el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) y contaron sus padecimientos, ya que la preocupación es cada vez mayor, especialmente por el incremento constante de las cuotas.

“Cuando habitamos las casas nunca supimos que iba a pasar lo que sigue pasando. Las rajaduras empezaron a aparecer mientras todavía estaba el obrador de la empresa que venía y la solución era rellenarlo con silicona, pero hoy eso ya no sirve y la rajadura que tengo en la ventana de mi casa está filtrando agua cada vez que llueve, y también a los costados del techo que es de chapa, las paredes se están rajando”, relató una de las vecinas que –por temor- prefirió mantener el anonimato.

“Es un trabajo bastante complicado ver si se rellena o si hay que sacar el bloque. En una casa que no tiene ni cuatro años de habitada, no creo que me vaya a durar mucho”, lamentó en referencia a la problemática de infraestructura. Estimó que “todas las viviendas” padecen del mismo problema: “Desde el mismo momento en que las entregaron ya se notaban que estaban pintadas para tapar esas rajadura y las chanchadas que hicieron”.

Agregó que “las conexiones no están bien hechos porque se detectó que en algunas casas el desagüe del agua está conectado con la cloaca; además en el relleno que hicieron en este barrio, que va bajando, no está bien porque el patio de mi casa se inunda y el agua no tiene dónde ir”. Mencionó también que “las napas están visibles en las manzanas 2 y 3 porque el agua se filtra por el asfalto, por las veredas, el agua sigue apareciendo y no se puede controlar lo que va haciendo que se socaven por debajo las casas”.

Por otra parte, también plantearon los vecinos problemas administrativos dado que la compra del terreno la efectuaron a la Mutual Modelo y la casa la construyó el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV): “En un principio cuando ingresamos al plan de vivienda pagábamos una cuota de terreno que se pagaba de forma particular y el IAPV construía la casa. Cuando fuimos a sorteo en 2018 se definía la ubicación de cada uno dentro del barrio, y al tiempo empezamos a detectar irregularidades, como por ejemplo que nadie que ya hubiera pagado por completo su terreno, tenía escrituras”.

“Firmamos un contrato con Mutual Modelo por la compra del terreno pero ningún vecino tiene ni boleto de compra-venta, el terreno nunca fue nuestro. Al releer los contratos fue que se interpuso la denuncia judicial del doctor (Raymundo) Kisser –ex senador provincial- y allí dice que nosotros que estábamos pagando el terreno, le donábamos ese terreno al IAPV. Ahí empezó la travesía judicial y a través de Defensa del Consumidor para ver qué solución teníamos porque hasta el día de hoy desconocemos el valor de la casa que estamos pagando. Encima la cuota aumenta según la paritaria de la provincia, cosa que nos enteramos recién en 2019”, relató.

“La causa está, después de que varios vecinos se presentaron ante la Fiscalía, encajonada y en Defensa del Consumidor, en 2019, tuvimos un par de reuniones con la gente de Mutual Modelo y los representantes de las empresas que estuvieron a cargo la construcción pero no se presentó nadie del IAPV. Lo que vemos que, evidentemente esto es político y hoy también está cajoneado por las autoridades a cargo del área”.

A esto, deben sumarse problemas por la falta de transporte urbano de pasajeros, ya que solo una línea de colectivos llega a la zona; la falta de infraestructura de servicios como la ausencia de un centro de salud –el más cercano es el de San Benito-, la falta de agua ya que solo se cuenta con un tanque de agua que no alcanza para tanta cantidad de viviendas.

Cuotas y terrenos

Tradicionalmente el IAPV construía sus barrios en terrenos donados por los gobiernos municipales, pero con el tiempo comenzó a utilizarse otra modalidad por la cual entidades intermedias (sindicatos, mutuales, cooperativas) compran el terreno y se los vende a sus afiliados.

Con esto, la gente debe pagar el terreno (al contado o en cuotas) y la cuota de la casa al IAPV. De este modo, los futuros adjudicatarios no van al tradicional sorteo del Instituto, sino que se aseguran la entrega de la casa.

En este caso, las empresas constructoras adquirieron los terrenos y la Mutual Modelo los comercializó a los futuros adjudicatarios de las viviendas. Para concretar la operatoria, se asoció a estas personas como “socios” de la Mutual y les entregó un crédito para adquirir el terreno.

La Mutual Modelo financió el terreno en siete años, a un costo de 600 mil pesos. En septiembre/octubre de 2018, la cuota era de 3.880 pesos y los aumentos se producían cada seis meses. Quienes pagaron al contado abonaron 120 mil pesos por el terreno, algunos concretando la operación en 2013 y otros en 2014.

