Reforma laboral: persisten las diferencias entre empresarios y la CGT

El último encuentro del Consejo de Mayo volvió a mostrar que la reforma laboral todavía no logra reunir consensos entre empresarios, sindicalistas y representantes del Gobierno. La UIA insiste en que cualquier cambio debe acompañarse de mejoras económicas estructurales, mientras que la CGT rechaza modificaciones a la ultraactividad y al sistema de aportes sindicales. En este escenario, el Ejecutivo busca intervenir para acercar posiciones, pero las diferencias siguen trabando un acuerdo.

El último encuentro del Consejo de Mayo, el organismo que reúne a representantes del Gobierno, el Congreso, el sector empresarial y el sindicalismo, dejó en evidencia que la reforma laboral continúa lejos de un consenso. Pese a las expectativas de cerrar la discusión, la reunión volvió a mostrar fuertes diferencias entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), lo que complica los planes del Ejecutivo para avanzar con el proyecto.

Al finalizar el encuentro en Casa Rosada, fue el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien expresó con claridad el clima general: “No hay consenso porque no se conoce el decreto ni los detalles de la propuesta”, señaló, dejando en evidencia el malestar sindical por la falta de definiciones del Gobierno.

Preocupación industrial y reservas gremiales

En el sector empresario, la UIA considera que la baja de la litigiosidad laboral es uno de los pilares indispensables para alcanzar un acuerdo. Aunque no se difundieron cifras concretas, los industriales aseguran que los reclamos judiciales “siguen siendo muy altos”, incluso cuando los índices de siniestralidad disminuyeron.

A esto se suma un planteo más amplio: para que una reforma laboral funcione, sostienen, deben existir condiciones macroeconómicas previsibles. Entre ellas mencionan la reducción de la inflación, la normalización de la deuda comercial, el cierre de la brecha cambiaria, la baja del riesgo país y una recuperación del crédito al sector privado, hoy equivalente apenas al 12% del PBI, muy por debajo de países de la región.

Otro punto de tensión es la posibilidad de implementar convenios colectivos por empresa en lugar de por actividad, una propuesta que no genera consenso ni siquiera dentro de la propia UIA. Mientras tanto, otras iniciativas como el banco de horas, los cambios en el sistema de indemnizaciones, beneficios impositivos y la opción de elegir la moneda de pago salarial siguen en discusión.

La CGT, firme en la ultraactividad y los aportes sindicales

Del lado gremial, uno de los principales focos de conflicto es la ultraactividad de los convenios colectivos, un mecanismo clave para los sindicatos que garantiza la vigencia de los acuerdos incluso después de su vencimiento. Cualquier modificación en ese punto es considerada una línea roja.

También genera preocupación la intención del Gobierno de avanzar sobre los aportes sindicales y las obras sociales. El antecedente inmediato es el DNU 70/2023, que buscó modificar el régimen de retenciones, pero cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Justicia a comienzos de 2024.

Qué rol podría jugar el Gobierno

En el sector privado consideran que antes de negociar con los empresarios, la CGT buscará acordar con el Gobierno los cambios más sensibles de la reforma. El diálogo entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la conducción sindical es visto como un paso necesario para ordenar la discusión dentro del Consejo de Mayo.

Mientras tanto, la industria atraviesa un escenario de estancamiento. Según el último informe de la UIA, la actividad de octubre apenas mostró un leve incremento respecto de septiembre, pero sigue cayendo cerca de un 2% interanual. La cámara metalúrgica ADIMRA continúa recorriendo provincias para relevar la situación del sector y elevar un diagnóstico actualizado en la previa de la tradicional cena industrial del 13 de diciembre en Tigre.

Con posiciones todavía distantes y sin un texto unificado, la reforma laboral permanece en un terreno incierto. El Gobierno busca acelerar los tiempos, pero empresarios y sindicalistas coinciden en que todavía quedan varios puntos críticos por resolver.