El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Ministerio de Economía de la Nación respondió dos pedidos de acceso a la información pública que ANALISIS presentó en abril. Las contestaciones, firmadas el 11 de junio, abarcan dos frentes de la relación financiera entre la Casa Rosada y la provincia: por un lado, los subsidios y precios de la energía, el Complejo Salto Grande y las renovables; por el otro las transferencias por coparticipación, la deuda provincial y la obra pública nacional. Leídas en conjunto, las dos notas dibujan el mapa de un vínculo en plena retracción.
La Nación traslada cada vez más el costo de la energía al usuario entrerriano, frenó por completo la obra pública nueva y, cuando la consulta apuntó a las cifras más sensibles, respondió con enlaces a páginas web o derivó la pregunta a otros organismos.
El dato más contundente surge de la planilla de precios mayoristas que elaboró CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico. El llamado precio monómico total, que mide el costo real de abastecer un megavatio hora, se mantuvo relativamente estable en dólares: pasó de 88,7 dólares en 2022 a 74,6 en 2025, con un repunte a 83,8 en los primeros meses de 2026. Pero lo que paga la demanda regulada, el precio estacional, siguió el camino inverso y trepó de 34,4 a 59,6 dólares por megavatio hora en el mismo lapso, un aumento del 73 por ciento. La consecuencia es directa: mientras en 2022 el usuario entrerriano cubría apenas el 39 por ciento del costo real de su electricidad y el Estado financiaba el resto, en 2025 ya pagaba el 71 por ciento. El subsidio implícito por cada megavatio se redujo a la mitad. La quita de subsidios, esa política que el gobierno nacional enuncia en términos macroeconómicos, tiene aquí su traducción concreta en la boleta de cada hogar y comercio de la provincia.
La transición no fue de un día para el otro, sino un ajuste sostenido. En 2023 el usuario aún cubría menos de la mitad del costo, el 48 por ciento; en 2024 saltó al 62 por ciento y en 2025 al 71, nivel que se sostiene en 2026. El componente que más bajó en ese tiempo fue, paradójicamente, el de la energía pura, que descendió de 77,2 a 58,5 dólares por megavatio hora gracias a precios internacionales más calmos. Es decir que la electricidad no se encareció en su origen; lo que cambió fue quién paga la cuenta. El Estado se corrió y el usuario ocupó su lugar.
Dentro de ese costo, un componente se disparó por encima del resto. El cargo de transporte de energía en alta tensión pasó de 1,1 dólares por megavatio hora en 2022 a 6,4 en lo que va de 2026, casi seis veces más. El componente de potencia, que remunera la capacidad puesta a disposición del sistema, saltó un 69 por ciento solo entre 2025 y 2026. Son los rubros que más empujan hacia arriba la tarifa, aunque la Nación aclara que el grueso del precio sigue explicándose por la energía propiamente dicha. El propio Ministerio remite a los usuarios al Ente Nacional Regulador de la Electricidad para conocer el estado del servicio de transporte en territorio entrerriano y los compromisos de inversión de las concesionarias, materia que dice no ser de su competencia.
Salto Grande: los excedentes que la Nación no llama tarifa
Uno de los puntos de la consulta tocaba la supuesta tarifa diferencial de energía prevista en la Ley 24.954, un tema sensible por su vínculo con ENERSA, la empresa eléctrica provincial. La respuesta oficial fue categórica: no existe tal tarifa diferencial para Entre Ríos ni un mecanismo de compensación a favor de ENERSA o de otros agentes. Lo que la Ley 24.954 ratificó, explicó el Ministerio, fue el esquema de reparto de los excedentes del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que asigna a Entre Ríos el 67,5 por ciento, a Corrientes el 27,5 y a Misiones el 5 por ciento, canalizados a través de un Fondo Especial y no de un cuadro tarifario.
Sobre ese fondo, la Nación sí aportó números. Los importes registrados para Entre Ríos fueron de 495 millones de pesos en 2022, 1.466 millones en 2023, 7.376 millones en 2024, 4.163 millones en 2025 y 3.327 millones hasta el 29 de abril de 2026, lo que suma un total informado de 16.829 millones de pesos. Conviene leer esa serie con cautela: las planillas cambian de criterio a mitad de camino, ya que hasta 2024 hablan de excedentes pagados y desde 2025 de transferencias registradas, de modo que la aparente caída del último año puede responder a un cambio de concepto antes que a una merma real. El Ministerio remarcó, además, que no se registran deudas ni saldos pendientes bajo el rótulo de tarifa diferencial, y sugirió consultar a CAMMESA por el estado de las acreencias eléctricas entre la Nación, ENERSA y el gobierno provincial. La aclaración deja abierta una vía para seguir el rastro de esa relación financiera por otro carril.
