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¿Se prepara el terreno para salvar a la patria contratista?

Una decisión en el seno del Poder Judicial conocida en las últimas horas siembra dudas en el devenir de otra causa que tiene como principales imputados al empresariado entrerriano. Aquel que desde el advenimiento de la democracia se convirtió en el paladín de la obra pública. Lo que se conoce como la patria contratista.

Por FEDERICO MALVASIO de PÁGINA JUDICIAL

El juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó este lunes la suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones Juan Szczech; y el apoderado Carlos Alberto Lescano.

La información, sin precisión y nombres propios, la difundió en la prensa el intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi, que era la otra parte involucrada tras una denuncia de su antecesor, Silvio Moreyra, quien le apuntó por sobreprecios en una obra de 20 cuadras ejecutada en 2014.

Szczech y Lescano fueron acusados por cometer los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. El peculado, por ejemplo, prevé una pena de dos a 10 años.

En noviembre del año pasado, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Angel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.

El Ministerio Público Fiscal se opone a la suspensión del juicio a prueba y al acuerdo homologado que consiste en destinar $800 mil a dos entidades de bien público antes que realizar 72 horas cada uno en talleres de capacitación por cuestiones de salud. Todo pese al consentimiento del fiscal Santiago Alfieri.

Para salvar al empresario de ir a juicio, la Sala Penal encontró argumentos en el caso por el cual se condenó a Juan José Canosa, ex presidente de Sidecreer, quien benefició a empresarios que durante la investigación se certificó que eran parientes y amigos. Es por eso que se configuró el delito de negociaciones incompatibles. Sucede que aquellos proveedores de la empresa crediticia no ocasionaron un daño al patrimonio estatal, porque la contraprestación se hizo. En Santa Elena hubo sobreprecios. Hubo daño al patrimonio.

Para otorgar la probation se requiere el consentimiento fiscal o, bien, la denegatoria fiscal no puede ser caprichosa, según al artículo 76 bis, cuarto párrafo, del Código Penal.

Sentar las bases

Este fallo aparece en un momento que coincide con la etapa previa para elevar a juicio la causa en que está imputada la parte empresaria en el marco de la Cumbre del Mercosur. Allí están bajo la lupa judicial las empresas Caballi SA –que preside  Miguel Marizza–, Szczech & Szczech SA, Luis Losi SA, Cemyc SRL y Oicsa.

Para que aquel evento diplomático pudiera desarrollarse en Paraná, en diciembre de 2014, fueron necesarias una serie de obras de infraestructura que demandaron una inversión que inicialmente se anunció como de 40,7 millones de pesos de entonces, aunque luego se duplicó, de acuerdo con la rendición de cuentas que hizo el Gobierno a la Legislatura. La empresa Caballi SA, de Marizza, ejecutó la mayoría de esas obras, 12 en total, por contratación directa, y el Estado entrerriano acordó pagarle 11.722.585 pesos aquel año.

Esta situación ubica a Marizza en una situación muy particular por la que podría imputársele el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dado que integraba por el sector privado y la Cámara de la Construcción de Entre Ríos la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), órgano que decidía las contrataciones. En resumen: atendía de los dos lados del mostrador.

Esa causa, que se está por elevar a juicio, contará ahora con un antecedente inquietante. El que se conoció este lunes.

Cuadras

En marzo de 2020, el Concejo Deliberante de Larroque aprobó un convenio suscripto entre la empresa constructora Oicsa y la Municipalidad para resolver una discusión económica que se había originado en el marco de una investigación en que se había denunciado al entonces intendente Raúl Riganti de haber incurrido en el pago de sobreprecios por 14 cuadras de asfalto.

Lo genial de esta trama es que en el cuerpo deliberativo al momento de aprobar el acuerdo, funcionarios y empresarios,  reconocieron la existencia de irregularidades en la contratación y que hubo sobreprecios en la obra. Según el acuerdo, que publicó oportunamente Página Judicial, ambas partes coincidieron en que el costo de la obra no era 12.466.760 pesos sino de 7.798.830,80 pesos.

Se acordó que la empresa Oicsa cobrara finalmente casi 8 millones de pesos más intereses, en lugar de los 12 millones que pretendía, a cambio de continuar siendo proveedor del Estado. Ante las críticas, el presidente del Concejo Deliberante, Oscar Viale, dijo: “Hay que seguir trabajando”.

En la provincia de Entre Ríos se está ante un hecho histórico. Se juzga, en el banquillo, a un ex gobernador y actual embajador en Israel, además de familiares y otros ex funcionarios. También se lleva adelante, en paralelo, un proceso contra una funcionaria de la cúpula judicial, como es la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche.

Integrante de los tres poderes del Estado han tenido que sentarse ante un tribunal. Sin embargo, los empresarios, que atan sus negocios al gobierno hace décadas cualquiera sea el partido, han tenido más suerte.

 

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