En paralelo, a la vivienda de 55 metros cubiertos la financió el IAPV a 25 años, valuada en 1.400.000 pesos, y la cuota a pagar en noviembre del año pasado era de 4.843,70 pesos (el 20% del salario del adjudicatario). El monto de dicha cuota se actualiza según la paritaria estatal y hoy ronda los 12.000 a 13.000 pesos.

Vale aclarar que el IAPV siempre hace inicialmente un contrato de tenencia precaria con lo cual los adjudicatarios están pagando un canon de uso, no la cuota definitiva. Esto es para constatar que la gente se mude al lugar, ocupe la vivienda, le dé el destino que le tiene que dar y pague las cuotas. Al cabo de un año o de año y medio se hace una resolución de venta de la vivienda, y empiezan a pagar la cuota definitiva.

Denuncia penal

Los reclamos de los vecinos se multiplicaron y motivaron una denuncia penal del ex senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos – Paraná) que está en manos del fiscal Gonzalo Badano.

En comunicación con Cuestión de Fondo, Kisser planteó que “el primer responsable de este problema es el IAPV. Ese organismo ha incumplido, en este caso, con su propia Ley. Cuando se va a hacer un plan de viviendas, antes se debe planificar todo. Y eso implica no hacer las viviendas en cualquier lugar, sino que haya accesibilidad para los que vayan a habitar en ese barrio, que tengan escuela, salud, seguridad, transporte, comunicaciones, además de suministrarle todos los servicios esenciales como agua potable, cloaca, energía eléctrica, gas en su caso”.

“Y creo que aquí el IAPV incumplió, porque en donde se hicieron las viviendas no se previeron espacios verdes. En ninguno de estos tres barrios hay prevista la construcción de plazas. Tampoco hay previsto dispensarios médicos, entre otras falencias”, enumeró Kisser.

En este marco, el abogado y ex legislador reiteró su preocupación por lo lenta que va la Investigación Penal Preparatoria (IPP): “Esta causa la tienen dormida. Nunca resolvieron la cuestión. Sé que llamaron a algunos adjudicatarios Nos da la impresión que por la connotación social que tiene toda esta problemática, se debería haber actuado mucho más rápido”.

A tres años de la denuncia, el programa televisivo pudo confirmar que la causa continúa en etapa de investigación, y no hubo aun pedido de elevación a juicio por lo cual se dificulta acceder a mayores detalles. El fiscal a cargo informó que los investigados son representantes de la Mutual Modelo, el IAPV y las empresas constructoras, y se produjo la designación de abogados defensores que serán Miguel Ángel Cullen, Julián Pedrotti y Humberto Franchi.

Los planteos judiciales

La denuncia que presentó Kisser solicita la “apertura de la consecuente Investigación Penal Preparatoria (IPP) relativa a la construcción de 800 viviendas en el Área Paraná, y más concretamente 250 viviendas en San Benito, 250 Viviendas en Colonia Avellaneda y 300 viviendas en la parte Este de la Ciudad de Paraná, sobre calle Don Bosco y Avenida Circunvalación; y la responsabilidad que tuvieron, eventualmente, entre otros, las siguiente personas: ex titulares del IAPV (Oscar Marelli y Alfredo Francolini) y/o quienes integraron en esas gestiones el directorio del organismo y/o quienes tuvieron a su cargo los controles como inspectores de las mismas y/o gerentes técnicos que hayan tomado intervención directa y que sus decisiones hayan sido dirimentes, sin perjuicio de los actuales directivos del IAPV y contra los titulares de las empresas constructoras intervinientes en cualquiera de los tres grupos habitacionales y que totalizan las 800 viviendas (Néstor I. Szczech, Miguel Marizza, Rubén Oscar Grasso, titular/es de Adelco- Viano Construcciones, Caballi S.A.”, y “RP Construcciones) y directivos de la Mutual Modelo y/o cualquier otra persona jurídica o humana de las que surgiera responsabilidad penal, cualquiera haya sido su grado de participación en posibles injustos, a título de dolo o culpa, por acción u omisión”.

Apunta a la falta de planificación urbana de la zona aledaña a los barrios; a los defectos de construcción de las viviendas, los servicios que no funcionan o lo hacen deficientemente; plantea que el proceso licitatorio estuvo hecho “a medida” de las empresas antes mencionadas.