El circuito por el que viaja ese dinero tiene su propia historia normativa. El monto de los excedentes se calcula, según el Decreto 252 de 1998, a partir del precio de venta de la energía de fuente argentina que genera Salto Grande, una vez descontados los costos que la Nación debe afrontar para operar y mantener la represa. Esos fondos se depositan en una cuenta especial a nombre de CAMMESA y, desde la Ley 27.701, se transfieren de manera mensual y automática a las cuentas provinciales, siempre que la provincia presente su plan de obras, su plan de inversión en desarrollo regional y las rendiciones trimestrales y anuales aprobadas. En otras palabras, no es un cheque libre: cada giro depende de que Entre Ríos justifique en qué se aplica. Ese condicionamiento, poco difundido, es una de las claves para entender cómo se ejecutan en la provincia los recursos de Salto Grande.
En materia de energías limpias, el balance entrerriano es magro. En la licitación RenMDI de 2023 resultó adjudicado un solo proyecto en la provincia: la central térmica de biomasa C.T. GUSA, de la empresa Generación Ubajay, con 10 megavatios de potencia y un precio de 145,50 dólares por megavatio hora, prevista para conectarse en San Salvador. Su habilitación comercial está proyectada recién para octubre de 2027 y, al día de la respuesta, la central aún no opera. El otro antecedente relevante, el parque solar 360 Energy de Colonia Elía, había obtenido en 2023 una prioridad de despacho para 175 megavatios, pero esa prioridad fue dejada sin efecto en febrero de 2026. En los hechos, la provincia sigue casi sin generación renovable en operación.
La segunda nota deja el dato más político de todos. Consultado por las obras públicas nacionales con asiento en Entre Ríos iniciadas o adjudicadas después del 10 de diciembre de 2023, el Ministerio respondió sin rodeos que no se inició ni se adjudicó ninguna obra nueva. En un año y medio de gestión, la inversión pública nacional directa en la provincia fue nula. Lo único que se reactivó fueron dos obras preexistentes financiadas por convenios de asistencia, ambas del programa Reconstruir y ejecutadas por los municipios: la terminación de 56 viviendas en Federal, con un avance físico del 96,8 por ciento, y la de 100 viviendas en Gualeguay, prácticamente concluida con un 99,1 por ciento. Ni una obra vial, hídrica o de infraestructura mayor de origen nacional figura en marcha.
El resto del panorama de vivienda y obra es de repliegue. El Ministerio informó que numerosos programas de asistencia financiera fueron cerrados por resoluciones de 2024, con obras rescindidas o en proceso de rescisión, y que planes como Casa Propia, Casa Activa, Procrear y el Plan Nacional de Suelo Urbano están en análisis, rescisión o traspaso a las provincias. Las obras que la Nación pretende ceder a Entre Ríos aguardan la firma de convenios específicos que todavía se gestionan.
Lo que no se respondió
Buena parte de las preguntas más relevantes no obtuvo cifras, sino direcciones de internet. Para conocer las transferencias por coparticipación y los recursos de origen nacional girados a la provincia, el Ministerio remitió a un sitio web oficial. Lo mismo ocurrió con las transferencias no automáticas, derivadas al portal de Presupuesto Abierto. Sobre la deuda de la provincia con la Nación, respondió que no es el organismo que la registra y que debe consultarse a la propia provincia. El estado de los compromisos del Pacto de Mayo fue derivado a la Jefatura de Gabinete; los Aportes del Tesoro Nacional, al Ministerio del Interior; y el Fondo de Incentivo Docente, a la Secretaría de Educación. Del Fondo Federal Solidario, el viejo fondo sojero, aclaró lo previsible: fue derogado en 2018 y no hubo giros en el período. Sobre las sanciones a estaciones de servicio entrerrianas por calidad de combustibles, el organismo describió en detalle el marco legal y el procedimiento, pero no informó un solo caso concreto.
Ese último punto merece un subrayado. La consulta buscaba saber cuántas estaciones de servicio de la provincia fueron sancionadas entre 2022 y 2026 por vender combustible fuera de especificación, un dato de interés directo para el consumidor. La respuesta enumeró las leyes aplicables, describió las inspecciones programadas y aleatorias, la toma de muestras en laboratorios homologados y las garantías del debido proceso, pero esquivó lo esencial: el listado y la cantidad de sanciones efectivas. Algo equivalente ocurrió con los convenios energéticos vigentes, donde el único acuerdo institucional informado fue la adhesión de Entre Ríos al Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, firmado en noviembre de 2023 y actualizado por una adenda en abril de 2026, un instrumento de cooperación sin montos ni obligaciones económicas. Mucho marco normativo y poca cifra dura: el patrón se repite a lo largo de las dos respuestas.
El conjunto compone un retrato nítido del momento. La Nación retiró progresivamente el subsidio que abarataba la electricidad y lo trasladó a la tarifa provincial, frenó la obra pública nueva hasta dejarla en cero, mantiene el goteo de los excedentes de Salto Grande como principal flujo de fondos hacia la provincia y, frente a las consultas sobre coparticipación, deuda y compromisos federales, optó por la remisión a la web antes que por la rendición de cuentas puntual. Las planillas de subsidios por categoría que el Ministerio dice haber adjuntado deberán analizarse aparte, una vez extraídos los archivos embebidos, para medir cuántos usuarios entrerrianos perdieron el beneficio. Esa será, seguramente, la próxima parada de esta investigación.
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