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Se paga caro la falta de controles         

El fraude impositivo a la ATER investigado por la Justicia, demuestra la ineficiencia (o la complicidad) de los controles cuando son ejercidos por amigos del poder. La denuncia del mismo gobierno lo delata.

 

ATER

(*) por MARIO ALARCÓN MUÑIZ

 

- “¡Qué  mala suerte! Justo ahora, en plena campaña del Pato, salta esta cuestión del fraude impositivo”, se lamentaba el jueves un funcionario muy comprometido con la precandidatura presidencial del gobernador Urribarri.

-“Podrían habérselo guardado o investigar sin hacer ruido”, apuntó otro.

- “¿No será a propósito?”, terció un fanático de las sospechas. Todo está por verse

No fui testigo de esa conversación. La conozco por un cuarto participante de la rueda y en él confío. Revela el nivel de preocupación en el seno del gobierno, a raíz de la denuncia de supuesto fraude a la administración pública, formulada el viernes 6 ante la Justicia por Marcelo Casareto, titular de la ATER (Administración Tributaria de Entre Ríos).

Un par de días antes Casaretto  había anunciado que “50 empresas, algunas radicadas en Entre Ríos, otras fuera de la provincia, han incurrido en una defraudación al Estado mediante operaciones irregulares de compensación de impuestos”, estimando en 20 millones de pesos el monto de la estafa. Se negó el funcionario a identificar a los supuestos defraudadores, pero adelantó que estos contaron con la colaboración de personal de la repartición.

Durante la semana se pudo saber algo más. La causa quedó a cargo de la jueza de Instrucción Marina Barbagelata. La investigación se inició por parte de la fiscal Laura Catttáneo. Son 65  las empresas comprometidas, entre ellas algunas de renombre. Una jefa de despacho de la ATER y un empleado -ambos con muchos años de antigüedad- fueron separados preventivamente de sus funciones. El monto de la defraudación “puede superar el doble de la cifra calculada por Casareto”, según versiones confiables.

 

UNA COMPLICACIÓN PARA EL GOBIERNO

No se duda que esta situación complica al gobierno. La primera reacción consistió en una orden del gobernador al fiscal de Estado Rodríguez Signes, disponiendo que se constituya  en querellante de la causa.

De manera simultánea se registraba la primera víctima. El tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria, dejó el cargo. La versión inicial consignó que el funcionario había renunciado. Se habló después de su despido. Sea como fuere, el alejamiento es consecuencia del desempeño de Gioria como contador de una de las empresas acusadas. Se mencionó su participación como gestor de un arreglo entre esa firma y el gobierno para esquivar el pago de impuestos.

Por separado, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, decidió avanzar y designó auxiliar de la fiscal Cattáneo a Gervasio Labriola. No escapó a observadores atentos, que Labriola es sobrino del diputado  por cuatro períodos  consecutivos José Angel Allende, presidente de la cámara

EL CAMINO DE LA DEFRAUDACIÓN 

A todo esto ¿cómo se llega al supuesto fraude?

Las empresas sospechadas son o han sido proveedoras del Estado. El Código Fiscal autoriza a compensar deudas tributarias con acreencias, mediante un trámite en el que intervienen en ese orden el tesorero general, el contador general y finalmente el ministro de Economía. El fraude habría consistido en hacer figurar acreencias por montos mayores, mediante el manejo de claves del sistema informático.

En círculos judiciales ha trascendido que Flecha Bus es una de las empresas mencionadas en la denuncia oficial. La presentación también alcanza a El Sembrador SRL, compañía perteneciente al padre y hermanos del titular de YPF, Miguel Galuccio. La financiera Consumax figura en el expediente, entre otras empresas que deberán explicar el asunto.

De todos modos, es prematuro anticipar conclusiones. Lo aconsejable en estos casos es posibilitar desde todos los costados la más amplia y serena investigación de la Justicia.

 

EL CONTROL DE LOS AMIGOS

Mientras tanto, es inevitable señalar la responsabilidad de las autoridades en cuanto a la falta de controles. Esta olla se destapó -según el sitio Página Judicial- por intervención de Francisco Valiero, director de Interior de la ATER, cuya función no parece ser la de  registrar faltas de esta índole. No obstante, el funcionario -hermano del ministro de Economía- olfateó una irregularidad que terminó confirmándose. De ahí en más, todo lo que se sabe. Pero no lo hicieron los organismos de control.

Las maniobras tienen por lo menos dos años y medio de antigüedad. Esto se desprende de la denuncia del director Casareto solicitando que la Justicia investigue desde el 1 de enero de 2012 en adelante. ¿Por qué no antes? Esta pregunta se formuló el procurador García, quien quiere ir mucho más atrás. Puede suceder en esta eventualidad que aumente la cantidad de involucrados además del monto de la defraudación.

Es sensato pretender asimismo que se establezcan las debidas responsabilidades de funcionarios acostumbrados a perseguir hasta el cansancio a pequeños contribuyentes deudores, mientras miran para otro lado cuando se trata de empresas pesadas, como varias de las que parecen estar en juego en esta oportunidad.

Se impone, en consecuencia, perfeccionar los controles. Esto no se logrará con los amigos. El caso muy reciente de la designación del ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, al frente del Tribunal de Cuentas, tirando al canasto la Constitución Provincial (art.217), es una muy clara demostración del desenfado con que el gobierno toma estas exigencias básicas. Un amigo del poder –además hijo de un miembro del Superior Tribunal de Justicia- no es confiable para controlar al mismo poder que integraba hasta hace un mes.

El error (o como quiera llamársele) tiene dos antecedentes. Los nombramientos del ex tesorero Gioria y del contador general Aurelio Miraglio -ambos hace dos años- tampoco tuvieron en cuenta la exigencia constitucional del concurso.

Quizá no tenga relación con el fraude ocurrido, pero hay espacio para ubicarlo entre los resultados de aquella violación.

 

(*) Nota publicada en El Día y en El Entre Ríos. Reproducida textualmente por gentileza de su autor.

 

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