El planteo judicial sostiene que:

- “Hace aproximadamente cinco años, apareció una UTE conformada por Néstor Iván Szczech, Caballi SA, y Cemyc SRL, haciendo un ofrecimiento para hacer 800 viviendas en la Ciudad de Paraná, ofrecimiento que le hacen al IAPV, con el argumento que tenían la anuencia del entonces ministro de Planificación Federal; Inversión Pública y Servicios, Arq. Julio De Vido, y de los entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, Ing. José Francisco López, y subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Arq. Germán Nivello”.

- “En función de ello se “arma” todo un “proceso licitatorio”, resultando luego como empresas adjudicatarias para construir las viviendas: a) En el caso de San Benito eran 250 Viviendas, y resultaron ser adjudicatarios de la construcción, la UTE, conformada por “Néstor Iván Szczech – Caballi S.A. – CEMYC S.R.L.” (CUIT 30-71460166-7); b) Para el caso de las 250 viviendas de Colonia Avellaneda, resultaron adjudicatarias las empresas de “Caballi SA”, “Szczech S.A.” y c) En el caso de las 300 viviendas de Paraná, resultaron adjudicatarias “Caballi S.A.”, “Adelco- Viano” y “RP Construcciones”.

- “El ideólogo (i.e., el factótum) de todo este emprendimiento, habría sido el Ing. Miguel A. Marizza (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), el cual, y es de público y notorio conocimiento, tiene una directa vinculación y hasta se lo considera dueño de “Asociación Mutual Modelo de Entre Ríos” CUIT 30-70016642-9, con domicilio en Gualeguaychú 204, de la Ciudad de Paraná”.

Otro barrio, los mismos problemas

Puede pensarse que este tipo de problemáticas se produce debido a la inoperancia estatal para gestionar o porque se trata de las denominados “viviendas sociales”. Sin embargo, en un loteo privado al que se accede de forma particular y sin injerencia del Estado, los inconvenientes y las quejas son similares.

Es lo que sucede en el coqueto loteo “Tierra Alta I” de Colonia Ensayo, comercializado y ejecutado por la desarrolladora Terranova SRL, propiedad de Pablo Gareis y Nicolás Lorenzón, también propietarios del corralón Terramat, que ha tenido un rápido y exponencial crecimiento en los últimos años.

Los vecinos manifestaron ante Cuestión de Fondo sus quejas por diversos incumplimientos de los contratos. “Tenemos una promesa desde 2016 de escriturar en seis meses, pero la realidad es que hace cuatro años en que yo compré el terreno la promesa de escritura era de dos años, es decir que en 2018 o 2019 ya teníamos que tener escriturado. La realidad es que pasaron más de tres años ya y todavía no hay novedad de esas escrituras”, contó Iván Fernández quien se desempeña como presidente de la vecinal que formaron los pocos que viven en el lugar.

Consultado por los motivos por los cuales no pueden escriturar, mencionó que “a los papeles los maneja la desarrolladora junto con la inmobiliaria y no tenemos ningún contacto con esos papales, sólo tenemos de la palabra de ellos y carecemos de las escrituras”.

Otro de los damnificados, Alejandro Torres, relató: “Otro de los problemas que padecemos es falta de agua; se nos ha cortado infinita cantidad de veces porque disponemos de un solo tanque para abastecer a todos; nos quedamos sin agua en verano durante una semana completa sin saber qué hacer, si no fuera porque ingresan a vendernos agua en bidones; además muchas veces cuando hay pequeños vientos nos quedamos sin luz; la piedra mora prometida para el ingreso y para las calles del loteo ya no existe, las contenciones para que no se vaya esa piedra tampoco existen;  empezaron con la construcción de cunetas en V solo en tres cuadras del boulevard principal y nunca se terminaron; la promesa era que llegue hasta la plaza y hace años que eso no hace; el salón multiespacio que se puede ver en el ingreso está sin terminar pese a que tendría que estar ya listo; las bicisendas están tapadas en yuyo, y cortan el pasto cada dos o tres meses”.

Lamentó que “realmente es todo muy precario cuando nos prometieron un mundo de cosas que no existen y está bueno que la gente se entere de esto y sepa lo que ocurre porque son cada vez más los que empiezan a comprar lotes en Tierra Alta II y Tierra Alta III y la realidad es que quien nos vendió este loteo nos mintió porque no hay nada de eso”.

Actualmente hay 40 familias ya instaladas viviendo en el loteo, pero el total de terrenos vendidos en el proyecto Tierra Alta I, II y III es superior a los 700. “Es una cantidad importante y la realidad es que hay faltante de la parte hidráulica, luminarias y accesos deja mucho que desear”, dijo el vecino que como ejemplo mencionó: “De la luminaria de la calle, encontramos focos que se han caído y son focos de 80 watt que alcanzan para la cocina de una casa”.

