El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Desarrollo Humano denuncia "la falta de respuestas de la ministra Verónica Berisso, la creciente pérdida de poder adquisitivo, el vaciamiento de las políticas públicas, el despido de trabajadoras precarizadas y el avance de reformas que amenazan derechos laborales".
En el texto acercado a EL MIÉRCOLES argumentan las razones de la medida.
Profundizan medidas ante el congelamiento salarial y un nuevo embate contra sus ingresos
La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de
Entre Ríos -que se conformó en junio de 2025 en un contexto atravesado por recortes, ajustes y una
sostenida subejecución presupuestaria-, finaliza otra semana de acciones en el edificio central del
organismo, con el respaldo de la la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Ante la falta de diálogo
institucional y la ausencia de soluciones concretas ante otro inminente recorte de ingresos, se
resolvió avanzar de manera incremental con medidas de fuerza, en pos de aumentar la visibilidad del
conflicto y exigir respuestas urgentes.
Las y los trabajadores del Ministerio llevan más de ocho meses con los salarios congelados (con
básicos que no llegan a los $200.000), a lo que se suman recortes en distintos componentes que
integran el ingreso mensual que perciben, configurando un cuadro de retroceso que afecta a quienes
sostienen cotidianamente el funcionamiento técnico, administrativo y territorial del organismo.
En un marcado contraste con esta situación, denuncian que la austeridad que pregona el gobierno no es
general, sino selectiva: se congela y recorta sobre quienes sostienen las políticas públicas, mientras
se mantienen privilegios para la planta política, como los adicionales destinados a cubrir alquileres y
viáticos. Es decir que, mientras un trabajador con un ingreso promedio de $1.000.000 debe destinar
casi la mitad a vivienda, los funcionarios no restan alquiler, traslado y comunicación a sus $3.000.000
mensuales.
Otro tema inquietante para el colectivo de trabajadoras y trabajadores es la subejecución presupuestaria de Programas que, por más de una década, han estado al servicio del desarrollo social y comunitario en todo el territorio provincial. Como puede verse en las redes oficiales del Ministerio, se difunde como un “logro” la ejecución de montos mucho menores a los asignados para el ejercicio presupuestario 2025 (rondando apenas el 10% en algunos casos), lo que no sólo deja desprotegidas a las comunidades que esperaban el acompañamiento estatal sino también a las y los trabajadores, que han sido construidos desde el discurso oficial como enemigos de la eficiencia y la eficacia en la administración de los recursos públicos.
Frente a ello, la Asamblea ratifica su compromiso para con las poblaciones que históricamente han sido sujeto de derechos de este Ministerio y llama a poner la atención sobre los niveles de ausentismo de los responsables políticos de la gestión.
Finalmente, la Asamblea manifiesta su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, que avanza sobre derechos históricos de las y los trabajadores, precarizando condiciones y debilitando herramientas de organización colectiva.
Asimismo, genera profunda alarma la información que circula en torno a una posible reforma constitucional en la provincia que podría poner en riesgo conquistas fundamentales como el 82% móvil. Frente a estos intentos de retroceso, las y los trabajadores reafirman su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos laborales y previsionales.
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