En relación con las respuestas brindadas desde la desarrolladora, comentó que “hace más de dos años, un conjunto de vecinos conformamos una comisión vecinal para poder afrontar distintos inconvenientes que ha tenido el loteo desde el principio. A través de fuerza, reclamos, y de empuje logramos avanzar un poco en cuanto a la luminaria, porque esto antes era muchísimo peor ya que no había luminaria directamente. Gracias a esos empujes fuimos consiguiendo que las cosas se cumplan, hasta que nos hemos visto desbordados y después de varias reuniones con Lucas Gareis, Pablo Gareis y Nicolás Lorenzón, la realidad es que no nos encontramos con respuestas”.

Vale mencionar que fue infructuoso el intento de Cuestión de Fondo por contactar con el responsable de la desarrolladora, pese a la gran cantidad de llamados y mensajes enviados.

Las Torres Procrear de Paraná: ¿Beneficiados VIP?

Otro de los proyectos de viviendas que tuvo múltiples problemas entre la construcción y su entrega es el proyecto urbanístico del sistema Procrear, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Forma parte de la línea de Desarrollos Urbanísticos de Procrear II.

La obra se licitó en 2013 y se adjudicó en 2014 a la UTE formada por Caballi S.A, Szczech S.A y Pecan S.A. Contemplaba inicialmente 600 viviendas con 61.000 metros cuadrados cubiertos, pero entre 2017 y 2018 el fideicomiso rescindió parte del contrato en un sector del predio donde estaba emplazada una antena de ARSAT, y finalmente se terminó construyendo 426 viviendas, con departamentos de 3, 2 y 1 dormitorio y monoambientes, distribuidos en 23 torres, con aproximadamente unos 41.000 metros cuadrados de construcción en un predio de 25 hectáreas.

Una vez que terminó la construcción de los departamentos, se entregó la obra al sistema de fideicomiso Procrear y es el Banco Hipotecario quien se encargó del llamado a inscripción. La misma se efectuó en la página web de Procrear en 2021.

Los requisitos

A diferencia de los planes habitacionales de la provincia, en este caso se trata de un programa de acceso al crédito hipotecario, mediado por banco. Los plazos de devolución son hasta 30 años, con cuota calculadas con interés Hog.Ar, que es una fórmula en que se aplica según ajuste por variación salarial. Y surgirá de sorteos públicos por Lotería Nacional.

Podían inscribirse quienes tienen domicilio actual en el Departamento Paraná. Entre los requisitos figuraban no haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos 10 años; no tener –tanto el titular como el cotitular- bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como copropietarios al momento de iniciar el proceso de inscripción.

Asimismo debían demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente, entre dos y ocho salarios Mínimo, Vital y Móvil. Supone, con un haber mínimo desde el 1º de septiembre, de 29.160 pesos, que los interesados deberán certificar ingresos familiares por montos entre 58.320 pesos y hasta 233.280 pesos. Aunque se aclara, los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada.

Entre otras condiciones, se planteó tener un mínimo de 12 meses de continuidad laboral registrada. Y no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina o por orden judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Entrega fallida

Tras el sorteo de los beneficiarios que se efectuó en octubre de 2021, la entrega de los departamentos se fue dilatando a la espera de culminar las obras de infraestructura pública, como la planta de líquidos cloacales que encaró la Municipalidad de Paraná.

Finalmente, la entrega estaba para este martes 19 de abril pero los adjudicatarios sufrieron una serie de dilaciones: recibieron por lo menos dos correos electrónicos avisando de un cambio en el horario del acto previsto hasta que finalmente un tercer mail suspendió definitivamente la entrega.

Esto generó profunda desazón e inconvenientes en los adjudicatarios ya que muchos de ellos ya habían dispuesto la rescisión de los contratos de alquiler que mantenían hasta el momento.

Según supo Cuestión de Fondo, la suspensión de la entrega se debió a problemas de agenda de Presidencia de la Nación dado que el propio Presidente Alberto Fernández tenía intenciones de participar del mismo.

¿Beneficiarios con ayuda?

Si bien el sistema de adjudicación de los departamentos dependió del Banco Hipotecario y se efectuó mediante un sorteo que transmitió la TV Pública, no deja de sorprender que en la lista de beneficiados, aparezcan tantas personas ligadas a la política local, vinculadas a funcionarios públicos o con cargos públicos. Algunos de ellos, resultaron sorteados pero quedaron como suplentes.

 

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